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El Mapa recopila las principales normas anticorrupción de los países para facilitar su profundización y búsqueda

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MAPA DE LEGISLACION ANTICORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS

El Mapa de Legislación Anticorrupción y Responsabilidad de las Personas Jurídicas tiene por objeto orientar la búsqueda de la normativa aplicable en la materia en cada país. Debe tenerse presente, sin embargo, que las normas anticorrupción se encuentran en constante evolución.

Para utilizarlo sólo debes clickear sobre el ícono del país objeto de consulta.

El Mapa ha sido elaborado consultando múltiples fuentes de acceso público, como son los informes de la ONU, OEA, Transparencia Internacional, portales de legislación de los países, artículos de interés

Mayo de 2022

Dra. Sandra Gómez. Abogada especializada en Compliance y Porcesos de Integridad. Mendoza Argentina.

MAPA DE LEGISLACION ANTICORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS

Mayo de 2022

ARGENTINA El cohecho y la corrupción están tipificados para las personas humanas o físicas en el Código Penal Argentino, Título XI (“Delitos contra la administración pública”). Completan la legislación otras normas tales como la Ley N° 25.188 de Ética Pública, la Ley 25.233, Artículo 13 de creación de la Oficina Anticorrupción, la Ley 25146 de Lavado de dinero, el Decreto Ejecutivo N° 62/2019 sobre el régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio, el Decreto Ejecutivo N° 1179/2016 sobre Obsequios a Funcionarios Públicos, la Resolución 18 E/2017 de la Oficina Anticorrupción, que regula adicionalmente los obsequios y atenciones a funcionarios públicos, la Ley N° 27.504 sobre Financiamiento Político , y “Lineamientos de Integridad para el mejor cumplimiento de los artículos 22 y 23 de la Ley 27401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas” y “Orientación para la Implementación de Programas de Integridad en las Pequeñas y Medianas Empresas” de la Oficina Anticorrupción, la Resolución OA 7/2022 sobre el. Sistema de monitoreo de actividades privadas y públicas anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública, el Decreto 201/2017 de Integridad en juicios contra el Estado, el Decreto 202/2017 de Integridad en contrataciones públicas, el Decreto 41/99 que regula el Código de Ética en la Función Pública en el ámbito nacional, entre otras.. La responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos de cohecho y corrupción está establecida en la Ley 27.401. También son relevantes.

BRASIL La estructura brasileña del delito de cohecho opta por diferenciar las modalidades activa y pasiva del delito. En el caso brasileño, el cohecho pasivo aparece en el artículo 317, dentro de los delitos de funcionarios, y el activo , más adelante (art. 333), en un apartado de delitos de los particulares que ofenden a la Administración. Esa estructura existe desde el año de 1940, cuando comenzó la vigencia del Código Penal en su parte Especial, y desde entonces casi nada se ha modificado. En 2003, una ley específica reformó los dos tipos penales para duplicar la pena mínima establecida para los delitos de cohecho activo y pasivo. Así, se mantienen las redacciones originales de los dos tipos, pero se eleva la pena mínima a dos años. Hay que considerar también, aunque parcialmente, la ley de blanqueo de capitales, de 1998. En los últimos años la normativa brasileña experimentó modificaciones estructurales para alcanzar también el ámbito empresarial, especialmente a través de la novedosa “ley anticorrupción” (Ley Nº 12.846/2013). Desde la perspectiva técnica, la interpretación de esta ley se mezcla con otras normas sobre la misma materia, como la Ley de Improbidad Administrativa, Ley Nº 8.429/92; Ley de Licitaciones Públicas, Ley Nº 8.666/93; Ley de Competencia, Ley Nº 12.529/2011; Ley de Blanqueo de Capitales, Ley Nº 12.683/2012). Brasil en un primer momento admitió la responsabilidad de la persona jurídica, solamente respecto de los delitos ambientales (ley 9.605/1998). En lo que respecta a los delitos de corrupción, durante el año 2013, se sancionó la ley 12.846 la cual establece expresamente en su primer artículo una responsabilidad administrativa, civil y objetiva a las personas jurídicas por delitos de corrupción o por dificultar o interferir en actividades de fiscalización o investigación de órganos, entidades o funcionarios públicos. Como se señala la responsabilidad es objetiva y la ley prevé que en caso de que la persona jurídica demuestre que tiene un programa de cumplimiento efectivo, se autodenuncie ante la autoridad y colabore con las investigaciones pertinentes, se le pueda atenuar la multa que le corresponda. Las conductas tipificadas son comportamientos ilícitos tradicionalmente reconocidos por el sistema jurídico-penal brasileño, tales como: delito de corrupción, delito de fraude al certamen de competencia para obras públicas, etc. La Ley Anticorrupción prevé la aplicación a las personas jurídicas (y a las sociedades de hecho) de las siguientes sanciones de naturaleza administrativa (aplicadas de forma aislada o acumulativamente): I - multa, por valor del 0,1% (un décimo por ciento) al 20% (veinte por ciento) de la facturación bruta del último ejercicio anterior al de la apertura del proceso administrativo, excluidos los tributos, la cual nunca será inferior a la ventaja obtenida, cuando sea posible su estimación; II - publicación extraordinaria de la decisión condenatoria (art. 6°). La aplicación de las sanciones administrativas no excluye, la obligación de la reparación íntegra del daño causado, que podrá ser constatado en un procedimiento administrativo propio, instaurado para tal fin o conjuntamente en el mismo procedimiento en el que se pretende aplicar las medidas represivas típicas del art. 6°. La responsabilidad de la persona física (socios, administradores, empleados y partes asociadas) se determinará en principio de conformidad con el Derecho penal y civil. Si el ilícito fue cometido en participación con un agente público es posible que la responsabilidad sea constatada también según la denominada Ley de Improbidade Administrativa - Ley 8429/1992. El Decreto Federal Nº 8.420/2015, al reglamentar la ley anticorrupción establece dieciséis criterios o procedimientos a adoptar en el ámbito de la autorregulación empresarial. La lista contiene: a) Compromiso de los altos directivos de la persona jurídica; b) protocolos de conducta y código de ética; c) third-party compliance; d) entrenamiento; e) risk assessment periódico; f) Accountability; g) controles internos; h) procedimientos específicos para prevención de infracciones económicas; i) independencia, estructura y autoridad interna del departamento de integridad; j) canales de denuncia; k) medidas disciplinares; l) procedimientos que aseguran la pronta interrupción de las actividades en supuestos de irregularidades o infracciones; m) due diligence en contrataciones; n) due diligence en transacciones comerciales; o) monitoreo; p) transparency en financiación de partidos políticos y donaciones electorales

BOLIVIA Bolivia desde el año 2010 cuenta con la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz que tiene por objeto prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras y ex servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, así como recuperar el patrimonio afectado del Estado, definiendo la norma como corrupción a: “el requerimiento o la aceptado, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado”. Crea nuevos tipos penales como son: 1) Uso indebido de bienes y servicios públicos; 2) Enriquecimiento ilícito; 3) Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado; 4) Favorecimiento al enriquecimiento ilícito; 5. Cohecho activo transnacional; 6) Cohecho pasivo transnacional; 7) Obstrucción de la justicia; y 8) Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. La Ley No. 1390 de agosto de 2021, llamada “Ley de Fortalecimiento Para la Lucha Contra la Corrupción, introduce una serie de modificaciones y complementaciones al Código Penal, cuyo fin es endurecer las medidas contra los actos de corrupción cometidos por servidores públicos, así como poder atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas que sean halladas responsables de la comisión de delitos de corrupción. A partir de la emisión de la referida disposición legal, por primera vez en Bolivia son punibles las personas jurídicas privadas, que ahora se encuentran alcanzadas por los siguientes delitos: Legitimación de Ganancias Ilícitas, Enriquecimiento Ilícito, Cohecho Activo, Contratos Lesivos, Incumplimiento de Contrato y Sociedades o Asociaciones Ficticias o Simuladas. La Ley determina que la persona jurídica será responsable penalmente por los delitos mencionados cuando se reúnan las siguientes condiciones: i) Se dedique o haya sido utilizada para su comisión o haya sido ejecutados en su beneficio o interés; y ii) El delito haya sido cometido por alguno de sus órganos o representantes autorizados para tomar decisiones o cuando los mismos hayan ratificado o tenido dirección o supervisión sobre el sujeto que los llevo a cabo. Se aclara que la responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la persona natural, lo que significa que tal responsabilidad persiste aun cuando no sea posible procesar a la persona natural o establecer la participación de los responsables individuales.

CANADA El soborno internacional se rige por la Ley de Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros (CFPOA) , que se aplica a todos los ciudadanos canadienses, residentes permanentes de Canadá, personas en cualquier lugar cuyos actos u omisiones se hayan cometido en Canadá, así como organizaciones constituidas o constituidas en Canadá. Según la CFPOA, es un delito: dar u ofrecer un préstamo, recompensa, ventaja o beneficio de cualquier tipo a un funcionario público extranjero (no canadiense) o a cualquier persona en beneficio de un funcionario público extranjero como contraprestación por un acto u omisión del funcionario en relación con el desempeño de los deberes/funciones del funcionario; o inducir al funcionario a usar su cargo para influir en cualquier acto o decisión del estado extranjero o de la organización pública internacional para la cual el funcionario desempeña deberes o funciones. El Código Penal regula el soborno y la corrupción domésticos. Según el Código Penal es delito:

  • dar u ofrecer cualquier préstamo, recompensa, ventaja o beneficio de cualquier tipo a funcionarios públicos (o sus familiares) para la cooperación, asistencia, ejercicio de influencia o un acto u omisión en relación con cualquier negocio del gobierno;
  • sobornar a cualquier funcionario municipal, oficial o funcionario judicial; o
  • proporcionar una "comisión secreta" al agente de un mandante, lo que incluye dar u ofrecer una recompensa, ventaja o beneficio como contraprestación por hacer o no hacer algo relacionado con los asuntos o negocios del mandante de un agente, o exigir, aceptar u ofrecer a aceptar tal recompensa, ventaja o beneficio, o estar al tanto deliberadamente de una comisión secreta.
Los delitos relacionados con funcionarios públicos y comisiones secretas están sujetos a multas y/o penas de prisión de hasta cinco años, mientras que los delitos relacionados con funcionarios y funcionarios judiciales pueden estar sujetos a multas y/o penas de prisión de hasta 14 años. La responsabilidad empresarial puede surgir cuando se comete un delito con el conocimiento o la dirección de un "funcionario superior", que se ha sostenido que incluye a las personas responsables de gestionar un aspecto importante de las actividades de una empresa, y no se limita a la alta dirección. Quebec, la única provincia que aborda ampliamente el soborno a nivel provincial a través de su Ley Anticorrupción, establece varios delitos relacionados con la corrupción, abuso de confianza, malversación, colusión, fraude y tráfico de influencias en el sector público y en la administración de justicia; el mal uso de los fondos públicos; y la grave mala gestión de los contratos públicos. El estatuto establece una serie de sanciones asociadas con la obstaculización de las investigaciones y las represalias contra los denunciantes. El artículo 22.2 del Código Penal dispone que la responsabilidad penal se extiende a las personas jurídicas, comprendidos los órganos públicos, por delitos cometidos en su nombre por funcionarios de nivel superior o sus representantes, “si, con la intención al menos parcial de beneficiar a la organización, uno de los altos funcionarios de la organización (a) actuando dentro del ámbito de sus facultades, es parte del delito; (b) encontrándose en el estado mental requerido para ser parte del delito y actuando dentro del ámbito de sus facultades, dirija la labor de otros representantes de la organización de tal manera que cometan un acto u omisión de los especificados en el delito; o (c) sabiendo que un representante de la organización es o está por ser parte del delito, no adopte todas las medidas razonables para impedir que sea parte del delito.” El artículo 2 contiene asimismo definiciones de “funcionarios” y “representantes”. Esto es sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas naturales que cometan el mismo delito. La sanción incluye multas u otras penas pecuniarias. Además de la imposición de una multa, el tribunal también podrá dictar un mandamiento de condena vigilada contra una organización, que puede estar sujeto a condiciones (artículo 732.1).

ALEMANIA La ley alemana es, según los expertos, una de las más avanzadas del mundo en la lucha contra la corrupción. De acuerdo a la Ley Criminal Alemana, no puede recibir un soborno y darlo ningún alemán, ningún extranjero que viva en Alemania, ni un alemán fuera del país. Dentro de la ley existe una mención especial de 'empleados públicos', con el que se refiere no sólo a funcionarios del estado, sino también a cualquier persona que, aunque trabaje para una empresa privada, preste servicio al estado. Puede ser acusado de corrupción cualquiera que ofrezca, dé o reciba un soborno. La ley no considera que se pueda condenar a empresas como 'entes jurídicos', aunque sí a individuos que actúen en representación de estas organizaciones. En casos ejemplarizantes, como Siemens, ha acusado en nombre de la empresa. Las penas por corrupción llegan hasta los 10 años de cárcel, una multa o ambas cosas. Por corrupción en cargo público, se condena a pago de multa y hasta tres años de cárcel, en casos severos, hasta 10. Por corrupción en transacciones comerciales, hasta 5 años de cárcel y por soborno electoral, hasta 5 años. Las multas pueden llegar al millón de euros, más si se considera que los beneficios obtenidos de dicha corrupción han sido mayores. También pueden ser inhabilitados de su profesión. En el caso de las empresas, se les prohíbe acceder a concurso público y se les retienen los beneficios obtenidos de dicha corrupción. No hay un mínimo necesario para poder acusar a alguien de corrupción, aunque se estudia caso por caso. A nivel federal también se han establecido 'listas negras' de empresas acusadas de corrupción. El Acta de Libertad de Información del Gobierno Federal entró en vigor en 2006. Junto a este son 11 estados federales los que cuentan con actas similares (Berlín, Brandeburgo, Bremen, Hamburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Sarre, Sajonia-Anhalt, Schleswig-Holstein y Turingia). En Alemania existen también leyes de protección de denunciantes de casos de corrupción o delito. Dada la naturaleza federal del país germano, la legislación varía enormemente entre los diferentes 'land', al igual que los organismos que hacen frente a la corrupción. Aún así, algunas regiones pueden servir de ejemplo como buenas prácticas en la lucha contra este tipo de crimen. En la región de Baden-Wurttemberg, por ejemplo, existe una complicada y muy especializada red de cortes y cámaras que se especializan en delitos económicos. En Mannheim y Stuttgart, los tribunales tienen cada una de 20 a 25 fiscales que se especializan en luchar contra la corrupción y los crímenes económicos. En Friburgo, hay 4 agentes de crímenes económicos, para una ciudad de 750.000 personas, con lo que los juicios a casos de corrupción siempre son celebrados en la propia ciudad. Alemania no contempla la responsabilidad penal de la persona jurídica pero sí una responsabilidad administrativa con efectos sancionatorios. Si bien el derecho penal alemán no es aplicable a las personas jurídicas, por no poder éstas cometer delitos según la legislación alemana, pueden aplicárseles sanciones penales o administrativas por ofensas criminales o administrativas cometidas por sus funcionarios o empleados. Estas sanciones son independientes de las sanciones aplicables a estos últimos. De acuerdo con el art. 30 del Código Alemán de Infracciones Administrativas, las sociedades son responsables cuando a sus representantes o autoridades se les atribuye algún delito o infracción administrativa, y con motivo de ello, han enriquecido —o intentado hacerlo— la entidad. Las multas pueden llegar hasta los 10 millones de euros, en el caso que el hecho se haya cometido con dolo, aunque según el art. 17, inc. 4º, la multa puede exceder el límite establecido con el fin de superar el beneficio obtenido. Bajo este sistema de responsabilidad objetiva, un reciente fallo del Tribunal Federal de Justicia de Alemania, estableció que “el sistema de gestión del cumplimiento puede conducir a la reducción de una multa” pero no a su exoneración.

ANGOLA El principal marco legal en materia de cohecho y corrupción se rige tanto por el nuevo Código Penal, aprobado por la Ley 38/20, de 11 de noviembre de 2020, como por el Código Procesal Penal, aprobado por la Ley 39/20, de 11 de noviembre de 2020. Los nuevos Códigos son una consecuencia directa de la reforma estructural del sistema judicial angoleño, habiendo reemplazado leyes que estaban obsoletas (de 1886 y 1929, respectivamente). El nuevo Código Penal consolida la legislación penal del país, antes dispersa en varias leyes y reglamentos, en un solo Código, en línea con los principios internacionalmente aceptados. En virtud de dichas leyes, se establecen nuevos delitos y penas de corrupción en el sector privado, al igual que los aplicables a la corrupción en el sector público. También son relevantes otras leyes y reglamentos, como la Ley 3/10, de 29 de marzo de 2010 – Ley de Integridad Pública, la Ley 5/20, de 27 de enero de 2020 – Contra el Blanqueo de Capitales, Contra la Financiación del Terrorismo y Lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva (“LMA”), Ley 19/17, de 25 de agosto de 2017 – Ley de Prevención y Lucha contra el Terrorismo, Decreto Presidencial 2/18, de 11 de enero de 2018 – Estatuto de la Unidad de Información Financiera (“UIF”) y el Comité de Supervisión, Ley 3/96, de 5 de abril de 1996, por la que se crea la Alta Autoridad Contra la Corrupción, Decreto Presidencial 78/18, de 15 de marzo de 2018, por el que se crea la Dirección para la Lucha contra los Delitos de Corrupción (“DNPCC”) , organismo perteneciente a los Servicios de Investigación Criminal (“SIC”) y la Ley 15/18, de 26 de diciembre de 2018 – Ley de Repatriación Obligatoria y Pérdida de Activos Financieros, que también aprueba la creación del Servicio Nacional de Recuperación de Activos (“SENRA”), organismo especial creado para identificar y decomisar los activos financieros obtenidos bajo actividades delictivas. La responsabilidad de las personas jurídicas está regulada en la Ley de Instituciones Financieras; y la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero. La responsabilidad de la persona jurídica coexiste con la responsabilidad individual de los miembros de los órganos pertinentes, los accionistas, los directivos o las personas que actúen de agentes a título reglamentario o voluntario. Se establece la exención de responsabilidad para las personas jurídicas, sin embargo, en caso de que los funcionarios, empleados o agentes que han cometido un delito hayan actuado en contra de las órdenes de la dirección y dichas entidades no hayan obtenido ventajas ni beneficios, se hayan abstenido voluntariamente de aprovechar cualquier ventaja o hayan devuelto por iniciativa propia los beneficios a su origen lícito).

AUSTRALIA Australia ha promulgado legislación contra el soborno y la corrupción tanto a nivel federal como a nivel estatal/territorial. A nivel federal (o del Commonwealth), la principal legislación es la Ley del Código Penal de 1995 (Cth) (Código Penal del Commonwealth), que se relaciona en gran medida con el soborno y la corrupción de funcionarios públicos del Commonwealth y funcionarios públicos extranjeros. La Ley de Activos del Crimen de 2002 (Cth) establece un régimen para rastrear, restringir y confiscar los activos de estos delitos, así como (en ciertos casos), los activos de delitos relevantes según las leyes estatales y extranjeras. Hay delitos secundarios relevantes adicionales contenidos en otra legislación del Commonwealth, incluida la Ley de Sociedades de 2001(Cth) (Ley de Sociedades) en relación con el mal uso de los deberes de los directores, o delitos de libros y registros. El Código Penal australiano prohíbe a una persona o empresa entregar, ofrecer o prometer deshonestamente un beneficio a otra persona (o causar que esto ocurra), con la intención de influir a un funcionario público federal en el ejercicio de sus deberes como funcionario público. Los puntos clave a tener en cuenta con respecto a estas disposiciones son:

  • la definición de soborno o beneficio corruptor es amplia: se extiende a cualquier beneficio o ventaja, incluida la hospitalidad (hospitality), los obsequios, los viajes y el trato preferencial;
  • una “oferta” o “promesa” de proporcionar un beneficio es suficiente; no es necesario proporcionar realmente un beneficio; tampoco es necesario que el soborno influya realmente en el funcionario público: la intención de influir es suficiente;
  • el soborno o beneficio corruptor puede ser ofrecido, prometido o proporcionado a través de un intermediario, no es necesario que se ofrezca directamente;
  • no hay una defensa por “pago de facilitación” (facilitation payment defence); y
  • los funcionarios públicos pertinentes incluyen parlamentarios, funcionarios judiciales, miembros del servicio público, miembros de las fuerzas de defensa, los miembros de la Policía Federal, los funcionarios de las autoridades federales y los funcionarios y empleados de los proveedores de servicios contratados para contratos federales.
Las consecuencias por incumplir estas disposiciones son graves, incluyendo:
  • sanciones significativas:
  • para las empresas: hasta una multa (la más alta) de $21 millones de dólares australianos, tres veces el valor del beneficio obtenido directa o indirectamente, o (si el tribunal no puede determinar el valor del beneficio) el 10% de la facturación anual de la empresa durante los 12 meses anteriores a la ofensa; y
  • para personas: hasta 10 años de prisión y / o una multa de $ 2,1 millones de dólares australianos;
  • potencialmente, una acción en el marco de la legislación de las Ganancias del Crimen (Proceeds of Crime legislation), por ejemplo pagar una multa equivalente al valor de los beneficios derivados de la comisión de la ofensa; y
  • daño reputacional, así como el costo y la tensión de estar sujeto a una investigación penal y enjuiciamiento.
Las empresas pueden ser declaradas responsables de soborno cuando, por ejemplo, un alto directivo de la empresa participó en la conducta relevante, o autorizó o permitió la comisión del delito de forma tácita o implícita, aunque en este escenario existe una defensa de debida diligencia. Una empresa también puede ser considerada responsable cuando no pudo crear y mantener una cultura corporativa que exigía el cumplimiento con las disposiciones pertinentes. Del mismo modo, la legislación en los estados y territorios australianos prohíbe la conducta que busca influir en un funcionario del estado o territorio para hacer un mal uso de su posición. Cada uno de los estados y territorios de Australia ha promulgado legislación que cubre el soborno doméstico y la corrupción en los sectores público y privado. Esta legislación no es uniforme. El Código Penal de Australia también prohíbe que una persona o empresa proporcione u ofrezca un beneficio que no le corresponde legítimamente a la persona receptora con la intención de influir en un funcionario público extranjero a fines de obtener o conservar un negocio o una ventaja comercial que no es legítimamente debida. La ofensa se aplica a la conducta que ocurre totalmente o parcialmente en Australia (que puede incluir llamar o enviar correspondencia a o desde Australia), y a la conducta que ocurrió totalmente fuera de Australia si fue cometida por un ciudadano o residente australiano o una empresa australiana. Los mismos puntos clave mencionados anteriormente para el delito involucrando al funcionario público australiano también aplican al delito de soborno de funcionario público extranjero, excepto que:
  • existe una defensa por “pago de facilitación”; y
  • la definición de funcionario público extranjero incluye empleados, contratistas o funcionarios de un departamento o agencia de gobierno extranjero, miembros de una fuerza militar o policial extranjera o miembros del poder ejecutivo, judicial o legislativo.
El Código Penal de Australia también incluye delitos que penalizan las transacciones intencional o imprudentemente falsas por medio de documentos contables con el propósito de ocultar el otorgamiento o la recepción de beneficios que no son legítimamente debidos. El sistema legal australiano comenzó a reformularse concretamente a partir del año 1990, y es en este marco contextual, que se da la creación de un estatuto específico de regulación de responsabilidad penal para las personas jurídicas, manifestándose en la Sección 12 del Criminal Code Act, que establece: “(1) Este Código de aplica a los cuerpos corporativos de la misma manera que se aplica a personas naturales. Así se aplica con las modificaciones que en esta parte de indican como necesarias por el hecho que la responsabilidad será impuesta en personas jurídicas y no individuos. (2) Un cuerpo corporativo puede ser declarado culpable por cualquier crimen, incluyendo uno sancionado con privación de libertad.” La Sección 4B del Acta de Crímenes 1914 habilita la opción de imponer una multa a aquellas ofensas que sólo tienen como sanción la privación de libertad.

AUSTRIA El soborno de funcionarios públicos está regulado por la ley, específicamente en la Sección 304 a la Sección 308 del Código de Derecho Penal de Austria. En Austria, la Oficina Federal Anticorrupción ( Bundesamt zur Korruptionspraevention und Korruptionsbekaempfung o BAK) creó la Red de Integridad austríaca ( Integritaetsbeauftragten-Netzwerk ) con el objeto de fortalecer la integridad anclándola reforzada como un elemento esencial en el sector público. A tal fin, la BAK capacita a funcionarios públicos para que devengan en expertos en integridad y prevención de la corrupción dentro del marco de la Red de Integridad. El Código de Responsabilidad Organizacional de Austria es el estatuto básico que regula la responsabilidad penal de las empresas. De conformidad con sus disposiciones, los entes con personalidad jurídica pueden ser directamente considerados como sujetos penalmente responsables por los ilícitos de determinadas personas físicas. Sin embargo, no se trata de una responsabilidad penal independiente, ni autónoma, sino vinculada a la de la persona física. Sólo en supuestos excepcionales (por ejemplo, en el caso de la muerte de la persona en cuestión), la organización se puede convertir en sujeto responsable penalmente de forma autónoma e independiente. El AORC es aplicable a toda clase de delitos, incluidos los contemplados en las leyes penales especiales. En general, las personas jurídicas pueden ser sancionadas por cualquiera de los delitos contemplados en el ámbito del Código Penal, siempre y cuando dichos ilícitos hayan sido cometidos por parte de una persona física en beneficio de la persona jurídica, o se haya producido un fallo organizativo favorecedor de la comisión del mismo. Especialmente destacable resulta, en este sentido, alguna de las circunstancias que permiten la atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como la previsión de medidas que traten de evitar la comisión de tales delitos y el fomento de conductas lícitas entre el colectivo de trabajadores/as. Desde el punto de vista gramatical, el legislador austríaco evita el uso del término culpabilidad, asociando la sanción de las mismas a la idea de responsabilidad y sustituyendo el término castigo por el de multa, que es la única sanción aplicable a las mismas.

AZERBAIYÁN Luego de un período de construcción del estado después de 1993, la adopción de la nueva Constitución y con el creciente poder económico de Azerbaiyán, el presidente Heydar Aliyev identificó cuatro áreas clave de reforma: (i) reorganización de las instituciones estatales; (ii) adopción de normas claras y transparentes para la contratación del servicio civil; (iii) la creación de diversas instituciones preventivas y judiciales anticorrupción; y (iv) establecimiento de una política anticorrupción. Con ello se dio origen al decreto sobre “Fortalecimiento de la lucha contra la corrupción en la República de Azerbaiyán” el 8 de agosto de 2000, cuya razón principal fue atraer inversión extranjera. Asignó tareas a las autoridades competentes para preparar el proyecto de ley y el Programa Estatal de Lucha contra la Corrupción. La principal ley anticorrupción, la Ley de 2004 de Lucha contra la Corrupción , que define las direcciones de la lucha contra la corrupción, fue adoptada el 13 de enero de 2004. Esta ley, que consta de los siguientes cuatro capítulos, define los principios fundamentales y el marco para lucha contra la corrupción: (i) disposiciones generales; (ii) prevención de la corrupción; (iii) tipificación como delito de la corrupción; y (iv) retiro del producto de los delitos de corrupción. Esta ley explicó la noción de corrupción; introdujo una lista de delitos de corrupción (que estipula que estos delitos darán lugar a responsabilidad civil, administrativa y penal); agencias especializadas anticorrupción (ACA) identificadas; y reglamentó las reglas generales sobre declaraciones patrimoniales, la regla de restricciones a las donaciones y la prohibición de trabajar juntos para los familiares. En 2006, se agregó un nuevo capítulo sobre delitos de corrupción al Código Penal de Azerbaiyán. Dentro de las estrategias nacionales anticorrupción de Azerbaiyán, la legislación nacional se armonizó con los requisitos de las convenciones internacionales sobre la lucha contra la corrupción. Además, se enmendaron el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para tipificar como delito el soborno activo/pasivo, el tráfico de influencias, el abuso de poder y otros delitos relacionados con la corrupción. Estos delitos de corrupción se incluyeron todos en la categoría de delitos graves. Asimismo, se adoptó la nueva Ley de 2014 sobre Prevención de la Legalización de Fondos Obtenidos de Forma Delictiva u Otros Bienes y el Financiamiento del Terrorismo y se realizaron las respectivas modificaciones al Código Penal para tipificar como delito el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El 5 de diciembre de 2005 se adoptó una de las Leyes legislativas preventivas clave, la Ley de Acceso a la Información de 2005. Esta ley especificó el alcance de la información que deben divulgar los organismos estatales e indicó los métodos que se utilizarán para divulgar información y los tipos de información a revelar. Además, requería que los organismos estatales designaran estructuras responsables o funcionarios públicos para brindar información sobre el trabajo de los organismos estatales. Se enmendaron más de 30 leyes para satisfacer la implementación de esta ley. Se estableció y puso a disposición del público la base de datos electrónica de la legislación nacional de Azerbaiyán. La legislación penal existente aborda el delito de cohecho activo y pasivo de funcionarios públicos nacionales/extranjeros, así como de personas que desempeñen funciones organizativas-administrativas o administrativo-económicas en organizaciones comerciales y no comerciales, la malversación, apropiación indebida u otra desviación de bienes por parte de un funcionario público, malversación de bienes en el sector privado, fraude, apropiación indebida y malversación de propiedad. Tanto el tráfico activo/pasivo de influencias como el abuso de poder fueron penalizados en el Código Penal de Azerbaiyán. Además, el Código Penal de Azerbaiyán tipifica como delito el blanqueo del producto del delito y su ocultación. El enriquecimiento ilícito no está tipificado como delito en la legislación nacional de Azerbaiyán. El Código Penal prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas con sanciones como la confiscación, privación del derecho a realizar determinadas actividades o liquidación de una entidad jurídica. Aunque la legislación interna nacional de Azerbaiyán sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas está avanzada, no es funcional ya que no se han adoptado procedimientos específicos en el Código de Procedimiento Penal. Azerbaiyán es miembro del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y de la Red Anticorrupción de la OCDE.

BELGICA La Ley del 10 de febrero de 1999 sobre el castigo de la corrupción ha introducido las normas relativas a la lucha contra el soborno y la corrupción en el Código Penal belga. La malversación, la extorsión y el conflicto de intereses por parte de personas que ejercen un cargo público están sancionados por los artículos 240 a 245 del Código Penal. El cohecho de personas que ejercen un cargo público está tipificado como delito en los artículos 246 a 253 del Código Penal (cohecho público) y el cohecho de personas no públicas está sancionado por los artículos 504bis-504ter del Código Penal (cohecho privado). Las empresas responden penalmente por delitos desde 1999, conforme a la Ley sobre la Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, que permite que las personas jurídicas sean procesadas, con algunas excepciones limitadas. Bajo la Ley belga, las entidades corporativas pueden ser investigadas criminalmente o procesadas en los campos de derecho ambiental, regulación, delitos de tránsito, protección del consumidor, fraude fiscal, manipulación del mercado y lavado de dinero. Salvo los delitos de responsabilidad penal objetiva, una entidad corporativa puede eximirse de responsabilidad penal probando que no tenía intención criminal, que ejerció debidamente una adecuada diligencia en la contratación o supervisión de la persona que cometió el delito y que el delito no fue consecuencia de controles y sistemas internos defectuosos.

CHILE La persecución de los delitos de corrupción se enmarca principalmente en el Código Penal. Sin embargo, existen otros cuerpos legales que contemplan delitos funcionarios entre sus artículos, que permiten complementar y ampliar su combate. Son leyes vinculadas, por ejemplo: DL N°3.538, De la Superintendencia de Valores y Seguros. Artículo 23, DL N° 645, Registro General de Condenas. Artículo 6, Ley 18.045, de Mercado de Valores. Artículos 60 y 166, Ley 19.974, Sistema de Inteligencia del Estado. Artículos 38, 43, 45.47, DFL N°3, 1997, Texto refundido Ley General de Bancos. Artículos 6 y 7, Ley 17.374, Instituto Nacional de Estadísticas. Artículo 29, DL N°2.186, Procedimiento de Expropiaciones. Artículo 3, DFL N°1 de 2000, texto refundido Ley N°4.808 sobre el Registro Civil. Artículo 22, Ley 19.620, Adopción de Menores. Artículo 39, 42, 43 y 44, Ley 20.000, Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Artículos 13, 14 y 19, DL N°2.460, Policía de Investigaciones de Chile. Artículos 19 y 22, Ley 18.556, Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. Artículos 54 y 55, Ley 18.700, Votaciones Populares y Escrutinios. Artículos 117, 129 y 130, Ley 19.970, Sistema Nacional de Registros de ADN. Artículos 19 y 20. En el Código Penal se regulan los siguientes delitos: Soborno: Delito que comete un particular que le ofrece o consiente dar a un empleado público un beneficio económico indebido para que éste ejecute un acto de su cargo, lo omita, infrinja sus deberes, ejerza influencia o cometa un delito funcionario (artículo 250 del Código Penal). Cohecho: Delito que comete un empleado público que solicita o acepta recibir un beneficio económico indebido (conocido coloquialmente como “coima” o “soborno”) para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo, por omitirlo, por infringir sus deberes, por ejercer influencia o cometer un delito funcionario (artículos 248, 248 bis, 249 del Código Penal). Malversación: Inversión ilícita, esto es, el uso indebido, a través de actos de apropiación o alteración de bienes públicos o equiparados a ellos (José Luis Guzmán Dalbora, Estudios y defensas penales, 2009, pág. 332). En Chile existen cinco figuras denominadas por la ley como malversación: a) Peculado doloso: Delito cometido por un empleado público que sustrae o conciente en que otro sustraiga los caudales o efectos públicos o de particulares que tiene a su cargo (artículo 233 del Código Penal). b) Peculado culposo: Delito cometido por un empleado público que, por abandono o negligencia inexcusable, da ocasión para que otra persona sustraiga los caudales o efectos públicos o de particulares a su cargo (artículo 234 del Código Penal). c) Distracción o desfalco: Delito cometido por un empleado público que aplica a usos propios ajenos los caudales o efectos a su cargo (artículo 235 del Código Penal). d) Aplicación pública diferente: Delito cometido por un empleado público que arbitrariamente da a los caudales o efectos que administra una aplicación pública diferente de aquella a que están destinados (artículo 236 del Código Penal). e) Negativa al pago o entrega: Delito que comete un empleado público que rehúsa hacer sin causa bastante un pago que debe efectuar o que se niega a entregar una cosa que custodia o administración que ha sido solicitada por autoridad competente (artículo 237 del Código Penal). Fraude al Fisco: Delito que comete un empleado público que defrauda o consiente en que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, en operaciones en que interviene por razón de su cargo (artículo 239 del Código Penal). Violación de secretos: Delitos que comete un empleado público que revela los secretos que conoce por razón de su cargo, ya sea si éstos son públicos o de particulares, o que hace uso de información reservada obteniendo un beneficio económico (artículos 246, 247 y 247 bis del Código Penal) Prevaricación: Existen tres formas principales de prevaricación en Chile:

  • a) Prevaricación judicial: En términos generales, puede agruparse bajo esta denominación un conjunto de delitos que comete un juez que falten sus deberes (artículos 223, 224 y 225 del Código Penal).
  • b) Prevaricación administrativa: Delito que cometen un empleado público no judicial que dicte providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso administrativo o meramente administrativo (artículo 228 del Código Penal).
  • c) Prevaricación del abogado: Delitos que cometen los abogados y en ocasiones el procurador que perjudica a su cliente, revela sus secretos o patrocina a la parte contraria (artículos 231y 232 del Código Penal).
En Latinoamérica, Chile fue el primer país en legislar la responsabilidad de la persona jurídica, a través de la ley 20.393 a fines del 2009, con motivo de su proceso de ingreso como miembro pleno de la OCDE. El principio bajo el cual rige dicha ley, es la atribución subjetiva de responsabilidad penal de la persona jurídica por inexistencia o deficiencia en los programas de integridad para prevenir la comisión de delitos. En la terminología penal española, responsabilidad por defecto de organización. Se aplica no solo a los delitos de corrupción, sino también a los delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y soborno o cohecho activo tanto de empleados públicos nacionales como de funcionarios públicos extranjeros. En julio del 2016, la ley 20.931, incorporó además el delito de receptación (tipificado en el art. 456 bis A del Código Penal chileno). La ley prevé que la persona jurídica pueda ser exonerada de responsabilidad u obtener una atenuación si llegara a demostrar que cuenta con un programa de prevención. También incorpora la posibilidad de obtener una certificación que acredite la adopción e implementación de un modelo de prevención, con vigencia por dos años, emitido por empresas auditoras externas.

CHINA En el ámbito del Derecho penal chino, la doctrina habla sobre corrupción en dos sentidos: desde el punto de vista criminológico, la corrupción se considera como un fenómeno, cuya cuestión clave consiste en averiguar sus causas y en proponer contramedidas y estrategias para su corrección. Desde el punto de vista del Derecho penal, el foco principal se centra en la correcta aplicación de las previsiones legales sobre malversación y cohecho (art. 382 y ss y 385 y ss). Desde luego el Derecho penal contra la corrupción siempre está en el centro del sistema anti-corrupción, pero no deben despreciarse otras reglamentaciones del tema que existen junto a dicho Derecho. El Código penal de 1979 es el primer Código penal de la República Popular China, y contiene diversas definiciones de malversación, cohecho, extorsión, fraude y hurto. El delito de malversación se define como la conducta de cualquier funcionario público que se aprovecha de su posición para confiscar, hurtar, estafar o para adquirir una propiedad perteneciente al Estado o al pueblo de forma colectiva, utilizando cualquier otro medio ilegal. Conforme a esto, sólo este tipo de propiedad pública puede ser malversada; los bienes de titularidad privada no podrían serlo. Tanto este delito como el cohecho se sancionan con la pena de muerte. Sin embargo, los criterios empleados para imponer esta pena se fueron modificando. El legislador chino reformó el Código y creó un nuevo tipo de delito llamado “Apropiación abusiva”. Conforme a ello, no habría malversación sino este delito de “Apropiación abusiva”, cuando hubiese pruebas que mostrasen que el acusado había querido realmente devolver el dinero. En 1997 se promulgó un nuevo CPC. En él los delitos de malversación y cohecho, junto con el de apropiación abusiva, se ubicaron en el capítulo Octavo: Delitos de Malversación y Cohecho. Junto a las claras definiciones del delito de malversación (art. 382), apropiación abusiva (art. 384) y cohecho (art. 385), también se añadió un tipo especial de malversación (art. 394) consistente en el delito de deficiente facturación al Estado de los regalos aceptados en el curso de la realización de deberes nacionales o internacionales. Junto a lo anterior, se crearon ex novo el delito de deficiente explicación de la legitimidad de la propiedad que claramente exceda los ingresos (enriquecimiento injustificado) y el delito de deficiente declaración de depósitos de ahorro en países extranjeros, ambos para funcionarios (art. 395). Cualquier funcionario estatal que solicite o acepte cualquier soborno, pago excesivo, comisiones sin base legal y las emplee en su provecho, será reo de cohecho (art. 389). También una persona jurídica puede ser autora de cohecho por ofrecer sobornos (art. 393). Existe un tipo de cohecho pasivo para el funcionario que reciba el soborno (art. 391), e igualmente para el intermediario (art. 392). Se añadió un nuevo delito de utilización de propiedad perteneciente al Estado para fines privados, acordada por el Director o responsable de una institución pública, que también resulta aplicable a las instituciones judiciales o de seguridad, en las que se utilicen privadamente la propiedad obtenida de las multas o de confiscaciones (art. 396). La corrupción comercial (o entre particulares) se separa de la de los funcionarios públicos. La corrupción comercial en el CPC de 1997 se refiere a la corrupción cometida por personas en el ámbito de los negocios o de las actividades comerciales, sin ser funcionarios gubernamentales. Las definiciones de los delitos en el ámbito de la corrupción comercial son aproximadamente las mismas que las de los de la corrupción gubernamental, excepto en lo que se refiere al autor del delito y unas pocas definiciones más, como las de conflicto de intereses y la de quiebra ilícita. Las penas de la corrupción comercial son más leves. Las penas por corrupción fueron enmendadas a finales de 2015 por considerar que las cantidades de dinero malversadas punibles con castigos como la cadena perpetua o la pena de muerte eran demasiado bajas, ya que se habían establecido en 1997 y la inflación las había dejado obsoletas. Las penas máximas aplicables a los delitos de soborno activo y pasivo de funcionarios públicos son: prisión perpetua por soborno activo (art. 390 de la Ley Penal) y pena de muerte por soborno pasivo y malversación o peculado (art. 383, párrafo 1, de la Ley Penal). Los funcionarios públicos no tienen derecho a inmunidades ni prerrogativas jurisdiccionales. En 2016 la Corte Popular Suprema y la Procuraduría Popular Suprema de China han precisado cómo debe ser aplicada la pena capital en casos de corrupción. La pena máxima se prevé para culpables de malversación y los que acepten más de 460.000 dólares de sobornos. En el caso de la presencia de factores atenuantes, la pena de muerte puede ser suspendida con un aplazamiento de dos años. Cuando la pena capital se considera un castigo demasiado fuerte, puede ser sustituida por la cadena perpetua sin posibilidad de conmutación o libertad condicional. En caso de que el acusado coopere en la investigación la pena capital podría suspenderse durante dos años, lo que a efectos prácticos significa su conmutación por cadena perpetua, la sentencia más habitual en casos de corrupción en China. Los artículos 30 y 31 de la Ley Penal establecen la responsabilidad penal de una “unidad”. El concepto de “unidad” abarca las sociedades, las empresas, las instituciones públicas, los órganos estatales y las organizaciones. Cuando exista una disposición sobre la responsabilidad de una entidad en los artículos de la Ley Penal, la responsabilidad penal será aplicable a las personas jurídicas. Las personas jurídicas también pueden ser inculpadas por responsabilidad civil, de conformidad con el artículo 106 de los Principios Generales del Derecho Civil de la República Popular de China. Por otra parte, también pueden ser inculpadas por responsabilidad administrativa con arreglo a las disposiciones sobre el soborno del artículo 22 de la Ley de la República Popular China contra la Competencia Desleal, las disposiciones relativas al soborno pasivo del artículo 72, párrafo 2, de la Ley de la República Popular China sobre Contratación Pública y el artículo 39 de las Medidas Administrativas para el Registro de las Instituciones Especializadas en Cuestiones Judiciales. Las responsabilidades penales son punibles con sanciones que comprenden multas. Entre las sanciones administrativas también se cuentan la revocación de licencias y la prohibición de determinadas actividades. Las disposiciones relativas a la responsabilidad de las personas jurídicas no excluyen la responsabilidad penal de las personas físicas que hayan cometido delitos de corrupción

COLOMBIA En Colombia mediante la Ley 1474 de 2011, conocida como Estatuto Anticorrupción”, se dictaron normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. El 2 de febrero de 2016 fue aprobada la Ley 1778, conocida como la Ley del soborno transnacional, a través de la cual se dictan normas sobre la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. El objetivo de la ley es sancionar a aquellas empresas nacionales que incurran en el delito de sobornar a funcionarios públicos de otros países. Finalmente, la ley N°2195 del 18 de enero de 2022 adopta “disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público”. Independientemente de las responsabilidades penales individuales se aplica un régimen de responsabilidad administrativa sancionatoria a las personas jurídicas cuando se den los siguientes supuestos: (i) Exista sentencia penal condenatoria ejecutoriada o principio de oportunidad en firme, contra alguno de sus administradores o funcionarios, por la comisión de delitos contra la administración pública, el medio ambiente, el orden económico y social, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, los consagrados en la Ley 1474 de 2011, o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público, que hubieren sido realizados, directa o indirectamente; (ii) Cuando la persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera, domiciliados en Colombia se hubiere beneficiado o buscado beneficiarse, directa o indirectamente por la comisión de la conducta punible cometida por sus administradores o funcionarios; y (iii) Cuando la persona jurídica o sucursal de una sociedad extranjera, domiciliados en Colombia, consintió o toleró la realización de la conducta punible;, por acción u omisión, considerando la aplicación de sus respectivos controles de riesgo.

COSTA RICA El Código Penal de 1970, en su Libro Segundo Capítulo XV, Delitos contra los deberes de la función pública, contiene y sanciona- entre otros- los ilícitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, cohecho propio e impropio, y la aceptación de dádivas por acto cumplido, la corrupción de funcionarios, la concusión y la exacción, así como el enriquecimiento ilícito y las negociaciones incompatibles. Además, tipifica el peculado y la malversación y la facilitación culposa de substracciones, el encubrimiento, la receptación y el favorecimiento en sus distintas formas o modalidades. Se faculta a los jueces,- tratándose de estos delitos-, para imponer, además de las penas consignadas en cada caso, la de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. El Código Procesal Penal establece la obligación de los funcionarios públicos de denunciar los delitos perseguibles de oficio que conozcan en el ejercicio de sus funciones, con la pretensión de que se conviertan en los primeros aliados en la lucha anticorrupción. La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, ley N. 8422 de 29 de octubre del 2004, contempla los delitos de: falsedad en la declaración jurada de bienes propiedad de altos funcionarios públicos, la falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, el sobreprecio irregular, el pago irregular de contratos administrativos, y el tráfico de influencias. Adicionalmente, se crean los delitos de: legislación o administración en provecho propio, la prohibición posterior al servicio del cargo, la apropiación de bienes obsequiados al Estado, la receptación, legalización o encubrimiento de bienes y el soborno transnacional. Faculta a imponer como pena accesoria, una inhabilitación de hasta diez años para ser designado en cargos públicos, incluso para los de elección popular. Costa Rica aprobó en junio 2019 la Ley 9699 “Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos”; la cual tiene como objetivo regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos contemplados en la Ley N° 8422 “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública" y los delitos contemplados en la Ley N° 4573 “Código Penal”. La Ley aplica para personas jurídicas de derecho privado costarricense o extranjero, domiciliado, residente o con operaciones en el país. Además, es de aplicación a las empresas públicas estatales y no estatales, a las instituciones autónomas que se encuentren vinculadas con relaciones comerciales internacionales. En general, aplica a las organizaciones que cometan el delito de soborno transnacional, así como los delitos de recepción, legalización o encubrimiento de bienes producto del soborno transnacional. La Ley tiene como propósito que las personas jurídicas adopten un modelo facultativo de organización, prevención de delitos, gestión y control; y tener un encargado de supervisar el funcionamiento y el cumplimiento del modelo establecido.

DINAMARCA De manera general, el Código Penal de Dinamarca prohíbe el soborno y la mayoría de las formas de delitos de corrupción contenidos en las convenciones internacionales contra la corrupción. Asimismo, está prohibido sobornar a servidores públicos extranjeros. El Código Penal de Dinamarca prohíbe el soborno activo y pasivo, el comercio de influencias, la malversación de fondos, el fraude, el abuso de confianza y el lavado de dinero. También prohíbe a cualquier persona o individuo recibir, exigir o aceptar indebidamente la promesa de un regalo u otro privilegio mientras ejerce una función o cargo público. Respecto a las sanciones, el Código Penal estipula que pueden ser por medio de multas penales, encarcelamiento, decomiso, así como la exclusión de los procedimientos de compras públicas. En este sentido, la Ley Núm. 1564/2015 señala que la autoridad contratante debe aplicar los motivos de exclusión obligatorios a los licitantes y debe excluirlos del procedimiento si son condenados por un delito grave. La pena máxima es de seis años por soborno. Asimismo, el tribunal puede prohibir a una persona declarada culpable de soborno participar en negocios similares al contexto en el que ocurrió el soborno durante uno a cinco años. La Ley de Medidas para Prevenir el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo requiere que las instituciones financieras reguladas y otras entidades informen las transacciones sospechosas al Ministerio Público de Delitos Económicos Graves e Internacionales. Las empresas del sector financiero tienen la obligación de implementar un programa de denuncia de irregularidades para sus empleados. Igualmente, el Código de Conducta del Sector Público establece el deber de denunciar las irregularidades que se detecten en el sector público. En Dinamarca se evolucionó de un sistema que reconocía la imposición de penas de multa a las empresas en ciertas leyes especiales hasta la implementación en el año 2002 de una modificación del código penal que estableció que las empresas son penalmente responsables por todos los delitos contenidos en el Código Penal. Estas reglas están dispuestas en los arts. 25 a 27 del Código danés, haciendo expresa mención de la punibilidad de las empresas públicas. El Código Penal de Dinamarca prohíbe el soborno activo y pasivo, el tráfico de influencias, la malversación de fondos, el fraude, el abuso de confianza y el lavado de dinero. También penaliza el soborno de funcionarios públicos extranjeros, el soborno entre empresas y la corrupción cometida por personas que trabajan en nombre de una empresa. Las sanciones por soborno según el Código Penal pueden incluir multas y hasta seis años de prisión. El producto de los actos corruptos puede ser confiscado.

ECUADOR El 17 de febrero de 2021, la Asamblea Nacional de Ecuador promulgó la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal en materia de Anticorrupción (conocida como Ley Anticorrupción), una ley que está en sintonía con el Sistema de Gestión ISO 37001 a nivel internacional. Determina la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y establece que esta responsabilidad penal persistirá pese a que no se haya podido identificar a la persona natural que de facto cometió el delito. Incorpora una nueva tipificación de los delitos por los que podrían ser imputados penalmente tanto los integrantes de una persona jurídica como la propia entidad, a saber:

  1. Obstrucción de la justicia.
  2. Actos de corrupción del sector privado.
  3. Sobreprecios en la contratación pública.
4.Peculado 5.Cohecho 6.Concusión 7.Tráfico de influencias Se considerarán como:
  • Atenuantes:
    • Haber denunciado o confesado de forma espontánea la comisión del delito antes de la formulación de cargos con la que se iniciaría la instrucción fiscal o durante el desarrollo de esta, siempre que no se haya conocido formalmente el inicio de ésta.
    • Colaborar en la investigación aportando elementos y pruebas nuevas y decisivas para la ejecución de esta.
    • Reparar de forma íntegra los daños producidos por la comisión del delito antes del inicio del juicio.
    • Haber implementado antes de la comisión del delito, sistemas de integridad, normas, programas y/o políticas de cumplimiento, prevención dirección y/o supervisión a cargo de un departamento u órgano autónomo en personas jurídicas de mayor dimensión, o en una persona responsable en caso de medianas y pequeñas empresas.
  • Agravante: Se considerará como tal, el haber sido sentenciada previamente por el mismo delito o valerse de otras personas jurídicas nacionales o extranjeras para el cometimiento del delito.

EL SALVADOR La legislación salvadoreña tiene distintos cuerpos normativos que regulan los mecanismos de juzgamiento de distintos hechos constitutivos de corrupción. Estos son principalmente la Constitución de la República, la Ley de enriquecimiento Ilícito de funcionarios y empleados públicos, el Código Penal, la Ley contra el lavado de dinero y activos, la Ley de Ética Gubernamental, la Ley especial de extinción de dominio y de la administración de los bienes de origen o destinación ilícita. El Código Penal de El Salvador establece en su artículo 38 la responsabilidad personal de directivos y administradores de personas jurídicas cuando concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura del delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, y cuando tales circunstancias se dieren en la persona en cuyo nombre o representación obrare. En todo caso, la persona jurídica incurrirá en responsabilidad civil subsidiaria especial. No obstante, en el caso de los delitos de cohecho propio, cohecho impropio, cohecho activo y soborno transnacional, la persona jurídica será solidariamente responsable por los daños causados.

ESPAÑA La legislación interna española no ofrece una definición única de corrupción. En su lugar, el Código Penal regula una lista de delitos stricto sensu. Los artículos 419 a 427 tipifican la corrupción, activa y pasiva de funcionario público y autoridades nacionales. Los artículos 428 a 431 regulan el tráfico de influencias de autoridades y funcionarios nacionales. El artículo 445 bis, introducido para la ratificación del Convenio de la OCDE, tipifica los delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales, sobre los que la Fiscalía anticorrupción tiene competencias. En 2015, entraron en vigencia una serie de leyes anticorrupción, entre ellas, la ley de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos, aunque parcialmente que supone que las donaciones a las formaciones políticas procedentes de personas jurídicas están prohibidas. También las condonaciones de deuda a los partidos por entidades de crédito y la reducción a 50.000 euros del límite de donaciones de personas físicas a partidos. Contiene las obligaciones relativas a la contabilidad de los partidos políticos requiriendo la publicación de información contable y la regulación de la figura del responsable de la gestión económica-financiera del partido. La ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado limita los gastos de representación, se prohíbe el uso de tarjetas de crédito, se refuerzan las incompatibilidades en el ejercicio de actividades económicas privadas tras el cese y se controla la situación patrimonial del alto cargo al final de su mandato para detectar posibles indicios de enriquecimiento injustificado, entre otras cuestiones. Se pueden señalar también la Ley Orgánica 6/2020, de Partidos Políticos, la Ley 5/2006, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros de Gobierno y de los Altos Cargos del a Administración General del Estado y la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio de 2010 (LO 5/2010) regula por primera vez en el Código Penal español, la responsabilidad penal de personas jurídicas por delitos cometidos en su nombre por sus representantes, administradores, empleados y trabajadores contratados. La ley fue ampliada por la Ley Orgánica 7/2012 de 27 de diciembre de 2012 (LO 7/2012). Originalmente el Código Penal limitaba esta regulación, no aplicándose, por ejemplo, al Estado, administraciones públicas territoriales e institucionales, partidos políticos y sindicatos, organizaciones de derecho público internacional, o a cualquier otros que ejercieran poderes públicos de soberanía, administración, o en el caso de sociedades mercantiles del Estado que implementaran políticas públicas o prestaran servicios de interés económico general. Sin embargo, desde la aprobación de la LO 7/2012, los partidos políticos y los sindicatos están sujetos al régimen general de responsabilidad penal, manteniéndose las restricciones a la aplicación de la ley a otros órganos del Estado. Tres años después se produjo una reforma integral al Código Penal mediante la Ley Orgánica 1/2015 del 30 de marzo (LO 1/2015). Para establecer responsabilidad penal corporativa, el delito debe haberse cometido para o en nombre de una entidad corporativa y para su beneficio, por cualquiera de las siguientes personas: · Representantes legales o personas actuando individualmente o como miembros de un órgano de la persona jurídica, autorizados a tomar decisiones en nombre de esta última y a mantener facultades de organización y control dentro de ella. · Personas sin las capacidades legales señaladas, pero que cometieron el delito gracias a una infracción grave del deber de control de la empresa En dicha reforma se reguló la exclusión de responsabilidad cuando se cumplen ciertas condiciones que, en caso de no darse en su totalidad, sirven para la atenuación. Se destaca que los delitos que se abarcan son todos los que tienen alguna relación con la criminalidad económica. Las sanciones son similares a nuestra ley. La persona jurídica puede reducir la graduación de la pena o directamente eximirse responsabilidad para el caso que demuestre una implementación adecuada de un programa de cumplimiento. La Asociación Española de Normalización o UNE (su contraparte en Argentina es IRAM), estableció mediante la resolución UNE 19.601, los requisitos para crear, mantener o mejorar en la empresa, un sistema de gestión de riesgos para la prevención, detección y reacción de delitos de conformidad con las pautas establecidas en la reforma de la ley mencionada (art. 31 bis del CP)

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero [FCPA], promulgada en 1977, rige el soborno de funcionarios públicos extranjeros y representantes de empresas controladas por el gobierno. (15 USC secciones 78dd-1, et seq). En general, la FCPA prohíbe a los emisores de EE. UU. y sus agentes, las entidades corporativas de EE. UU., los ciudadanos, nacionales o residentes de EE. UU. y los ciudadanos extranjeros mientras se encuentren en los Estados Unidos, pagar, prometer, autorizar u ofrecer "de forma corrupta" "cualquier cosa de valor" a un funcionario público extranjero para 'influir en cualquier acto o decisión de dicho funcionario extranjero en s