Bienvenidos a la exposición virtual
La memoria es el único refugio del que
no podemos ser expulsados.
Introducción
Habitar la Memoria
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¿Quién otorga sentido a los lugares?
¿Pueden los espacios transformarse con el tiempo?
¿De qué depende su resignificación?
Esta exposición invita a explorar cómo los bienes inmuebles provenientes de economías ilícitas pueden adquirir nuevos significados que fortalezcan el tejido social con la participación de los actores sociales y comunitarios presentes en los territorios, a través de procesos de transformación simbólica orientados a la reparación y la construcción de paz. Estos lugares dejan de ser huellas de una economía nacional desangrada por la criminalidad para convertirse en escenarios de memoria, reflexión y dignidad. Este ejercicio hace parte del compromiso de la Sociedad de Activos Especiales con la reparación simbólica de las víctimas del conflicto armado, fortalecido tras su incorporación al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), mediante la Ley 2421 de 2024.
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Política de Administración de Activos para la Memoria
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra los bienes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), provenientes de procesos de extinción de dominio asociados a economías ilícitas. Desde su creación en 2014, su gestión se ha orientado a garantizar el uso eficiente de estos activos. Sin embargo, a partir de 2022, la entidad amplía su mirada y reconoce que estos bienes no solo tienen un valor económico, sino también un profundo significado simbólico, social y ambiental. En este contexto, la proveniencia de los activos —marcada por las dinámicas del conflicto y la ilegalidad— se convierte en un elemento clave para su resignificación como parte de los procesos de reparación y construcción de valor público.
Algunos de estos bienes, precisamente por su historia, se transforman en escenarios para la memoria. Los sitios de memoria remiten a lugares donde ocurrieron hechos victimizantes, mientras que los lugares de memoria son espacios resignificados para recordar, narrar y dignificar las experiencias colectivas. Reconocer de dónde provienen estos activos permite comprender su potencial reparador: son bienes que, tras haber sido instrumentos o resultado del daño, pueden convertirse en herramientas para la memoria, la reparación simbólica y la construcción de futuro. Desde esta perspectiva, la SAE impulsa la Política de Activos para la Memoria como una apuesta por transformar el pasado en una oportunidad de reconocimiento, reflexión y no repetición.
La SAE en su compromiso total con la verdad, justicia y garantías de no repetición, entrega a MAFAPO en el mes de octubre de 2025, un inmueble urbano en la ciudad de Bogotá para ser agenciado por la organización, como un lugar de memoria y en defensa de los derechos humanos. En esta casa funcionaran un museo, un café, espacios de trabajo, talleres y encuentros para que las víctimas cuenten su historia y en donde el país pueda escuchar y aprender.
En 2008 se conoció el caso de 19 jóvenes del municipio de Soacha y de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, que habían aparecido en una fosa común en Ocaña, Norte de Santander, tras ser ejecutados y presentados como guerrilleros muertos en combate por parte del Ejército, este hallazgo abrió la puerta a uno de los capítulos más infames de la guerra en Colombia, los mal llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de jóvenes indefensos por parte de las fuerzas armadas en connivencia con actores armados ilegales, que a 2026 se contabilizan en 7837 personas víctimas de esta práctica y que se recogen en el macro caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Frente al enorme riesgo de impunidad y el dolor de la perdida, algunas madres y hermanas de las víctimas de este crimen de estado, deciden organizarse, dando vida a MAFAPO, organización que se convierte en receptora de las denuncias de miles de casos similares provenientes de todo el país, dando cuenta de la sistematicidad de esta práctica, convirtiendo a la organización en un referente de acción, dignidad y justicia para que hechos de esta magnitud no vuelvan a tener lugar y pueda esclarecerse plenamente la responsabilidad de los actores involucrados.
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Nos llena de júbilo hacer esta entrega, porque es una evidencia de la transformación del propósito de la Sociedad de Activos Especiales bajo la resignificación de los activos incautados en lugares para la construcción de paz, justicia y memoria.
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Amelia Pérez Parra
presidenta de la SAE.
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En este orden de ideas y obedeciendo a la voluntad popular, en el mes de abril de 2026 y en el marco de la conmemoración del día nacional por las víctimas, se hizo efectiva la entrega de este activo en el marco de la política de “activos para la memoria” transitando así de un lugar marcado por la muerte, el dolor y la guerra a un espacio destinado a la memoria, la reconciliación y la construcción de paz.
A finales de la década de los noventa el propietario del hotel más prestigioso de San Carlos, municipio del departamento de Antioquia -el Hotel Punchiná- fue extraditado por delitos relacionados con el narcotráfico, como consecuencia, este inmueble pasó inicialmente a la Dirección Nacional de Estupefacientes y posteriormente a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Sin embargo, pocos años después, el predio fue ocupado como centro de operaciones por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) actor armado ilegal que cometió allí violencias sexuales como demostración de poder, desapariciones y asesinatos. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), aproximadamente 18000 de las 25000 personas que habitaban San Carlos fueron desplazadas. Las mujeres que sobrevivieron al conflicto, víctimas directas e indirectas de la violencia, conformaron el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y Reparación (CARE) desde el cual impulsaron la restauración progresiva del inmueble y su resignificación mediante procesos de trabajo comunitario; partiendo de este lugar de dignidad y resistencia, propusieron a la SAE la adjudicación del hotel como una medida de reparación simbólica.
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Esos bienes que están en la SAE tienen que ser para las víctimas, van para un centro de memoria, van para una comunidad. No miro el valor económico, miro el valor que tiene para todos ustedes, para que puedan continuar recordando a sus víctimas de este conflicto, sanando, ayudando de alguna manera a hacer esas catarsis que todos necesitamos.
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Amelia Pérez Parra
presidenta de la SAE.
De esta historia de dolor, dignidad y resistencia nació la Fundación Nydia Erika Bautista, dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia y al acompañamiento de sus familias, su labor ha sido reconocida nacional e internacionalmente como un referente de la memoria, la verdad y la justicia con enfoque de género, estableciendo como base la dignidad de las mujeres y sus cuerpos. Por esta razón, se realiza la destinación de un activo administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para garantizar la continuidad de su labor, siendo este hecho mucho más que un acto administrativo, es una forma concreta de reparación simbólica, un respaldo institucional a la búsqueda de personas desaparecidas y una afirmación del compromiso del Estado con la verdad, la memoria y la no repetición.
En el año 1987, Nydia Erika Bautista, socióloga y economista, fue desaparecida, torturada y asesinada por agentes de la Brigada XX de las Fuerzas Militares de Colombia. El año de su desaparición su familia descubrió por primera vez la militancia política de Nydia Erika, siguiendo su profunda convicción por un mundo mejor y más justo. Su desaparición y asesinato no despojó de su dignidad a su familia ni borró su trabajo social, dedicado a sembrar esperanza a través de proyectos de educación popular con niños y niñas de la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá, convencida de que un país distinto era posible. El Estado tardó 26 años en confirmar su identidad mediante pruebas de ADN, una demora que profundizó el dolor de la familia y contribuyó a un escenario de impunidad.
El 12 de marzo de 2026 la Fiscalía declaró el caso de Nydia Erika como un crimen de lesa humanidad perpetrado por agentes estatales.
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Este es un momento muy significativo. He acompañado esta historia desde hace años, en la búsqueda de verdad y justicia. Hoy, desde la Sociedad de Activos Especiales, entregamos este inmueble para que siga siendo un espacio de memoria, de apoyo a las víctimas y de dignificación. No podemos permitir que estas historias se olviden ni que se repitan.
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Amelia Pérez Parra
presidenta de la SAE.
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) surge como respuesta a la exigencia de los familiares de las víctimas en el marco del conflicto armado interno, con el objetivo de contribuir a la búsqueda y localización de las más de 121.000 personas desaparecidas en este contexto y hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
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Transformamos un símbolo del crimen en un espacio para la verdad y la reparación, esta entrega representa el uso más digno que puede tener un bien incautado al narcotráfico.
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Con el propósito de contribuir a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, La Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó en septiembre de 2025 un predio de 373 metros cuadrados a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) a través de la figura de destinación definitiva, que será adecuado como el primer Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación de propiedad estatal, permitiendo fortalecer el trabajo conjunto entre la UBPD y el Instituto de Medicina Legal, para avanzar en la identificación forense de los cuerpos de personas desaparecidas.
Amelia Pérez Parra
presidenta de la SAE.
El fenómeno de la desaparición forzada consiste en el ocultamiento del paradero del cuerpo, los actores y contexto del crimen cometido, busca eliminar cualquier prueba de que el crimen se cometió y deja a la familia sin información alguna de su ser querido, generando así un inmenso miedo y zozobra en los familiares, fracturando de paso el tejido social alrededor de las víctimas. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), entre 1985 y 2016 se documentaron aproximadamente 121.768 personas que fueron desaparecidas forzosamente en Colombia.
Este proyecto cuenta con acompañamiento de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica y se articula con la entrega de otro inmueble por parte de la SAE a la UBPD.
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Todos estos bienes que están aquí tienen que usarse para las víctimas del conflicto armado. Fue un compromiso que hice cuando acepte este cargo con el presidente Gustavo Petro y no solo urbanos, rurales también y lo estamos logrando hasta que termine este gobierno.
La Sociedad de Activos Especiales, como un aporte concreto y determinante para la búsqueda de la verdad y la reparación en el país, entregó un inmueble en destinación definitiva al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el marco de la «Política de Activos para la Memoria». Este espacio ha sido destinado como centro científico de vanguardia, dedicado a la identificación de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, sumando esfuerzos para contribuir a la reparación simbólica en el departamento de Antioquia, uno de los más golpeados por la violencia y en donde convergen los esfuerzos que durante años realizaron las madres buscadoras y mesas de representación de víctimas, agentes clave para la concreción de esta entrega.
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Amelia Pérez Parra
presidenta de la SAE.
Referencias internacionales
En el marco de la construcción de referentes de memoria histórica podemos encontrar ejemplos internacionales de diferentes países que desde su realidad sociopolítica han creado estrategias para la resignificación de sitios de memoria y la fundación de lugares de memoria.
Haz clic en los botones para conocer los referentes.
Información tomada de:
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP)
En México se ha avanzado en la administración y reutilización de bienes confiscados mediante el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), encargado de gestionarlos a nivel federal. Con la promulgación en 2019 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se estableció que dichos bienes pueden destinarse a proyectos sociales, como la construcción de escuelas, hospitales y programas comunitarios. Todo esto con el objetivo de reparar el impacto del crimen organizado en las zonas más afectadas. No obstante, a nivel estatal aún no existen organismos especializados para la gestión de activos relacionados con delitos como el lavado de dinero y la corrupción, lo que evidencia una falta de desarrollo institucional en estas áreas.
Forencic architecture
Forencic architecture es una agencia de investigación que reconstruye violaciones de derechos humanos cruzando arquitectura, video forense, modelos 3D, testimonios y datos abiertos. Ganadora del Beazley Design of the Year 2018 y nominada al Premio Turner, su trabajo demuestra que la materia tiene memoria: edificios, paredes, suelos, todo conserva huellas que pueden ser leídas como evidencia
Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas y Gestión de Activos (SENAD)
En Brasil, la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas y Gestión de Activos (SENAD) administra los bienes confiscados vinculados al narcotráfico, mediante programas como el “Projeto Check In” y el sistema de leilões electrónicos. Los recursos obtenidos se destinan al Fondo Nacional Antidrogas (FUNAD), que financia acciones de prevención, represión y reinserción social. Su labor se centra en garantizar que los activos sean productivos y se conviertan en recursos útiles para financiar políticas públicas.
Agencia de Administración y Destinación de los Bienes Secuestrados y Confiscados a la Criminalidad Organizada
En Italia se ha llevado a cabo el aprovechamiento social de los bienes producto de las actividades criminales para propósitos de reparación y desarrollo territorial. Es un ejemplo que implica repensar y reestructurar no solo el modelo de administración de los activos administrados sino el propósito y sentido mismo de dicha administración, con el involucramiento de actores externos y la consolidación de un modelo jurídico elevado a la calidad de política de estado independiente de la administración de turno, pasando de la lógica de priorizar la monetización y la preservación de valor de los activos a una lógica de uso social, como factor clave para la transformación de los territorios y la superación de los efectos negativos de las actividades criminales. Esta es la premisa que desde la Agencia de Administración y Destinación de los Bienes Secuestrados y Confiscados a la Criminalidad Organizada - creada en 2010- ha permitido que miles de bienes salgan del circuito ilícito y regresen a las manos de la sociedad civil transformando territorios asediados por la mafia, configurando un modelo que se ha constituido en ejemplo en la lucha contra el crimen organizado en Europa Latinoamérica, particularmente en Argentina y Colombia.
Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)
En España, la Ley 4/2015 de 27 de abril sobre el Estatuto de la Víctima del Delito, declara que los bienes decomisados pueden ser destinados a usos sociales. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia es responsable de administrar estos bienes. Una vez monetizados los bienes decomisados se destinan a municipalidades, comunidades autónomas y provincias. Esta destinación se lleva a cabo a través de una invitación pública de subvenciones que debe cumplir con los principios de transparencia, igualdad y objetividad pautados por la ORGA. El resultado de estos bienes está destinado a apoyar la prevención, investigación, persecución de los delitos relacionados con las actividades ilícitas, la prevención de toxicomanías y la asistencia e inserción social de drogodependientes.
Parque por la Paz Villa Grimaldi
El Parque por la Paz Villa Grimaldi es una institución de derechos humanos chilena constituida como referente nacional e internacional de memoria que tiene como objetivo recuperar y poner en valor la memoria histórica de Villa Grimaldi. El parque busca preservar las memorias vinculadas a las víctimas de las acciones del terrorismo de Estado perpetradas en el sitio, para contribuir con la reparación simbólica y la lucha por la verdad y la justicia.
Con el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 se inició en Chile una persecución política y social que buscó acabar con los distintos movimientos, partidos políticos y colectividades que manifestaron su adhesión al gobierno de la Unidad Popular y posterior oposición a la Dictadura. Como parte del Terrorismo de Estado, miles de personas fueron llevadas a diversos centros de tortura, secuestro y exterminio, hechos sistemáticos que dieron cuenta del terror impuesto en el país.
Habitar la Memoria
Resignificar los activos para que cuenten una historia, recordar para reconocer, reconocer para construir una sociedad donde no quepa el horror. Ese recorrido es el de los bienes que transforman la manera en que percibimos nuestra historia y, por ende, la manera en que la habitamos. La memoria es una forma vital de construir ciudadanía, democracia y Estado Social de Derecho. Para el mes de abril del año 2026, la Sociedad de Activos Especiales, recogiendo la experiencia del proceso de democratización, aprovechamiento social, y la impronta de su misionalidad como administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), le entregó al país una política institucional de Activos para la Memoria histórica. Se trata de generar valor público a través de la resignificacion de bienes donde ocurrieron hechos victimizantes, o bien, de espacios entregados a las comunidades donde se realizan ejercicios de memoria independiente de la proveniencia del activo. Ambas prácticas tienen el poder de contar de otra forma los bienes administrados, y atribuirles un valor social específico alrededor de la justicia, la reparación, y la no repetición.Bajo esta impronta, la Sociedad de Activos Especiales pone sobre la mesa esta exposición, como apuesta por un país donde no regrese el horror, y donde habitar la memoria signifique un aporte esencial para la construcción de paz, para la educación que nos aleje de la violencia y sus lógicas, y para afirmar la arquitectura fundamental sobre la cual se construya una sociedad donde se honre la vida. Jairo Andrés Rivera H. - Director de Proyectos de la SAE.
Se atribuye a Johann Paul Friedrich Richter la frase que dice que “La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados”. En Colombia, ese lugar significa un escenario donde el tiempo transcurrió de manera distinta: una habitación donde la verdad y el amor se reúnen en el recuerdo. Allí, la narrativa de las víctimas tiene un común denominador cuando emerge la pregunta ¿Qué habría pasado si el horror no hubiera tocado la puerta? Esa imagen explica la potencia de transformar los espacios a partir de los ejercicios de memoria. Conjurar la palabra para derrotar el miedo, y romper el silencio. Contar una historia silenciada tiene un específico poder sobre las prácticas de la violencia y el terror. Desnudan su incapacidad para eliminar la historia y someterla. La memoria aparece entonces como un acto de resistencia y emancipación fundamentales para re articular el dolor y convertirlo en re existencia. Volver a vivir. El valor de la memoria reside en transformar la manera en que comprendemos la Colombia que habitamos. Es una particular manera de sembrar una conciencia viva sobre las violencias, el horror, el abandono y la indiferencia. En esa medida, es una apuesta por rehacer la palabra, combatir el crimen organizado y la victimización, desde la construcción de ciudadanía y aprendizaje colectivo sobre las heridas del pasado, para no olvidar, para reconocer, para reparar y para no repetir. Jorge Luis Borges tiene una elocuente frase “Somos nuestros recuerdos, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos”. La memoria de las víctimas de un conflicto tan doloroso como el colombiano, comúnmente tiene un mecanismo para regresar al lugar donde el cuerpo de la memoria aparece sin haber sido fragmentado.
Museo sitio de memoria ESMA
El Museo Sitio de Memoria ESMA es un monumento histórico argentino ubicado en la ciudad de Buenos Aires que evidencia el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno Argentino. El edificio era el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada y entre 1976 y 1983 este edificio tuvo una doble función, era el lugar de esparcimiento y descanso de las altas jerarquías de la Armada al mismo tiempo que un lugar de reclusión de personas detenidas y desaparecidas. El museo es una puesta museográfica permanente que actúa como prueba judicial ante la población y las entidades públicas.
Activos Memoria
Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S
Created on May 14, 2026
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Bienvenidos a la exposición virtual
La memoria es el único refugio del que
no podemos ser expulsados.
Introducción
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¿Quién otorga sentido a los lugares? ¿Pueden los espacios transformarse con el tiempo? ¿De qué depende su resignificación?
Esta exposición invita a explorar cómo los bienes inmuebles provenientes de economías ilícitas pueden adquirir nuevos significados que fortalezcan el tejido social con la participación de los actores sociales y comunitarios presentes en los territorios, a través de procesos de transformación simbólica orientados a la reparación y la construcción de paz. Estos lugares dejan de ser huellas de una economía nacional desangrada por la criminalidad para convertirse en escenarios de memoria, reflexión y dignidad. Este ejercicio hace parte del compromiso de la Sociedad de Activos Especiales con la reparación simbólica de las víctimas del conflicto armado, fortalecido tras su incorporación al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), mediante la Ley 2421 de 2024.
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Política de Administración de Activos para la Memoria
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra los bienes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), provenientes de procesos de extinción de dominio asociados a economías ilícitas. Desde su creación en 2014, su gestión se ha orientado a garantizar el uso eficiente de estos activos. Sin embargo, a partir de 2022, la entidad amplía su mirada y reconoce que estos bienes no solo tienen un valor económico, sino también un profundo significado simbólico, social y ambiental. En este contexto, la proveniencia de los activos —marcada por las dinámicas del conflicto y la ilegalidad— se convierte en un elemento clave para su resignificación como parte de los procesos de reparación y construcción de valor público.
Algunos de estos bienes, precisamente por su historia, se transforman en escenarios para la memoria. Los sitios de memoria remiten a lugares donde ocurrieron hechos victimizantes, mientras que los lugares de memoria son espacios resignificados para recordar, narrar y dignificar las experiencias colectivas. Reconocer de dónde provienen estos activos permite comprender su potencial reparador: son bienes que, tras haber sido instrumentos o resultado del daño, pueden convertirse en herramientas para la memoria, la reparación simbólica y la construcción de futuro. Desde esta perspectiva, la SAE impulsa la Política de Activos para la Memoria como una apuesta por transformar el pasado en una oportunidad de reconocimiento, reflexión y no repetición.
La SAE en su compromiso total con la verdad, justicia y garantías de no repetición, entrega a MAFAPO en el mes de octubre de 2025, un inmueble urbano en la ciudad de Bogotá para ser agenciado por la organización, como un lugar de memoria y en defensa de los derechos humanos. En esta casa funcionaran un museo, un café, espacios de trabajo, talleres y encuentros para que las víctimas cuenten su historia y en donde el país pueda escuchar y aprender.
En 2008 se conoció el caso de 19 jóvenes del municipio de Soacha y de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, que habían aparecido en una fosa común en Ocaña, Norte de Santander, tras ser ejecutados y presentados como guerrilleros muertos en combate por parte del Ejército, este hallazgo abrió la puerta a uno de los capítulos más infames de la guerra en Colombia, los mal llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de jóvenes indefensos por parte de las fuerzas armadas en connivencia con actores armados ilegales, que a 2026 se contabilizan en 7837 personas víctimas de esta práctica y que se recogen en el macro caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Frente al enorme riesgo de impunidad y el dolor de la perdida, algunas madres y hermanas de las víctimas de este crimen de estado, deciden organizarse, dando vida a MAFAPO, organización que se convierte en receptora de las denuncias de miles de casos similares provenientes de todo el país, dando cuenta de la sistematicidad de esta práctica, convirtiendo a la organización en un referente de acción, dignidad y justicia para que hechos de esta magnitud no vuelvan a tener lugar y pueda esclarecerse plenamente la responsabilidad de los actores involucrados.
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Nos llena de júbilo hacer esta entrega, porque es una evidencia de la transformación del propósito de la Sociedad de Activos Especiales bajo la resignificación de los activos incautados en lugares para la construcción de paz, justicia y memoria.
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Amelia Pérez Parra
presidenta de la SAE.
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En este orden de ideas y obedeciendo a la voluntad popular, en el mes de abril de 2026 y en el marco de la conmemoración del día nacional por las víctimas, se hizo efectiva la entrega de este activo en el marco de la política de “activos para la memoria” transitando así de un lugar marcado por la muerte, el dolor y la guerra a un espacio destinado a la memoria, la reconciliación y la construcción de paz.
A finales de la década de los noventa el propietario del hotel más prestigioso de San Carlos, municipio del departamento de Antioquia -el Hotel Punchiná- fue extraditado por delitos relacionados con el narcotráfico, como consecuencia, este inmueble pasó inicialmente a la Dirección Nacional de Estupefacientes y posteriormente a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Sin embargo, pocos años después, el predio fue ocupado como centro de operaciones por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) actor armado ilegal que cometió allí violencias sexuales como demostración de poder, desapariciones y asesinatos. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), aproximadamente 18000 de las 25000 personas que habitaban San Carlos fueron desplazadas. Las mujeres que sobrevivieron al conflicto, víctimas directas e indirectas de la violencia, conformaron el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y Reparación (CARE) desde el cual impulsaron la restauración progresiva del inmueble y su resignificación mediante procesos de trabajo comunitario; partiendo de este lugar de dignidad y resistencia, propusieron a la SAE la adjudicación del hotel como una medida de reparación simbólica.
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Esos bienes que están en la SAE tienen que ser para las víctimas, van para un centro de memoria, van para una comunidad. No miro el valor económico, miro el valor que tiene para todos ustedes, para que puedan continuar recordando a sus víctimas de este conflicto, sanando, ayudando de alguna manera a hacer esas catarsis que todos necesitamos.
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Amelia Pérez Parra
presidenta de la SAE.
De esta historia de dolor, dignidad y resistencia nació la Fundación Nydia Erika Bautista, dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia y al acompañamiento de sus familias, su labor ha sido reconocida nacional e internacionalmente como un referente de la memoria, la verdad y la justicia con enfoque de género, estableciendo como base la dignidad de las mujeres y sus cuerpos. Por esta razón, se realiza la destinación de un activo administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para garantizar la continuidad de su labor, siendo este hecho mucho más que un acto administrativo, es una forma concreta de reparación simbólica, un respaldo institucional a la búsqueda de personas desaparecidas y una afirmación del compromiso del Estado con la verdad, la memoria y la no repetición.
En el año 1987, Nydia Erika Bautista, socióloga y economista, fue desaparecida, torturada y asesinada por agentes de la Brigada XX de las Fuerzas Militares de Colombia. El año de su desaparición su familia descubrió por primera vez la militancia política de Nydia Erika, siguiendo su profunda convicción por un mundo mejor y más justo. Su desaparición y asesinato no despojó de su dignidad a su familia ni borró su trabajo social, dedicado a sembrar esperanza a través de proyectos de educación popular con niños y niñas de la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá, convencida de que un país distinto era posible. El Estado tardó 26 años en confirmar su identidad mediante pruebas de ADN, una demora que profundizó el dolor de la familia y contribuyó a un escenario de impunidad. El 12 de marzo de 2026 la Fiscalía declaró el caso de Nydia Erika como un crimen de lesa humanidad perpetrado por agentes estatales.
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Este es un momento muy significativo. He acompañado esta historia desde hace años, en la búsqueda de verdad y justicia. Hoy, desde la Sociedad de Activos Especiales, entregamos este inmueble para que siga siendo un espacio de memoria, de apoyo a las víctimas y de dignificación. No podemos permitir que estas historias se olviden ni que se repitan.
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Amelia Pérez Parra
presidenta de la SAE.
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) surge como respuesta a la exigencia de los familiares de las víctimas en el marco del conflicto armado interno, con el objetivo de contribuir a la búsqueda y localización de las más de 121.000 personas desaparecidas en este contexto y hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
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Transformamos un símbolo del crimen en un espacio para la verdad y la reparación, esta entrega representa el uso más digno que puede tener un bien incautado al narcotráfico.
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Con el propósito de contribuir a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, La Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó en septiembre de 2025 un predio de 373 metros cuadrados a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) a través de la figura de destinación definitiva, que será adecuado como el primer Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación de propiedad estatal, permitiendo fortalecer el trabajo conjunto entre la UBPD y el Instituto de Medicina Legal, para avanzar en la identificación forense de los cuerpos de personas desaparecidas.
Amelia Pérez Parra
presidenta de la SAE.
El fenómeno de la desaparición forzada consiste en el ocultamiento del paradero del cuerpo, los actores y contexto del crimen cometido, busca eliminar cualquier prueba de que el crimen se cometió y deja a la familia sin información alguna de su ser querido, generando así un inmenso miedo y zozobra en los familiares, fracturando de paso el tejido social alrededor de las víctimas. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), entre 1985 y 2016 se documentaron aproximadamente 121.768 personas que fueron desaparecidas forzosamente en Colombia.
Este proyecto cuenta con acompañamiento de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica y se articula con la entrega de otro inmueble por parte de la SAE a la UBPD.
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Todos estos bienes que están aquí tienen que usarse para las víctimas del conflicto armado. Fue un compromiso que hice cuando acepte este cargo con el presidente Gustavo Petro y no solo urbanos, rurales también y lo estamos logrando hasta que termine este gobierno.
La Sociedad de Activos Especiales, como un aporte concreto y determinante para la búsqueda de la verdad y la reparación en el país, entregó un inmueble en destinación definitiva al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el marco de la «Política de Activos para la Memoria». Este espacio ha sido destinado como centro científico de vanguardia, dedicado a la identificación de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, sumando esfuerzos para contribuir a la reparación simbólica en el departamento de Antioquia, uno de los más golpeados por la violencia y en donde convergen los esfuerzos que durante años realizaron las madres buscadoras y mesas de representación de víctimas, agentes clave para la concreción de esta entrega.
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Amelia Pérez Parra
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Referencias internacionales
En el marco de la construcción de referentes de memoria histórica podemos encontrar ejemplos internacionales de diferentes países que desde su realidad sociopolítica han creado estrategias para la resignificación de sitios de memoria y la fundación de lugares de memoria.
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Información tomada de:
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP)
En México se ha avanzado en la administración y reutilización de bienes confiscados mediante el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), encargado de gestionarlos a nivel federal. Con la promulgación en 2019 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se estableció que dichos bienes pueden destinarse a proyectos sociales, como la construcción de escuelas, hospitales y programas comunitarios. Todo esto con el objetivo de reparar el impacto del crimen organizado en las zonas más afectadas. No obstante, a nivel estatal aún no existen organismos especializados para la gestión de activos relacionados con delitos como el lavado de dinero y la corrupción, lo que evidencia una falta de desarrollo institucional en estas áreas.
Forencic architecture
Forencic architecture es una agencia de investigación que reconstruye violaciones de derechos humanos cruzando arquitectura, video forense, modelos 3D, testimonios y datos abiertos. Ganadora del Beazley Design of the Year 2018 y nominada al Premio Turner, su trabajo demuestra que la materia tiene memoria: edificios, paredes, suelos, todo conserva huellas que pueden ser leídas como evidencia
Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas y Gestión de Activos (SENAD)
En Brasil, la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas y Gestión de Activos (SENAD) administra los bienes confiscados vinculados al narcotráfico, mediante programas como el “Projeto Check In” y el sistema de leilões electrónicos. Los recursos obtenidos se destinan al Fondo Nacional Antidrogas (FUNAD), que financia acciones de prevención, represión y reinserción social. Su labor se centra en garantizar que los activos sean productivos y se conviertan en recursos útiles para financiar políticas públicas.
Agencia de Administración y Destinación de los Bienes Secuestrados y Confiscados a la Criminalidad Organizada
En Italia se ha llevado a cabo el aprovechamiento social de los bienes producto de las actividades criminales para propósitos de reparación y desarrollo territorial. Es un ejemplo que implica repensar y reestructurar no solo el modelo de administración de los activos administrados sino el propósito y sentido mismo de dicha administración, con el involucramiento de actores externos y la consolidación de un modelo jurídico elevado a la calidad de política de estado independiente de la administración de turno, pasando de la lógica de priorizar la monetización y la preservación de valor de los activos a una lógica de uso social, como factor clave para la transformación de los territorios y la superación de los efectos negativos de las actividades criminales. Esta es la premisa que desde la Agencia de Administración y Destinación de los Bienes Secuestrados y Confiscados a la Criminalidad Organizada - creada en 2010- ha permitido que miles de bienes salgan del circuito ilícito y regresen a las manos de la sociedad civil transformando territorios asediados por la mafia, configurando un modelo que se ha constituido en ejemplo en la lucha contra el crimen organizado en Europa Latinoamérica, particularmente en Argentina y Colombia.
Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)
En España, la Ley 4/2015 de 27 de abril sobre el Estatuto de la Víctima del Delito, declara que los bienes decomisados pueden ser destinados a usos sociales. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia es responsable de administrar estos bienes. Una vez monetizados los bienes decomisados se destinan a municipalidades, comunidades autónomas y provincias. Esta destinación se lleva a cabo a través de una invitación pública de subvenciones que debe cumplir con los principios de transparencia, igualdad y objetividad pautados por la ORGA. El resultado de estos bienes está destinado a apoyar la prevención, investigación, persecución de los delitos relacionados con las actividades ilícitas, la prevención de toxicomanías y la asistencia e inserción social de drogodependientes.
Parque por la Paz Villa Grimaldi
El Parque por la Paz Villa Grimaldi es una institución de derechos humanos chilena constituida como referente nacional e internacional de memoria que tiene como objetivo recuperar y poner en valor la memoria histórica de Villa Grimaldi. El parque busca preservar las memorias vinculadas a las víctimas de las acciones del terrorismo de Estado perpetradas en el sitio, para contribuir con la reparación simbólica y la lucha por la verdad y la justicia. Con el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 se inició en Chile una persecución política y social que buscó acabar con los distintos movimientos, partidos políticos y colectividades que manifestaron su adhesión al gobierno de la Unidad Popular y posterior oposición a la Dictadura. Como parte del Terrorismo de Estado, miles de personas fueron llevadas a diversos centros de tortura, secuestro y exterminio, hechos sistemáticos que dieron cuenta del terror impuesto en el país.
Habitar la Memoria
Resignificar los activos para que cuenten una historia, recordar para reconocer, reconocer para construir una sociedad donde no quepa el horror. Ese recorrido es el de los bienes que transforman la manera en que percibimos nuestra historia y, por ende, la manera en que la habitamos. La memoria es una forma vital de construir ciudadanía, democracia y Estado Social de Derecho. Para el mes de abril del año 2026, la Sociedad de Activos Especiales, recogiendo la experiencia del proceso de democratización, aprovechamiento social, y la impronta de su misionalidad como administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), le entregó al país una política institucional de Activos para la Memoria histórica. Se trata de generar valor público a través de la resignificacion de bienes donde ocurrieron hechos victimizantes, o bien, de espacios entregados a las comunidades donde se realizan ejercicios de memoria independiente de la proveniencia del activo. Ambas prácticas tienen el poder de contar de otra forma los bienes administrados, y atribuirles un valor social específico alrededor de la justicia, la reparación, y la no repetición.Bajo esta impronta, la Sociedad de Activos Especiales pone sobre la mesa esta exposición, como apuesta por un país donde no regrese el horror, y donde habitar la memoria signifique un aporte esencial para la construcción de paz, para la educación que nos aleje de la violencia y sus lógicas, y para afirmar la arquitectura fundamental sobre la cual se construya una sociedad donde se honre la vida. Jairo Andrés Rivera H. - Director de Proyectos de la SAE.
Se atribuye a Johann Paul Friedrich Richter la frase que dice que “La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados”. En Colombia, ese lugar significa un escenario donde el tiempo transcurrió de manera distinta: una habitación donde la verdad y el amor se reúnen en el recuerdo. Allí, la narrativa de las víctimas tiene un común denominador cuando emerge la pregunta ¿Qué habría pasado si el horror no hubiera tocado la puerta? Esa imagen explica la potencia de transformar los espacios a partir de los ejercicios de memoria. Conjurar la palabra para derrotar el miedo, y romper el silencio. Contar una historia silenciada tiene un específico poder sobre las prácticas de la violencia y el terror. Desnudan su incapacidad para eliminar la historia y someterla. La memoria aparece entonces como un acto de resistencia y emancipación fundamentales para re articular el dolor y convertirlo en re existencia. Volver a vivir. El valor de la memoria reside en transformar la manera en que comprendemos la Colombia que habitamos. Es una particular manera de sembrar una conciencia viva sobre las violencias, el horror, el abandono y la indiferencia. En esa medida, es una apuesta por rehacer la palabra, combatir el crimen organizado y la victimización, desde la construcción de ciudadanía y aprendizaje colectivo sobre las heridas del pasado, para no olvidar, para reconocer, para reparar y para no repetir. Jorge Luis Borges tiene una elocuente frase “Somos nuestros recuerdos, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos”. La memoria de las víctimas de un conflicto tan doloroso como el colombiano, comúnmente tiene un mecanismo para regresar al lugar donde el cuerpo de la memoria aparece sin haber sido fragmentado.
Museo sitio de memoria ESMA
El Museo Sitio de Memoria ESMA es un monumento histórico argentino ubicado en la ciudad de Buenos Aires que evidencia el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno Argentino. El edificio era el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada y entre 1976 y 1983 este edificio tuvo una doble función, era el lugar de esparcimiento y descanso de las altas jerarquías de la Armada al mismo tiempo que un lugar de reclusión de personas detenidas y desaparecidas. El museo es una puesta museográfica permanente que actúa como prueba judicial ante la población y las entidades públicas.