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Transcript

Según Carlos Matute (2021) fue en 1982 cuando se determinaron las bases de los sistemas jurídicos que rigen a las responsabilidades administrativas y las contrataciones públicas en la actualidad, además de que "privilegió a la identificación de riesgos para la prevención de actos de corrupción y convertir a los resultados de la evaluación en uno de los principales insumos de la mejora administrativa (Matute González, 2021). Esta situación se derivó de la reforma al Título Cuarto de la Constitución y al artículo 134 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" (CPEUM) .

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"Posteriormente, en los años noventa, con la evolución de la administración pública encaminada hacia un modelo de Nueva Gerencia Pública (NGP) a nivel global, en México se introducen, por medio del ‘Programa de Modernización de la Administración Pública 1995 – 2000’ publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 1996, las primeras “prácticas para la medición de la gestión pública con base en una estrategia básica (misión, objetivos, visión, indicadores, calidad, convenios de desempeño, entre otros)" (Matute González, 2021) dentro de los principios institucionales.

Durante la administración pública dirigida por Vicente Fox del 2000 al 2006, ya con la instauración de la NGP a través de una visión gubernamental con tendencias gerencialistas en el Estado mexicano, la Administración Pública Federal obtuvo avances significativos derivados de la detección y gestión oportuna de riesgos en materia de “transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad administrativa, responsabilidad patrimonial, contrataciones públicas, responsabilidad hacendaria y fiscalización” (Matute González, 2021, pág. 14).

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Durante la administración pública dirigida por Vicente Fox del 2000 al 2006, ya con la instauración de la NGP a través de una visión gubernamental con tendencias gerencialistas en el Estado mexicano, la Administración Pública Federal obtuvo avances significativos derivados de la detección y gestión oportuna de riesgos en materia de:

  1. Transparencia
  2. Rendición de cuentas
  3. Responsabilidad administrativa
  4. Responsabilidad patrimonial
  5. Contrataciones públicas
  6. Responsabilidad hacendaria y fiscalización

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Por su parte, siguiendo la secuencia de los antecedentes del control interno en México, según lo expresado por la Auditoría Superior de la Federación en el Modelo de Evaluación de Control Interno en la Administración Pública Estatal (2015), una de las últimas modificaciones importantes del control interno y de la administración de riesgos en México fue en el 2014 cuando se adaptaron y adoptaron las actualizaciones del COSO 2013, tal como se menciona a continuación:

Pulsa en los botones para conocer la información.

Adopción del Marco Integrado de Control Interno para fortalecer la gestión pública

Herramientas de la ASF para la gestión y autoevaluación de riesgos en el sector público

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Adopción del Marco Integrado de Control Interno para fortalecer la gestión pública

El Grupo de Trabajo de Control Interno, del Sistema Nacional de Fiscalización, del cual la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública forman parte, en su Quinta Reunión Plenaria, llevada a cabo el 20 de noviembre de 2014, emitió el “Marco Integrado de Control Interno” para el sector público, basado en los componentes, principios y puntos de interés que las mejores prácticas internacionales consideran en esta materia, el cual proporciona un modelo general que puede ser adoptado y adaptado por las instituciones en los tres órdenes de gobierno, con el objeto de establecer, mantener y mejorar el sistema de control interno, a fin de cumplir con los objetivos institucionales.

Herramientas de la ASF para la gestión y autoevaluación de riesgos en el sector público

Asimismo, durante la realización del estudio, la ASF desarrolló diversas herramientas técnicas en materia de control interno y administración de riesgos, como la Guía para la Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, la cual tiene como finalidad reforzar y enfocar los esfuerzos de las instituciones en la administración de riesgos, así como el Sistema Automatizado de Administración de Riesgos, el cual tiene como propósito facilitar y documentar la autoevaluación de riesgos en las instituciones del sector público a través de un sistema especializado en el registro de riesgos que permita identificar, evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el logro y cumplimiento de los objetivos institucionales (ASF, 2015).