Especialista del Tema Julio César Delgadillo Ugalde, Subdirector de Acceso a la Información Julio César Herrera Hernández, Jefe de Departamento de Acceso a la Información Dependencias Guadalupe Martínez Montes, Jefa de Departamento de Acceso a la Información a Entidades Sandor Manelich Álvarez Cerón, Subdirector de Datos Personales Ana Karen Melo Hermida, Jefa del Departamento de Datos Personales Daniela León Samperio, Subdirectora de Transparencia y Anticorrupción
Lucía González Dimas, Subdirectora de Vinculación con Gobierno en materia de Transparencia Leticia Vargas Yañez, Jefa de Oficina Elizabeth Elizalde Rojo, Encargada de la Dirección de Políticas de Transparencia y Anticorrupción Patricia Sánchez García, Directora de Políticas de Transparencia Margarita Núñez Zamudio Diseño instruccional Ruth Gisela Arteaga Moreno Diseño gráfico
Créditos
La transparencia es una política pública mediante la cual el Estado publica, difunde o pone a disposición de las personas la información de determinados rubros de la información generada en el quehacer gubernamental, mientras que el acceso a la información es un derecho fundamental que tiene cualquier persona a requerir información mediante una solicitud, la cual no estará condicionada a que acredite interés alguno o justifique su utilización; el Estado, en la publicación y acceso a la información, deberá garantizar la debida protección de los datos personales.
La transparencia es una política pública mediante la cual el Estado publica, difunde o pone a disposición de las personas la información de determinados rubros de la información generada en el quehacer gubernamental, mientras que el acceso a la información es un derecho fundamental que tiene cualquier persona a requerir información mediante una solicitud, la cual no estará condicionada a que acredite interés alguno o justifique su utilización; el Estado, en la publicación y acceso a la información, deberá garantizar la debida protección de los datos personales.
La transparencia es una política pública mediante la cual el Estado publica, difunde o pone a disposición de las personas la información de determinados rubros de la información generada en el quehacer gubernamental, mientras que el acceso a la información es un derecho fundamental que tiene cualquier persona a requerir información mediante una solicitud, la cual no estará condicionada a que acredite interés alguno o justifique su utilización; el Estado, en la publicación y acceso a la información, deberá garantizar la debida protección de los datos personales.
La transparencia es una política pública mediante la cual el Estado publica, difunde o pone a disposición de las personas la información de determinados rubros de la información generada en el quehacer gubernamental, mientras que el acceso a la información es un derecho fundamental que tiene cualquier persona a requerir información mediante una solicitud, la cual no estará condicionada a que acredite interés alguno o justifique su utilización; el Estado, en la publicación y acceso a la información, deberá garantizar la debida protección de los datos personales.
Alcances y límites de la nueva gestión pública
La Nueva Gestión Pública se consolidó como un enfoque orientado a mejorar la eficiencia del aparato estatal mediante la incorporación de instrumentos como la evaluación del desempeño, la presupuestación basada en resultados y la descentralización administrativa. En México, estos mecanismos han contribuido a fortalecer la capacidad de control, seguimiento y medición de la acción gubernamental. Sin embargo, la evidencia empírica reciente sugiere que la mejora en procesos administrativos no se
La Nueva Gestión Pública se consolidó como un enfoque orientado a mejorar la eficiencia del aparato estatal mediante la incorporación de instrumentos como la evaluación del desempeño, la presupuestación basada en resultados y la descentralización administrativa. En México, estos mecanismos han contribuido a fortalecer la capacidad de control, seguimiento y medición de la acción gubernamental. Sin embargo, la evidencia empírica reciente sugiere que la mejora en procesos administrativos no se
traduce necesariamente en la resolución de problemas públicos complejos, particularmente aquellos asociados a desigualdades estructurales (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2023). Esto evidencia una limitación analítica del enfoque: su énfasis en los outputs más que en los outcomes. La mejora de procesos administrativos no implica necesariamente la resolución de problemas públicos complejos.
Alcances y límites de la nueva gestión pública
La eficiencia ha sido históricamente el criterio dominante en la evaluación de la gestión pública, definida como la relación entre recursos utilizados y productos generados. No obstante, desde una perspectiva analítica más amplia, la eficiencia constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para explicar la efectividad del Estado. En contextos caracterizados por desigualdad persistente, como el mexicano, es posible observar mejoras en indicadores administrativos sin que ello implique una transformación significativa en las condiciones de vida de la población (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2024). Este fenómeno obliga a ampliar los marcos analíticos hacia dimensiones sustantivas del bienestar.
La eficiencia ha sido históricamente el criterio dominante en la evaluación de la gestión pública, definida como la relación entre recursos utilizados y productos generados. No obstante, desde una perspectiva analítica más amplia, la eficiencia constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para explicar la efectividad del Estado. En contextos caracterizados por desigualdad persistente, como el mexicano, es posible observar mejoras en indicadores administrativos sin que ello implique una transformación significativa en las condiciones de vida de la población (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2024). Este fenómeno obliga a ampliar los marcos analíticos hacia dimensiones sustantivas del bienestar.
La fragmentación institucional se refiere a la dispersión de funciones, competencias y responsabilidades entre múltiples entidades del aparato estatal, lo que dificulta la coordinación de la acción pública.
Desde una perspectiva analítica, este fenómeno implica la existencia de unidades organizativas que operan bajo lógicas propias, con escasa articulación horizontal, lo que genera duplicidades, vacíos de atención y conflictos de atribuciones.
En el contexto mexicano, esta fragmentación se manifiesta de manera particularmente aguda en el ámbito municipal, donde existen diferencias significativas en capacidades administrativas, disponibilidad de recursos y niveles de profesionalización (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2024).
Estas asimetrías condicionan la implementación de políticas públicas, ya que la efectividad de las intervenciones depende no solo de su diseño, sino de las capacidades institucionales disponibles en cada territorio.
Este cambio implica una reconfiguración de la relación entre Estado y sociedad, en la cual los ciudadanos no solo demandan servicios, sino que participan en su diseño, implementación y evaluación. Desde una perspectiva analítica, esta transformación se vincula con la emergencia de enfoques de gobernanza que reconocen la interdependencia entre actores.
El concepto de ciudadanía en la gestión pública ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas. Mientras que los enfoques tradicionales la concebían como un sujeto pasivo receptor de servicios públicos, los enfoques contemporáneos la reconocen como un actor activo en la coproducción de políticas públicas.
En el contexto mexicano, la participación ciudadana presenta avances heterogéneos, con experiencias relevantes a nivel local, pero también con limitaciones asociadas a desigualdades sociales y capacidades organizativas.
Fragmentación institucional:
La persistencia de la pobreza multidimensional en México constituye uno de los principales indicadores de las limitaciones estructurales de la gestión pública. De acuerdo con mediciones recientes, una proporción significativa de la población enfrenta carencias simultáneas en educación, salud, seguridad social y vivienda (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2024).
Desde un enfoque analítico, esta situación evidencia que la mejora en procesos administrativos no ha sido suficiente para generar transformaciones sustantivas en el bienestar social.
más info
La gobernanza emerge como un enfoque complementario frente a las limitaciones de modelos previos.
La gobernanza multinivel se refiere a la articulación de distintos niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— en la formulación e implementación de políticas públicas. Este enfoque reconoce que la solución de problemas públicos requiere la coordinación vertical entre distintos órdenes de gobierno. En México, este proceso enfrenta desafíos derivados de la heterogeneidad institucional, las asimetrías de capacidad y la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación (INEGI, 2024; OCDE, 2023).
El concepto de valor público propone una ampliación de los criterios de evaluación de la gestión pública, incorporando dimensiones como legitimidad, confianza ciudadana y resultados sociales. A diferencia de enfoques centrados exclusivamente en eficiencia, el valor público considera el impacto integral de la acción estatal. Desde una perspectiva analítica, este concepto permite articular el desempeño institucional con la percepción social, lo que resulta clave para comprender la efectividad del Estado en contextos democráticos. El concepto de valor público permite articular desempeño institucional con legitimidad social.
Ahora que conoce más sobre las obligaciones de transparencia, la importancia de la publicación proactiva de la información pública podrá generar mecanismos que garanticen la existencia, calidad, actualización, veracidad y accesibilidad de la información pública en su ámbito de competencia como persona servidora pública. Cuando se da información al pueblo, podemos decir que realmente hay rendición de cuentas. Garantizar el debido cumplimiento del derecho fundamental de acceso a la información, la protección de datos personales, la transparencia y rendición de cuentas constituyen herramientas esenciales en la gestión pública para el combate a la corrupción.
Imagen generada por IA
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Desde una perspectiva analítica, esta situación puede interpretarse como una desconexión entre los outputs administrativos (productos y servicios generados por las instituciones públicas) y los outcomes sociales (impactos reales en el bienestar de la población).
La evidencia empírica sugiere una posible desconexión entre desempeño administrativo e impacto social.
Esta distinción es fundamental en la teoría de la gestión pública contemporánea, ya que permite evidenciar que la eficiencia operativa no es equivalente a efectividad social.
¿Cómo debe evaluarse el éxito del Estado en contextos de desigualdad estructural?
Desde una perspectiva teórica, la gobernanza se fundamenta en la idea de redes, interdependencia y cooperación, lo que implica una redefinición del papel del Estado como actor articulador más que como autoridad exclusiva.
En este sentido, el análisis de la fragmentación institucional permite comprender una de las principales restricciones estructurales del Estado mexicano. La fragmentación institucional se asocia con limitaciones en la coordinación y ejecución de políticas públicas.
En este sentido, el análisis de la fragmentación institucional permite comprender una de las principales restricciones estructurales del Estado mexicano. La fragmentación institucional se asocia con limitaciones en la coordinación y ejecución de políticas públicas.
La gobernanza emerge como un enfoque que busca superar las limitaciones de los modelos jerárquicos (burocracia) y de mercado (NGP), mediante la incorporación de mecanismos de coordinación entre actores públicos, privados y sociales. Este enfoque parte del reconocimiento de que los problemas públicos contemporáneos son demasiado complejos para ser abordados por una sola institución.
En México, la implementación de la gobernanza es parcial y heterogénea, dependiendo de las capacidades institucionales y de los contextos territoriales (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2023).
La desigualdad estructural implica la existencia de condiciones históricas y sistémicas que no pueden ser abordadas mediante intervenciones sectoriales aisladas. Por tanto, la persistencia de estos indicadores sugiere la necesidad de enfoques de gestión pública más integrales, orientados a resultados y articulados interinstitucionalmente. La persistencia de desigualdad sugiere limitaciones en los enfoques centrados exclusivamente en eficiencia.
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Especialista del Tema Julio César Delgadillo Ugalde, Subdirector de Acceso a la Información Julio César Herrera Hernández, Jefe de Departamento de Acceso a la Información Dependencias Guadalupe Martínez Montes, Jefa de Departamento de Acceso a la Información a Entidades Sandor Manelich Álvarez Cerón, Subdirector de Datos Personales Ana Karen Melo Hermida, Jefa del Departamento de Datos Personales Daniela León Samperio, Subdirectora de Transparencia y Anticorrupción
Lucía González Dimas, Subdirectora de Vinculación con Gobierno en materia de Transparencia Leticia Vargas Yañez, Jefa de Oficina Elizabeth Elizalde Rojo, Encargada de la Dirección de Políticas de Transparencia y Anticorrupción Patricia Sánchez García, Directora de Políticas de Transparencia Margarita Núñez Zamudio Diseño instruccional Ruth Gisela Arteaga Moreno Diseño gráfico
Créditos
La transparencia es una política pública mediante la cual el Estado publica, difunde o pone a disposición de las personas la información de determinados rubros de la información generada en el quehacer gubernamental, mientras que el acceso a la información es un derecho fundamental que tiene cualquier persona a requerir información mediante una solicitud, la cual no estará condicionada a que acredite interés alguno o justifique su utilización; el Estado, en la publicación y acceso a la información, deberá garantizar la debida protección de los datos personales.
La transparencia es una política pública mediante la cual el Estado publica, difunde o pone a disposición de las personas la información de determinados rubros de la información generada en el quehacer gubernamental, mientras que el acceso a la información es un derecho fundamental que tiene cualquier persona a requerir información mediante una solicitud, la cual no estará condicionada a que acredite interés alguno o justifique su utilización; el Estado, en la publicación y acceso a la información, deberá garantizar la debida protección de los datos personales.
La transparencia es una política pública mediante la cual el Estado publica, difunde o pone a disposición de las personas la información de determinados rubros de la información generada en el quehacer gubernamental, mientras que el acceso a la información es un derecho fundamental que tiene cualquier persona a requerir información mediante una solicitud, la cual no estará condicionada a que acredite interés alguno o justifique su utilización; el Estado, en la publicación y acceso a la información, deberá garantizar la debida protección de los datos personales.
La transparencia es una política pública mediante la cual el Estado publica, difunde o pone a disposición de las personas la información de determinados rubros de la información generada en el quehacer gubernamental, mientras que el acceso a la información es un derecho fundamental que tiene cualquier persona a requerir información mediante una solicitud, la cual no estará condicionada a que acredite interés alguno o justifique su utilización; el Estado, en la publicación y acceso a la información, deberá garantizar la debida protección de los datos personales.
Alcances y límites de la nueva gestión pública
La Nueva Gestión Pública se consolidó como un enfoque orientado a mejorar la eficiencia del aparato estatal mediante la incorporación de instrumentos como la evaluación del desempeño, la presupuestación basada en resultados y la descentralización administrativa. En México, estos mecanismos han contribuido a fortalecer la capacidad de control, seguimiento y medición de la acción gubernamental. Sin embargo, la evidencia empírica reciente sugiere que la mejora en procesos administrativos no se
La Nueva Gestión Pública se consolidó como un enfoque orientado a mejorar la eficiencia del aparato estatal mediante la incorporación de instrumentos como la evaluación del desempeño, la presupuestación basada en resultados y la descentralización administrativa. En México, estos mecanismos han contribuido a fortalecer la capacidad de control, seguimiento y medición de la acción gubernamental. Sin embargo, la evidencia empírica reciente sugiere que la mejora en procesos administrativos no se
traduce necesariamente en la resolución de problemas públicos complejos, particularmente aquellos asociados a desigualdades estructurales (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2023). Esto evidencia una limitación analítica del enfoque: su énfasis en los outputs más que en los outcomes. La mejora de procesos administrativos no implica necesariamente la resolución de problemas públicos complejos.
Alcances y límites de la nueva gestión pública
La eficiencia ha sido históricamente el criterio dominante en la evaluación de la gestión pública, definida como la relación entre recursos utilizados y productos generados. No obstante, desde una perspectiva analítica más amplia, la eficiencia constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para explicar la efectividad del Estado. En contextos caracterizados por desigualdad persistente, como el mexicano, es posible observar mejoras en indicadores administrativos sin que ello implique una transformación significativa en las condiciones de vida de la población (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2024). Este fenómeno obliga a ampliar los marcos analíticos hacia dimensiones sustantivas del bienestar.
La eficiencia ha sido históricamente el criterio dominante en la evaluación de la gestión pública, definida como la relación entre recursos utilizados y productos generados. No obstante, desde una perspectiva analítica más amplia, la eficiencia constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para explicar la efectividad del Estado. En contextos caracterizados por desigualdad persistente, como el mexicano, es posible observar mejoras en indicadores administrativos sin que ello implique una transformación significativa en las condiciones de vida de la población (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2024). Este fenómeno obliga a ampliar los marcos analíticos hacia dimensiones sustantivas del bienestar.
La fragmentación institucional se refiere a la dispersión de funciones, competencias y responsabilidades entre múltiples entidades del aparato estatal, lo que dificulta la coordinación de la acción pública.
Desde una perspectiva analítica, este fenómeno implica la existencia de unidades organizativas que operan bajo lógicas propias, con escasa articulación horizontal, lo que genera duplicidades, vacíos de atención y conflictos de atribuciones.
En el contexto mexicano, esta fragmentación se manifiesta de manera particularmente aguda en el ámbito municipal, donde existen diferencias significativas en capacidades administrativas, disponibilidad de recursos y niveles de profesionalización (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2024).
Estas asimetrías condicionan la implementación de políticas públicas, ya que la efectividad de las intervenciones depende no solo de su diseño, sino de las capacidades institucionales disponibles en cada territorio.
Este cambio implica una reconfiguración de la relación entre Estado y sociedad, en la cual los ciudadanos no solo demandan servicios, sino que participan en su diseño, implementación y evaluación. Desde una perspectiva analítica, esta transformación se vincula con la emergencia de enfoques de gobernanza que reconocen la interdependencia entre actores.
El concepto de ciudadanía en la gestión pública ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas. Mientras que los enfoques tradicionales la concebían como un sujeto pasivo receptor de servicios públicos, los enfoques contemporáneos la reconocen como un actor activo en la coproducción de políticas públicas.
En el contexto mexicano, la participación ciudadana presenta avances heterogéneos, con experiencias relevantes a nivel local, pero también con limitaciones asociadas a desigualdades sociales y capacidades organizativas.
Fragmentación institucional:
La persistencia de la pobreza multidimensional en México constituye uno de los principales indicadores de las limitaciones estructurales de la gestión pública. De acuerdo con mediciones recientes, una proporción significativa de la población enfrenta carencias simultáneas en educación, salud, seguridad social y vivienda (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2024).
Desde un enfoque analítico, esta situación evidencia que la mejora en procesos administrativos no ha sido suficiente para generar transformaciones sustantivas en el bienestar social.
más info
La gobernanza emerge como un enfoque complementario frente a las limitaciones de modelos previos.
La gobernanza multinivel se refiere a la articulación de distintos niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— en la formulación e implementación de políticas públicas. Este enfoque reconoce que la solución de problemas públicos requiere la coordinación vertical entre distintos órdenes de gobierno. En México, este proceso enfrenta desafíos derivados de la heterogeneidad institucional, las asimetrías de capacidad y la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación (INEGI, 2024; OCDE, 2023).
El concepto de valor público propone una ampliación de los criterios de evaluación de la gestión pública, incorporando dimensiones como legitimidad, confianza ciudadana y resultados sociales. A diferencia de enfoques centrados exclusivamente en eficiencia, el valor público considera el impacto integral de la acción estatal. Desde una perspectiva analítica, este concepto permite articular el desempeño institucional con la percepción social, lo que resulta clave para comprender la efectividad del Estado en contextos democráticos. El concepto de valor público permite articular desempeño institucional con legitimidad social.
Ahora que conoce más sobre las obligaciones de transparencia, la importancia de la publicación proactiva de la información pública podrá generar mecanismos que garanticen la existencia, calidad, actualización, veracidad y accesibilidad de la información pública en su ámbito de competencia como persona servidora pública. Cuando se da información al pueblo, podemos decir que realmente hay rendición de cuentas. Garantizar el debido cumplimiento del derecho fundamental de acceso a la información, la protección de datos personales, la transparencia y rendición de cuentas constituyen herramientas esenciales en la gestión pública para el combate a la corrupción.
Imagen generada por IA
16
Desde una perspectiva analítica, esta situación puede interpretarse como una desconexión entre los outputs administrativos (productos y servicios generados por las instituciones públicas) y los outcomes sociales (impactos reales en el bienestar de la población).
La evidencia empírica sugiere una posible desconexión entre desempeño administrativo e impacto social.
Esta distinción es fundamental en la teoría de la gestión pública contemporánea, ya que permite evidenciar que la eficiencia operativa no es equivalente a efectividad social.
¿Cómo debe evaluarse el éxito del Estado en contextos de desigualdad estructural?
Desde una perspectiva teórica, la gobernanza se fundamenta en la idea de redes, interdependencia y cooperación, lo que implica una redefinición del papel del Estado como actor articulador más que como autoridad exclusiva.
En este sentido, el análisis de la fragmentación institucional permite comprender una de las principales restricciones estructurales del Estado mexicano. La fragmentación institucional se asocia con limitaciones en la coordinación y ejecución de políticas públicas.
En este sentido, el análisis de la fragmentación institucional permite comprender una de las principales restricciones estructurales del Estado mexicano. La fragmentación institucional se asocia con limitaciones en la coordinación y ejecución de políticas públicas.
La gobernanza emerge como un enfoque que busca superar las limitaciones de los modelos jerárquicos (burocracia) y de mercado (NGP), mediante la incorporación de mecanismos de coordinación entre actores públicos, privados y sociales. Este enfoque parte del reconocimiento de que los problemas públicos contemporáneos son demasiado complejos para ser abordados por una sola institución.
En México, la implementación de la gobernanza es parcial y heterogénea, dependiendo de las capacidades institucionales y de los contextos territoriales (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2023).
La desigualdad estructural implica la existencia de condiciones históricas y sistémicas que no pueden ser abordadas mediante intervenciones sectoriales aisladas. Por tanto, la persistencia de estos indicadores sugiere la necesidad de enfoques de gestión pública más integrales, orientados a resultados y articulados interinstitucionalmente. La persistencia de desigualdad sugiere limitaciones en los enfoques centrados exclusivamente en eficiencia.