¿Olvidar o no ?

¿Olvidar no ?

la ley del olvido y sus consecuenciasen la sociedad española

Tras la muerte de Francisco Franco en 1975, España inició un complejo proceso de transición hacia la democracia. Este periodo estuvo marcado por la voluntad política de evitar un nuevo enfrentamiento civil y garantizar la estabilidad institucional. En este contexto se impuso lo que se ha denominado comúnmente la “ley del olvido”, una expresión que no designa únicamente la Ley de Amnistía de 1977, sino un pacto político y social implícito basado en el silencio sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. La Ley de Amnistía tuvo un doble efecto: por un lado, permitió la liberación de presos políticos y facilitó el retorno de exiliados; por otro, bloqueó cualquier posibilidad de investigación judicial sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista. Esta ley fue presentada como un instrumento de reconciliación nacional, pero con el paso del tiempo se ha revelado como una ley de punto final, que consagró la impunidad de los perpetradores. Las consecuencias de esta política del olvido han sido profundas y duraderas. Miles de víctimas permanecieron durante décadas sin reconocimiento público ni reparación moral o material. Las fosas comunes siguieron dispersas por el territorio español, muchas sin señalizar ni proteger. El sufrimiento fue relegado al ámbito privado y familiar, transmitido de generación en generación sin espacio en el relato oficial del Estado. El documental El silencio de los otros (2018), dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar, ilustra de forma contundente estas consecuencias. La película da voz a las víctimas del franquismo que, décadas después, siguen reclamando verdad, justicia y reparación. El filme muestra cómo el silencio institucional impuesto por la Transición no solo no cerró las heridas, sino que las cronificó, generando una profunda frustración y una sensación de abandono por parte del Estado. Así, la ley del olvido contribuyó a una democracia formalmente consolidada, pero construida sobre una memoria incompleta, donde la ausencia de justicia transicional dejó una deuda histórica aún no saldada.

Pancartas para reinvindicar la amnistía total en un mitin celebrado en Barcelona en 1976

Miembros del Gobierno de Adolfo Suárez aplauden, de pie, tras haber sido aprobada la proposición de Ley sobre Amnistía en octubre de 1977

Sibylle Perrin juliette guillard

la ley de la recuperación de la memoria histórica y sus consecuencias concretas

Ante las limitaciones del modelo transicional, a partir de los años 2000 comenzó a emerger con fuerza el movimiento memorialista en España. Asociaciones de víctimas, historiadores y organizaciones de derechos humanos impulsaron la necesidad de una intervención pública en materia de memoria. Este proceso culminó con la aprobación de la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta ley supuso el primer reconocimiento oficial del sufrimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Incluyó medidas simbólicas, como la condena de la dictadura, y otras de carácter administrativo y social, entre ellas la retirada de símbolos franquistas del espacio público, la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y ayudas para la exhumación de fosas comunes. Sin embargo, como subraya el texto de referencia, sus consecuencias prácticas fueron limitadas. La ley no declaró la nulidad de las sentencias franquistas ni estableció mecanismos judiciales eficaces para investigar los crímenes. Además, muchas de sus disposiciones dependían de la voluntad política y de la disponibilidad presupuestaria, lo que provocó una aplicación desigual y, en algunos casos, meramente simbólica. La posterior Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, intentó corregir algunas de estas carencias. Esta norma amplió el marco de actuación del Estado, declarando la exhumación de fosas como una política pública, creando un Banco Nacional de ADN y una Fiscalía especializada. Asimismo, introdujo un régimen sancionador frente a la exaltación del franquismo, marcando un cambio significativo respecto a leyes anteriores. No obstante, ambas leyes han generado una fuerte controversia política y social. Para algunos sectores, representan un avance necesario hacia la justicia histórica; para otros, suponen una relectura parcial del pasado que amenaza el consenso de la Transición. Esta falta de consenso ha limitado nuevamente su alcance y ha puesto de manifiesto que la memoria sigue siendo un campo de disputa en la España contemporánea.

Pose colectiva tras una exhumación realizada por familiares de asesinados por el franquismo en Casas de Don Pedro (Badajoz) en 1978. La falta de asistencia técnica en este ciclo de exhumaciones se expresa en la acumulación de restos en los ataúdes que no permite diferenciarlos.

Sibylle Perrin juliette guillard

La polémica sobre el valle de los caidos, cuánto tiempo duró y porqué y cómo ser resolvió

El Valle de los Caídos se ha convertido en uno de los símbolos más controvertidos de la memoria histórica en España. Concebido por el régimen franquista como un monumento a los “caídos por Dios y por España”, fue construido en parte mediante trabajo forzado de presos políticos y albergó durante décadas la tumba de Franco. La polémica en torno a este lugar se intensificó a partir de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007, que limitó los actos de exaltación franquista en el recinto. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión fue el debate sobre la exhumación de los restos de Franco, que se prolongó durante varios años y polarizó a la sociedad española. Las razones de la controversia fueron múltiples: para algunos, el Valle debía conservarse como un lugar de reconciliación; para otros, su existencia misma representaba una humillación para las víctimas del franquismo. El documental El silencio de los otros muestra cómo este espacio simboliza la desigualdad memorial: mientras las víctimas siguen en fosas anónimas, el dictador fue homenajeado durante décadas en un mausoleo monumental. Finalmente, en 2019, el gobierno español procedió a la exhumación de Franco, trasladando sus restos fuera del Valle. La Ley de Memoria Democrática consolidó este proceso al declarar el recinto como un “lugar de memoria democrática”, extinguir la fundación que lo gestionaba y reconocer el derecho de las familias a recuperar los restos de sus seres queridos. Aunque esta resolución no ha cerrado el debate, sí ha marcado un antes y un después en la gestión pública del pasado franquista.

Vue générale du complexe commémoratif El Valle de los Caidos (La Vallée des Tombés) dans la ville de San Lorenzo del Escorial, à 40 km de Madrid, Espagne, 15 juillet 2018.

Sibylle Perrin juliette guillard

Cartel de la película El silencio de los otros

¿Es necesario el deber de memoria o no ?

La experiencia española demuestra que el olvido impuesto no garantiza la reconciliación, sino que posterga el conflicto y perpetúa la injusticia. El deber de memoria no debe entenderse como una revancha ni como una reescritura ideológica de la historia, sino como una responsabilidad democrática. Recordar no significa dividir, sino reconocer a las víctimas, contextualizar el pasado y fortalecer los valores democráticos. Como muestra El silencio de los otros, la memoria no es solo una cuestión del pasado, sino del presente y del futuro: una sociedad que no afronta sus traumas corre el riesgo de repetirlos. Por tanto, el deber de memoria es necesario, siempre que se base en el rigor histórico, el respeto a los derechos humanos y la inclusión de todas las voces. No se trata de imponer una memoria única, sino de abrir espacios de verdad, justicia y reparación que permitan construir una democracia más plena y consciente de su propia historia.

Sibylle Perrin juliette guillard