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Comparativa Internacional, Innovación y Lecciones Aplicadas para la Gestión Pública en Ecuador

Autor: EIG Campus

Comparativa Internacional, Innovación y Lecciones Aplicadas para la Gestión Pública en Ecuador - Introducción

Introducción

Profundizar en la comparación internacional y en la interrelación entre financiamiento y evaluación en la gestión pública es indispensable para entender cómo los países más sólidos fiscalmente han logrado construir mecanismos sostenibles de inversión y ejecución presupuestaria. No se trata de copiar modelos, sino de adaptarlos al contexto ecuatoriano, garantizando continuidad de políticas públicas y resiliencia ante cambios económicos globales. La comprensión de estas experiencias fortalece la capacidad de los futuros gestores públicos para tomar decisiones informadas y sustentadas en evidencia.

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Contenido

Evolución del análisis comparativo en gestión financiera pública

El uso de referencias internacionales para mejorar la gestión pública ha evolucionado de forma significativa en las últimas décadas. En la segunda mitad del siglo XX, el intercambio de experiencias se concentraba en replicar estructuras administrativas y marcos legales de países desarrollados. Sin embargo, esa transferencia directa resultaba limitada cuando se encontraba con realidades institucionales, sociales y económicas muy diferentes.

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Con el avance de la globalización y el fortalecimiento de organismos multilaterales como la OCDE, el FMI y el Banco Mundial, el análisis comparativo adquirió un carácter más sofisticado: no basta con estudiar qué hace otro país, es imprescindible comprender por qué lo hace, qué condiciones lo sustentan y cuáles son las herramientas para adaptarlo a una realidad distinta. Hoy, este enfoque incorpora dimensiones como la calidad institucional, la cultura política, la transparencia y la participación ciudadana, elementos que determinan si un mecanismo financiero o de planificación tendrá éxito.

En el ámbito específico de las finanzas públicas

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Experiencias internacionales y lecciones aplicables

España: presupuestación plurianual y estabilidad de proyectos estratégicos España ha consolidado un sistema de presupuestación plurianual que planifica gastos e inversiones a tres o cuatro años vista. Este modelo, regulado por la Ley General Presupuestaria y alineado con las exigencias de la Unión Europea, ofrece certidumbre a los proyectos estratégicos y reduce la dependencia de negociaciones presupuestarias anuales que, en muchos países, paralizan o interrumpen inversiones clave.

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La presupuestación plurianual española se revisa cada año para ajustar proyecciones según la evolución macroeconómica, el cumplimiento de objetivos de déficit y deuda, y las prioridades políticas. Esto permite que, por ejemplo, una infraestructura ferroviaria financiada con fondos europeos mantenga su flujo de inversión aunque cambie el gobierno, asegurando la continuidad y eficiencia de la ejecución.

Para Ecuador

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Chile: fondos soberanos como amortiguadores fiscalesChile implementó en 2007 el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), acumulando excedentes fiscales cuando los precios del cobre están altos y utilizando esos recursos en épocas de recesión o caída de ingresos. Este fondo se administra con criterios técnicos, bajo supervisión del Ministerio de Hacienda y con reportes públicos trimestrales.

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Durante la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020, Chile utilizó recursos del FEES para financiar paquetes de estímulo sin necesidad de aumentar de forma abrupta su endeudamiento. El resultado fue preservar su calificación crediticia y mantener el gasto social en niveles adecuados.

En Ecuador

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Colombia: presupuestos con enfoque transversalColombia ha avanzado en la inclusión de criterios de género y sostenibilidad ambiental en la formulación y ejecución presupuestaria. Esto implica etiquetar partidas que contribuyen a reducir brechas entre hombres y mujeres o que apoyan políticas de mitigación del cambio climático. Además, se integran indicadores de impacto en cada programa, permitiendo evaluar no solo la ejecución financiera, sino el resultado social y ambiental obtenido.

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En 2023, el presupuesto colombiano incluyó más de 18 billones de pesos (aprox. 4.000 millones de USD) en programas etiquetados como contribuyentes a la igualdad de género, con seguimiento público a través del portal de transparencia presupuestaria.Para Ecuador, aplicar un etiquetado presupuestario de este tipo significaría alinear la asignación de recursos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, garantizando que áreas críticas como salud materna, educación inclusiva y protección ambiental tengan prioridad presupuestaria y mecanismos de seguimiento claros.

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Innovación tecnológica y modernización de la gestión financiera

La digitalización de la administración pública ha transformado la forma en que los gobiernos gestionan sus recursos. En Ecuador, el e-SIGEF centraliza la información presupuestaria, contable y de tesorería, pero su potencial aún no se ha explotado plenamente.La incorporación de inteligencia artificial permitiría anticipar caídas en la recaudación tributaria mediante modelos predictivos basados en variaciones económicas y patrones históricos. Esto ayudaría a activar medidas preventivas, como ajustes de gasto o diversificación de fuentes de ingreso.

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El machine learning podría detectar anomalías en la ejecución presupuestaria, identificando posibles sobrecostos o irregularidades contractuales en tiempo real. Por ejemplo, si un contrato de obra pública registra incrementos de costo fuera de patrón, el sistema podría emitir alertas automáticas para auditoría inmediata.La tecnología blockchain, aplicada a procesos de contratación, ofrecería trazabilidad e inmutabilidad a cada paso de una licitación, desde la publicación de pliegos hasta la entrega del bien o servicio, reduciendo espacios para corrupción y aumentando la confianza ciudadana.

La adopción de estas herramientas requiere

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Interrelación entre financiamiento y evaluación

Separar las decisiones de financiamiento de la evaluación de proyectos es uno de los errores más costosos en gestión pública. Un proyecto debe ser evaluado técnica y financieramente antes de definir su fuente de financiamiento, para garantizar que cada dólar invertido genere un retorno social o económico medible. La deuda externa, por ejemplo, es apropiada para proyectos de infraestructura que impulsen la productividad, como carreteras, puertos o redes eléctricas. Sin embargo, financiar gasto corriente con deuda externa genera un costo que las generaciones futuras deberán asumir sin recibir beneficios tangibles.

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Metodologías como el análisis costo-beneficio (ACB), el análisis costo-eficiencia (ACE) o la tasa interna de retorno social (TIRS) son esenciales para determinar la viabilidad y conveniencia de un proyecto. Además, la evaluación debe continuar durante la ejecución y después de la entrega, retroalimentando el ciclo de planificación para mejorar la toma de decisiones futuras.La experiencia regional muestra que desvincular la evaluación del financiamiento puede generar costos muy altos. En México, por ejemplo, varios proyectos de infraestructura carretera financiados con deuda pública terminaron con sobrecostos superiores al 30 % debido a deficiencias en los estudios de prefactibilidad y a una débil supervisión en la ejecución.

De manera similar, en Perú

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Ejemplos recientes en Ecuador

En 2023, el Proyecto de Energías Renovables No Convencionales se financió con bonos verdes y un préstamo concesional del Banco Mundial. La evaluación previa mostró una TIRS superior al 12 %, sustentada en ahorros de importación de combustibles fósiles y beneficios ambientales. Durante la ejecución, el uso del e-SIGEF permitió detectar desviaciones presupuestarias y corregirlas, reduciendo en un 8 % el coste por megavatio instalado.

En contraste

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Retos estructurales y estrategias de mejora

Ecuador enfrenta un contexto de baja presión fiscal —alrededor del 13 % del PIB, según CEPAL—, alta dependencia de ingresos petroleros y rigidez del gasto corriente. La volatilidad de los precios internacionales del petróleo dificulta la planificación y obliga a recurrir frecuentemente al endeudamiento.

Superar estas limitaciones exige

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Conclusiones

El análisis comparativo internacional, la integración entre financiamiento y evaluación, y la incorporación de innovaciones tecnológicas son herramientas clave para modernizar la gestión pública en Ecuador. La adaptación inteligente de experiencias como la presupuestación plurianual española, los fondos soberanos chilenos o el etiquetado presupuestario colombiano puede fortalecer la sostenibilidad fiscal y mejorar la calidad de vida.

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Al mismo tiempo, resulta fundamental que la evaluación de proyectos públicos incorpore de manera sistemática criterios como la Tasa Interna de Retorno Social (TIR social) y el Valor Actual Neto Social (VAN social), indicadores que permiten estimar no solo la rentabilidad financiera, sino también los beneficios sociales y económicos para la colectividad. De esta forma, cada decisión de financiamiento puede justificarse en términos de impacto real sobre el bienestar ciudadano, la equidad territorial y la sostenibilidad a largo plazo.

Profundizar en estas prácticas es

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Bibliografía

Banco Mundial. (2023). Financiamiento sostenible y bonos verdes en América Latina. https://www.bancomundial.orgCEPAL. (2024). Estadísticas de finanzas públicas y presión fiscal en América Latina. Naciones Unidas. https://www.cepal.org Gobierno de Chile. (2020). Reglamento del Fondo de Estabilización Económica y Social. Ministerio de Hacienda. https://www.hacienda.cl

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Ministerio de Hacienda y Función Pública de España. (2023). Presupuestos Generales del Estado y planificación plurianual. https://www.hacienda.gob.esMinisterio de Hacienda de Colombia. (2023). Lineamientos para el etiquetado presupuestario con enfoque de género y sostenibilidad. https://www.minhacienda.gov.co Planifica Ecuador. (2021). Guía metodológica para la formulación y evaluación de proyectos públicos. Secretaría Nacional de Planificación. https://www.planificacion.gob.ec

Tema revisado

En el ámbito específico de las finanzas públicas, esta evolución ha permitido a muchos Estados adoptar innovaciones como la presupuestación plurianual, la creación de fondos soberanos, la integración de criterios transversales en la planificación presupuestaria y la incorporación de tecnologías disruptivas en la administración fiscal.

En contraste, la ampliación del sistema de transporte masivo de Quito, financiada con deuda multilateral, enfrentó sobrecostos y retrasos debido a deficiencias en planificación y coordinación interinstitucional. Este caso ilustra que contar con financiamiento no garantiza el éxito si no se acompaña de evaluación continua y gestión eficiente.

La adopción de estas herramientas requiere no solo inversión en infraestructura digital, sino formación intensiva de los funcionarios y actualización de marcos legales que reconozcan la validez de transacciones electrónicas y protejan datos personales.

De manera similar, en Perú, el proyecto del Gasoducto Sur —financiado inicialmente con participación estatal y deuda— fue cancelado tras detectarse irregularidades y falta de sostenibilidad económica, lo que representó pérdidas fiscales significativas. Estos casos evidencian que el éxito de un proyecto no depende únicamente de disponer de recursos financieros, sino de contar con evaluaciones rigurosas que respalden su viabilidad técnica, económica y social antes, durante y después de la ejecución.

Superar estas limitaciones exige ampliar la base tributaria, combatir la evasión y establecer reglas fiscales que restrinjan el endeudamiento a proyectos con alto retorno social. Paralelamente, es necesario fortalecer las capacidades técnicas en todas las entidades públicas para aplicar de manera rigurosa las metodologías de evaluación y garantizar coherencia en la planificación nacional.

Para Ecuador, cuya economía depende de ingresos volátiles como los petroleros, este modelo ofrece un mecanismo para amortiguar la inestabilidad y garantizar la finalización de proyectos de largo plazo. Un ejemplo hipotético adaptado sería planificar la construcción de un sistema nacional de riego a cuatro años, con asignaciones presupuestarias definidas por fases y blindadas de cambios políticos coyunturales, de manera que los retrasos administrativos no incrementen costos ni afecten su viabilidad.

En Ecuador, un fondo soberano diseñado para recibir excedentes de exportaciones petroleras podría suavizar el impacto de los ciclos de precios internacionales. La clave estaría en establecer reglas claras de ingreso y retiro de fondos, con límites precisos y una gobernanza técnica que evite usos discrecionales. Con ello, por ejemplo, un año de altos ingresos petroleros podría traducirse en reservas suficientes para mantener programas sociales esenciales en periodos de crisis.

Profundizar en estas prácticas es un paso imprescindible para transformar el conocimiento en gestión eficiente y responsable, dotando al Estado de herramientas para asignar mejor los recursos, anticipar riesgos y consolidar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.