Los liderazgos sociales y sus familias continuaron siendo víctimas de los grupos armados. Los Organismos de Acción Comunal (OAC) también fueron afectados, en particular, las mujeres comunales y sus familias que fueron amenazadas y presionadas para restringir su participación y liderazgo. Durante el periodo de este Informe, también se vivieron casos de violencia política como el atentado y fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Este fenómeno se ha normalizado y aumentó para las personas menores de 18 años, el riesgo de ser reclutados en zonas de Arauca, Chocó, Catatumbo y sur de Bolívar, tras las crisis humanitarias. Los grupos armados retomaron la extracción violenta de personas menores de 18 años de sus residencias, instituciones educativas, parques y vías. En Arauca, Cauca, Nariño y Valle del Cauca los grupos armados usan canciones, juegos y mensajes con QR, como tácticas para acercarse a esta población.
El Sistema Nacional de Reforma Agraria avanzó con el 'Pacto por la tierra, el agua, el territorio y la vida', aunque enfrentó restricciones de grupos armados y limitaciones a la participación ciudadana. La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito implementó el programa 'RenHacemos' en 5 departamentos, para erradicar la coca y fortalecer economías sostenibles. La búsqueda de personas dadas por desaparecidas continuó enfrentando desafíos con el fortalecimiento de la articulación institucional alrededor del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), la finalización de la formulación de la Política Pública Integral de Búsqueda y el desarrollo de labores en territorios.
Los grupos armados mantuvieron presencia y control en zonas de frontera, utilizándolas para economías ilícitas y evasión institucional. En Nariño, Norte de Santander y Putumayo, se identificaron puntos de cobro de extorsiones y expansión de cultivos de coca y minería ilegal. En la frontera con Venezuela, las minas antipersonal limitaron el tránsito de los pueblos Wayúu, Yukpa y Barí. En la frontera con Ecuador, la destrucción de dos puentes informales afectó el acceso a salud, educación y comercio de comunidades indígenas binacionales.
En Antioquia, Córdoba, Chocó, Cauca, Guaviare, Nariño, Meta, Putumayo y Valle del Cauca, los grupos armados impusieron reglas para la deforestación en áreas ambientalmente protegidas. Estas acciones estuvieron orientadas a la construcción de vías ilegales y a la expansión de actividades mineras, agrícolas y ganaderas. Durante el periodo del Informe, los grupos armados restringieron total o parcialmente el ingreso de la institucionalidad ambiental a los Parques Nacionales Naturales de La Paya, Tinigua, Cordillera de los Picachos, Sierra de la Macarena y Serranía del Chiribiquete.
En Antioquia, Cauca, Chocó, Meta y Guaviare la frecuencia de accidentes con artefactos explosivos reforzó en la población civil la percepción de aumento de contaminación en territorios liberados y en zonas de producción de alimentos y tránsito. La pérdida de señalización y el miedo a denunciar limitan la ayuda humanitaria y el retorno seguro. Los drones están siendo usados para ataques y vigilancia, al igual que para adaptaciones de artefactos explosivos en animales y objetos cotidianos.
El Gobierno nacional y distintos grupos armados avanzaron en mesas e iniciativas de diálogo:
- Norte de Santander, la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) activó una comisión que condujo a la firma del Acuerdo de Catatumbo y la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para el Frente 33 del EMBF.
- En Nariño, la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial entre el Gobierno y Comuneros del Sur logró 6 acuerdos enfocados en la dignificación de víctimas, el desescalamiento del conflicto y reintegración a la vida civil.
- En la Mesa de Diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), se acordó la sustitución de 30.000 hectáreas de coca en Nariño y Putumayo, la creación de dos zonas de capacitación y ubicación temporal, y la destrucción de 14 toneladas de material de guerra.
- En el Espacio de Conversación Sociojurídica con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) , se avanzó en compromisos para reducir la violencia y proteger a niños, niñas y adolescentes, aunque las comunidades expresaron su preocupación por la disputa armada y la limitada presencia estatal.
- En los Espacios de Conversación Sociojurídica (ECSJ) en Buenaventura, Quibdó, Medellín y el Valle de Aburrá, se fortaleció la interlocución con estructuras armadas urbanas para reducir la violencia y proteger los derechos de la población.
Avances en la aplicación territorial, la instalación del Comité de Monitoreo y Seguimiento a su implementación de la Resolución 1325. El Congreso expidió la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en política y garantizar su participación paritaria y en igualdad de condiciones.
Los enfrentamientos entre grupos armados siguieron generando desplazamientos y confinamientos en regiones como Guaviare, Catatumbo y sur de Bolívar. Estas situaciones afectaron la salud mental, las economías locales y el acceso a la educación. Además, los grupos incrementaron la imposición de contribuciones económicas como forma de control, incluso mediante códigos QR.
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Los liderazgos sociales y sus familias continuaron siendo víctimas de los grupos armados. Los Organismos de Acción Comunal (OAC) también fueron afectados, en particular, las mujeres comunales y sus familias que fueron amenazadas y presionadas para restringir su participación y liderazgo. Durante el periodo de este Informe, también se vivieron casos de violencia política como el atentado y fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Este fenómeno se ha normalizado y aumentó para las personas menores de 18 años, el riesgo de ser reclutados en zonas de Arauca, Chocó, Catatumbo y sur de Bolívar, tras las crisis humanitarias. Los grupos armados retomaron la extracción violenta de personas menores de 18 años de sus residencias, instituciones educativas, parques y vías. En Arauca, Cauca, Nariño y Valle del Cauca los grupos armados usan canciones, juegos y mensajes con QR, como tácticas para acercarse a esta población.
El Sistema Nacional de Reforma Agraria avanzó con el 'Pacto por la tierra, el agua, el territorio y la vida', aunque enfrentó restricciones de grupos armados y limitaciones a la participación ciudadana. La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito implementó el programa 'RenHacemos' en 5 departamentos, para erradicar la coca y fortalecer economías sostenibles. La búsqueda de personas dadas por desaparecidas continuó enfrentando desafíos con el fortalecimiento de la articulación institucional alrededor del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), la finalización de la formulación de la Política Pública Integral de Búsqueda y el desarrollo de labores en territorios.
Los grupos armados mantuvieron presencia y control en zonas de frontera, utilizándolas para economías ilícitas y evasión institucional. En Nariño, Norte de Santander y Putumayo, se identificaron puntos de cobro de extorsiones y expansión de cultivos de coca y minería ilegal. En la frontera con Venezuela, las minas antipersonal limitaron el tránsito de los pueblos Wayúu, Yukpa y Barí. En la frontera con Ecuador, la destrucción de dos puentes informales afectó el acceso a salud, educación y comercio de comunidades indígenas binacionales.
En Antioquia, Córdoba, Chocó, Cauca, Guaviare, Nariño, Meta, Putumayo y Valle del Cauca, los grupos armados impusieron reglas para la deforestación en áreas ambientalmente protegidas. Estas acciones estuvieron orientadas a la construcción de vías ilegales y a la expansión de actividades mineras, agrícolas y ganaderas. Durante el periodo del Informe, los grupos armados restringieron total o parcialmente el ingreso de la institucionalidad ambiental a los Parques Nacionales Naturales de La Paya, Tinigua, Cordillera de los Picachos, Sierra de la Macarena y Serranía del Chiribiquete.
En Antioquia, Cauca, Chocó, Meta y Guaviare la frecuencia de accidentes con artefactos explosivos reforzó en la población civil la percepción de aumento de contaminación en territorios liberados y en zonas de producción de alimentos y tránsito. La pérdida de señalización y el miedo a denunciar limitan la ayuda humanitaria y el retorno seguro. Los drones están siendo usados para ataques y vigilancia, al igual que para adaptaciones de artefactos explosivos en animales y objetos cotidianos.
El Gobierno nacional y distintos grupos armados avanzaron en mesas e iniciativas de diálogo:
Avances en la aplicación territorial, la instalación del Comité de Monitoreo y Seguimiento a su implementación de la Resolución 1325. El Congreso expidió la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en política y garantizar su participación paritaria y en igualdad de condiciones.
Los enfrentamientos entre grupos armados siguieron generando desplazamientos y confinamientos en regiones como Guaviare, Catatumbo y sur de Bolívar. Estas situaciones afectaron la salud mental, las economías locales y el acceso a la educación. Además, los grupos incrementaron la imposición de contribuciones económicas como forma de control, incluso mediante códigos QR.