Análisis de las propuestas de minería en los programas de gobierno

Análisis de las propuestas de minería en los programas de gobierno

El especialista en minería Jaime Cuellar analiza cada punto de las propuestas electorales referidas al tema minero desde la perspectiva legal, técnica y desde la viabilidad de su aplicación.

Para ver el análisis de las propuestas electorales en minería, haga click en cada imagen.

Análisis de la propuesta de Alianza Popular

(Haga clik en cada uno de los subtítulos)

2. Creación de una Nueva Empresa Estatal Estratégica de Minería y Metalúrgica

1. Industrialización soberana de la cadena minera

3. Revisión y fiscalización de los contratos mineros

4. Transparencia y redistribución de regalías

5. Formalización, control y transformación de las cooperativas mineras

6. Defensa jurídica del patrimonio nacional

7. Minería en armonía con la Madre Tierra

8. Impulso al conocimiento geológico y metalúrgico

10. Soberanía en la comercialización internacional

9.Educación técnica especializada

INicio

Análisis de la propuesta de Súmate

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2. Incentivos mediante préstamos para micro, pequeña y mediana minería

1. Reforma consensuada del Código Minero

3. Reestructuración de las instancias de supervisión

4. Desarrollo de empresas de economía mixta

5. Reconocimiento y apoyo a las cooperativas mineras

6. Relaciones con entidades comerciales internacionales y mejora en condiciones de exportación

7. Política para exploración y aprovechamiento de minerales críticos y tierras raras

8. Litio: Ley Marco, seguridad jurídica, inversión privada y offtake agreements

INicio

Análisis de la propuesta de Libertad y Democracia Libre

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2. Garantizar seguridad jurídica con acuerdos multilaterales. Volver al sistema de concesiones

1. Atraer inversiones nacionales y extranjeras

3. Establecer un sistema impositivo competitivo a nivel internacional

4. Incentivar la exploración privada, a su riesgo

5. Eliminar la minería ilegal

6. Apoyo a inversionistas locales, especialmente cooperativas

7. Promoción de la educación técnica y profesional en minería

8. Litio: Auditoría a contratos con empresas rusa y china, atracción de inversión internacional, provisión de servicios básicos

INicio

Análisis de la propuesta del Movimiento Al Socialismo

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2. “Recuperar el papel rector del Estado”

1. “Promover una actividad minera integral”

3. “Redistribución de la riqueza y respeto a las comunidades”

4. “Conservación de los ecosistemas”

INicio

Análisis de la propuesta del Partido Demócrata Cristiano

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2. Promoción de la minería responsable y formalización de cooperativas

1. Fortalecimiento del marco normativo y seguridad jurídica para la inversión minera

4. Implementación de tecnologías limpias y gestión ambiental integral

3. Participación activa y consulta previa a pueblos indígenas y comunidades originarias

5. Fortalecimiento de la gobernanza y transparencia en la cadena productiva minera

INicio

Análisis de las propuestas de Unidad

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2. 50 millones de dólares para preservar el Cerro Rico

1. Fortalecimiento a las cooperativas mineras

3. Litio, un eje estratégico prioritario

4. Una nueva Ley de Minería

5. Fortalecimiento de empresas estatales como Huanuni, Vinto o COMIBOL

6. Auditoría a entidades clave

7. Sobre los pasivos ambientales

8. Inclusión de una política para tierras raras y metales críticos

9. Fortalecimiento del talento humano

10. Conclusión

INicio

7. Promoción de la educación técnica y profesional en minería

Crítica técnica: Es una necesidad real, pero no se vincula con una estrategia de inserción laboral ni con un plan nacional de industrialización. No basta formar técnicos si el mercado laboral minero está informalizado y precarizado. Crítica legal: Se requiere una adecuación curricular en universidades e institutos técnicos, y convenios internacionales de formación avanzada. Aplicación práctica: Sin planificación, estos profesionales terminarán absorbidos por el sector informal o subempleados.

4. Implementación de tecnologías limpias y gestión ambiental integral

Crítica técnica: La incorporación de tecnologías limpias es una necesidad urgente. Sin embargo, el PDC no detalla qué tecnologías serían promovidas, cómo se financiaría su adopción, ni qué incentivos fiscales o normativos se otorgarían. Tampoco se menciona la eliminación progresiva del mercurio, a pesar de que Bolivia es uno de los mayores consumidores de este elemento tóxico en el hemisferio sur. Crítica legal: La actual Ley de Medio Ambiente (1333) y su reglamento son obsoletos frente a los desafíos del siglo XXI. No se propone ninguna actualización normativa, ni se articula una nueva ley sobre pasivos ambientales, minería verde o economía circular. Aplicación práctica: Hablar de “tecnologías limpias” sin vinculación con planes de desarrollo científico, convenios internacionales de transferencia tecnológica o alianzas con centros de innovación es repetir un discurso ambientalista desanclado de la realidad institucional del país.

2. Incentivos mediante préstamos para micro, pequeña y mediana minería (IFDN)

Crítica técnica: El crédito minero es una herramienta útil, pero sin garantías, trazabilidad ni condiciones de reinversión sostenible, puede transformarse en subsidio improductivo o fuente de corrupción. Crítica legal: El Instituto de Fomento al Desarrollo Nacional (IFDN) no tiene mandato legal específico para la minería. Se requeriría una ley que defina sus atribuciones, cree líneas sectoriales de financiamiento y establezca esquemas de riesgo compartido. Aplicación práctica: En el contexto de informalidad generalizada, muchos pequeños productores no cumplen los requisitos de acceso formal al crédito. Por tanto, el instrumento podría beneficiar solo a una élite empresarial o cooperativista con capacidad de lobby.

2. Promoción de la minería responsable y formalización de cooperativas

Crítica técnica: Este es uno de los puntos más sensibles del debate minero nacional. La minería cooperativa responsable de más del 80% de la producción aurífera opera en gran medida fuera del control del Estado, sin declaración de producción, sin licencia ambiental, sin fiscalización laboral ni tributaria. Formalizar sin sancionar ni reestructurar el modelo cooperativo solo perpetúa la informalidad con rostro legal. Crítica legal: Se requiere una reforma normativa del régimen cooperativo minero, que hoy permite el uso de fachada para la explotación ilegal, la tercerización laboral encubierta y el ingreso de capitales no controlados. No se menciona ninguna modificación a la Ley General de Cooperativas ni a normas Tributarias. Aplicación práctica: En lugar de premiar con apoyo técnico a estructuras que operan en la ilegalidad, el Estado debería establecer un sistema de control obligatorio, trazabilidad y sanción progresiva, acompañado de incentivos para la reconversión productiva. Esta dimensión está ausente.

4. Incentivar la exploración privada, a su riesgo

Crítica técnica: Es correcto incentivar la exploración, pero no se menciona ningún “sistema de certificación de reservas”, plataforma digital de catastro minero, ni vinculación con SERGEOMIN. Además, sin protección ambiental adecuada, este incentivo puede abrir la puerta a exploraciones destructivas en territorios vulnerables. Crítica legal: Se omite la consulta previa a pueblos indígenas y las restricciones en áreas protegidas, lo cual puede generar conflictos sociales y violaciones a derechos fundamentales. Aplicación práctica: Incentivar exploración privada sin mapas geológicos públicos y sin control estatal es dar luz verde a un nuevo ciclo de extractivismo descontrolado.

10. Soberanía en la comercialización internacional

Crítica técnica: No se explica si se pretende un monopolio estatal, un sistema mixto, o una plataforma de trazabilidad digital. Crítica legal: Se requiere reformar el rol de SENARECOM y crear una Ley de Trazabilidad y Certificación de Minerales, en línea con estándares internacionales. Aplicación práctica: En un contexto donde el 70% del oro sale del país sin control real, hablar de “soberanía comercial” sin estructura de control es solo retórica.

5. Eliminar la minería ilegal

Crítica técnica: Es el único partido que menciona explícitamente esta prioridad. No obstante, lo hace sin ningún plan operativo, instrumento legal ni institucional. No se menciona de las instituciones de Seguridad del Estado, la Fiscalía, SENARECOM ni la inteligencia financiera, entre otros. Crítica legal: No se propone una ley de interdicción a la minería ilegal, ni reforma a las atribuciones del Estado para intervenir en áreas avasalladas o parques nacionales. Aplicación práctica: La expresión “eliminar” la minería ilegal, sin instrumentos ni presupuesto, es un acto de voluntarismo político vacío frente a un fenómeno estructural y profundamente arraigado en el país.

5. Fortalecimiento de la gobernanza y transparencia en la cadena productiva minera

Crítica técnica: Este es uno de los pilares más importantes del debate minero global. Sin embargo, el PDC no establece mecanismos operativos para la fiscalización, la digitalización de la cadena productiva ni la trazabilidad obligatoria de los minerales. En un país donde gran parte del oro se comercializa sin certificar su origen, sin control aduanero y sin verificación ambiental, la transparencia no puede quedar en el terreno de la aspiración. Crítica legal: Se requiere una ley de trazabilidad minera, que integre SENARECOM, la Aduana, AJAM, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minería en un sistema digital, interoperable y de acceso público. Esta necesidad no es mencionada. Aplicación práctica: Sin herramientas tecnológicas, personal capacitado y voluntad política, la gobernanza y la transparencia seguirán siendo elementos decorativos en los discursos electorales.

4. Una nueva ley minera

La intención de elaborar una nueva Ley de Minería es tal vez el punto más estructural y transformador de toda la propuesta. Se plantea aumentar regalías al 11% igual que los hidrocarburos, lo cual podría significar ingresos importantes para regiones productoras. No obstante, una ley de esta naturaleza no puede limitarse a la redistribución fiscal. Debe redefinir el modelo de gobernanza minera en Bolivia, establecer un régimen diferenciado para minerales estratégicos, incorporar principios de sostenibilidad ambiental, justicia intergeneracional, consentimiento libre, previo e informado, y trazabilidad obligatoria. Además, debe definir la articulación entre los niveles de gobierno, las competencias de las empresas públicas, el régimen de participación privada y los mecanismos de fiscalización, remediación y reparación.

3. Revisión y fiscalización de los contratos mineros

Crítica técnica: La fiscalización efectiva requiere una reingeniería profunda de la AJAM, incluyendo digitalización, auditoría independiente, y fortalecimiento técnico-jurídico. Crítica legal: No se plantea un mecanismo para la revisión contractual conforme al principio de seguridad jurídica y respeto al derecho adquirido, lo cual podría generar arbitrajes internacionales o demandas ante el CIADI. Aplicación práctica: En un contexto de institucionalidad frágil, una “revisión” sin instrumentos objetivos puede derivar en discrecionalidad política, persecución selectiva o extorsión.

2. Garantizar seguridad jurídica con acuerdos multilaterales. Volver al sistema de concesiones

Crítica técnica: Volver al sistema de concesiones (eliminado en la Ley 535) implicaría el abandono del modelo actual de contratos administrativos, con lo cual el Estado perdería capacidad de fiscalización directa. Este sistema fue el que permitió, en el pasado, la concentración de áreas mineras en manos de pocos actores y fomentó el acaparamiento especulativo. Crítica legal: Esta propuesta es “incompatible con el artículo 349 de la CPE”, que establece que los recursos naturales son de carácter público, indivisible e imprescriptible. Retornar al sistema de concesiones requiere una reforma constitucional, lo cual no se menciona ni se justifica. Aplicación práctica: Volver a las concesiones facilitaría la legalización de actores privados sin control estatal real, eliminando la posibilidad de reversión de áreas y debilitando el rol rector del Estado.

5. Fortalecimiento de empresas estatales como Huanuni, Vinto o COMIBOL

En cuanto al fortalecimiento de empresas estatales como Huanuni, Vinto o COMIBOL, el programa reconoce la necesidad de liberarlas de injerencias políticas y convertirlas en empresas eficientes, orientadas por la meritocracia. Esta es una tarea esencial. Sin embargo, no se establece el instrumento jurídico para ello. ¿Se modificará su naturaleza jurídica? ¿Se las convertirá en corporaciones con autonomía presupuestaria y operativa? ¿Se las vinculará con agencias internacionales de supervisión o estándares ESG (ambientales, sociales y de gobernanza)? Sin estos elementos, la reestructuración de empresas estatales corre el riesgo de ser solo un cambio de rostros dentro del mismo sistema clientelar.

7. Sobre los pasivos ambientales

Respecto a los pasivos ambientales, se menciona la necesidad de normar el tratamiento de insumos contaminantes y establecer un fondo para comunidades afectadas. No obstante, no se menciona el mercurio, a pesar de que Bolivia es el segundo mayor consumidor de mercurio del continente. Tampoco se propone una Ley de Remediación, ni se plantea cómo se financiarán los fondos de reparación: ¿a través de cánones específicos? ¿Responsabilidad extendida de operadores? ¿Impuestos ambientales? Asimismo, el programa no incluye mecanismos de protección para defensores ambientales, ni protocolos de seguridad para comunidades indígenas amenazadas por la expansión minera ilegal. Este es un vacío ético y político inaceptable.

2. Invertir 50 millones de dólares para preservar el Cerro Rico

La propuesta de invertir 50 millones de dólares para preservar el Cerro Rico de Potosí refleja una preocupación legítima por un ícono patrimonial y cultural, pero su efectividad dependerá completamente de los mecanismos de ejecución y transformación tecnológica planteados. A la fecha, múltiples esfuerzos de consolidación estructural del Cerro han fracasado por falta de continuidad, corrupción o conflictos con cooperativistas. En este contexto, la viabilidad técnica del proyecto exige un régimen especial de intervención, con participación del Comité de Patrimonio de la UNESCO, del Ministerio de Culturas, de la Gobernación y de la AJAM, bajo supervisión externa y sin injerencia corporativa o política. De lo contrario, los recursos terminarán alimentando el mismo sistema informal que ha generado la degradación actual.

2. “Recuperar el papel rector del Estado”

Crítica técnica: Esta intención no ha pasado del papel. COMIBOL sigue siendo una empresa desmantelada, sin capacidad operativa ni técnica, reducida a funciones burocráticas. YLB, encargada del litio, ha protagonizado contratos opacos, sin industrialización efectiva ni fiscalización ciudadana. En la práctica, el Estado ha delegado el control del oro a las cooperativas y el litio a capitales extranjeros, sin capacidad de regulación. Crítica legal: Para que el Estado recupere un verdadero rol rector, se necesita una nueva arquitectura institucional minera, basada en autonomía técnica, fiscalización cruzada, inteligencia financiera y planificación multisectorial. Nada de esto se menciona. Aplicación práctica: El Estado, en el contexto actual, no dirige, no fiscaliza y no controla. Las decisiones estratégicas están dispersas, fragmentadas o cooptadas por intereses privados que operan bajo la fachada de cooperativas.

7. Minería en armonía con la Madre Tierra

Crítica técnica: Este eslogan carece de operatividad sin un sistema de evaluación de impacto ambiental riguroso, con vigilancia comunitaria, auditorías independientes y monitoreo satelital. Crítica legal: Requiere armonización de la Ley de Minería y la Ley de la Madre Tierra, que actualmente entran en contradicción respecto al uso intensivo de recursos naturales. Aplicación práctica: La minería aurífera hoy es uno de los principales focos de contaminación por mercurio, deforestación y desplazamiento de pueblos indígenas. Sin políticas específicas, esta frase es ambientalmente vacía.

6. Relaciones con entidades comerciales internacionales y mejora en condiciones de exportación

Crítica técnica: Plantear relaciones internacionales sin mencionar mecanismos de certificación o trazabilidad mina la legitimidad de cualquier exportación. Bolivia está bajo observación internacional por exportar oro sin origen verificado. Crítica legal: Las relaciones comerciales deben alinearse con estándares internacionales y convenios de debida diligencia. Sin trazabilidad, Bolivia corre riesgo de sanciones y bloqueos comerciales. Aplicación práctica: Si no se implementa un sistema de certificación digital del oro, ninguna relación internacional sostenible será viable, ya que los mercados exigentes no aceptarán productos sin verificación de origen ni garantías ambientales.

3. Establecer un sistema impositivo competitivo a nivel internacional

Crítica técnica: El sistema tributario minero boliviano ya es uno de los más flexibles de la región, especialmente para cooperativas. Plantear una “mayor competitividad” sin especificar parámetros podría significar una reducción de regalías o impuestos, afectando directamente los ingresos del Estado y de las regiones productoras. Crítica legal: Cualquier reforma impositiva debe respetar el principio de equidad tributaria, lo que implica que todos los actores, incluidas cooperativas, deben tributar con proporcionalidad, algo que este programa no aborda. Aplicación práctica: En el contexto actual de evasión fiscal sistemática, especialmente en la minería aurífera, esta medida puede convertirse en una herramienta de legalización de la informalidad sin mecanismos de control ni compensación social.

1. Atraer inversiones nacionales y extranjeras

Crítica técnica: Si bien la inversión es un componente fundamental para el desarrollo minero, no se menciona ningún requisito sobre transferencia tecnológica, responsabilidad ambiental ni fortalecimiento institucional. Sin estos componentes, atraer capital significa, en la práctica, facilitar la explotación sin valor agregado y sin control soberano. Crítica jurídica: No se aclara si se respetará la Constitución Política del Estado (CPE) que establece la propiedad estatal de los recursos naturales y el modelo económico social y comunitario. La atracción de inversión no puede significar un retroceso normativo. Aplicación práctica: Sin establecer condiciones claras, esta propuesta puede convertirse en una carta blanca para capitales especulativos que extraen y exportan sin dejar beneficios reales al país.

8. Inclusión de una política para tierras raras y metales críticos

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es la inclusión de una política para tierras raras y metales críticos. Se plantea el desarrollo de yacimientos de clase mundial con empresas de prestigio internacional. Esto representa una oportunidad histórica para insertar a Bolivia en la transición energética global. Sin embargo, para evitar repetir los errores del modelo litio, se requiere una “Ley Nacional de Minerales Estratégicos”, que defina claramente qué elementos se consideran críticos, cómo se regulará su extracción, bajo qué estándares, con qué tecnología, con qué mecanismos de fiscalización y con qué destino final. Esta ley debe incluir por ejemplo la creación de un “Instituto Nacional de Investigación Geometalúrgica”, la articulación con universidades y centros tecnológicos, y un plan de formación técnica e industrial para el nuevo tipo de minería que el país necesita.

3. Participación activa y consulta previa a pueblos indígenas y comunidades originarias

Crítica técnica: Este enunciado responde a una deuda histórica con los pueblos indígenas, especialmente en territorios vulnerados por el extractivismo aurífero y aurífero-ilícito. No obstante, no se menciona cómo se garantizará la implementación vinculante de la consulta a la otorgación de cualquier derecho minero en Licencias y Contratos Mineros, ni qué estándares internacionales se adoptarán (Convenio 169 de la OIT, Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas). Crítica legal: Actualmente, la consulta previa en Bolivia es simbólica o inexistente. La legislación vigente no establece parámetros claros de consentimiento informado, ni mecanismos de participación técnica, ni indemnización ambiental o territorial. El PDC no propone ninguna reforma en este sentido. Aplicación práctica: Sin institucionalidad intercultural, sin observadores independientes y sin mecanismos de ejecución, la consulta previa corre el riesgo de convertirse en un trámite administrativo más, sujeto a manipulación política o empresarial.

3. “Redistribución de la riqueza y respeto a las comunidades”

Crítica técnica: No existe un sistema real de redistribución de los excedentes mineros. Las regalías son mínimas, muchas veces evadidas, y no hay transparencia en la comercialización. Los municipios productores están saturados de pasivos ambientales sin compensación, y las comunidades indígenas son desplazadas o cooptadas por actores mineros ilegales. Crítica legal: No se menciona ninguna propuesta para modificar el régimen tributario, crear un fondo de compensación ambiental ni un mecanismo para garantizar la participación indígena en la renta minera. Además, no se plantea ningún instrumento para garantizar la consulta previa libre e informada. Aplicación práctica: Las comunidades son sistemáticamente excluidas de los beneficios del extractivismo, la minería aurífera ha arrasado bosques, envenenado ríos con mercurio y debilitado las estructuras comunitarias, sin que el Estado (bajo gestión del MAS) actúe con contundencia.

8. Litio: Auditoría a contratos con empresas rusa y china, atracción de inversión internacional, provisión de servicios básicos

Crítica técnica: La auditoría a contratos con YLB y sus socios es necesaria, pero no se dice con qué metodología, qué institución la liderará ni cómo se garantizará transparencia. Se omite la creación de valor agregado local o desarrollo de una cadena de baterías. Crítica legal: No se menciona la necesidad de una Ley Marco del Litio, ni se plantea cómo resolver la contradicción entre control estatal y participación extranjera. Aplicación práctica: Sin mecanismos de rendición de cuentas, la auditoría puede ser solo un acto político sin consecuencias.

9. Educación técnica especializada

Crítica técnica: No basta con formar técnicos si no existen empleos dignos en el ámbito minero, formales y sostenibles. Crítica legal: Se requiere una reforma a la Ley Avelino Siñani para introducir módulos técnicos especializados en regiones mineras. Aplicación práctica: Sin articulación con el sector productivo y sin financiamiento, esta propuesta no pasa de ser un deseo.

6. Defensa jurídica del patrimonio nacional

Crítica técnica: No se detalla si esto implica litigios internacionales, recuperación de yacimientos avasallados, o lucha contra contratos lesivos o lucha contra la minería ilegal u otro delito relacionado a la comercialicen ilegal de minerales. Crítica legal: Sin un equipo técnico especializado en litigio minero internacional ni reforma a la Procuraduría General del Estado, esta promesa es simbólica. Aplicación práctica: La defensa efectiva del patrimonio minero requiere, además, un catastro actualizado, una política nacional de inteligencia geológica y capacidad operativa de interdicción en campo.

6. Auditorías a entidades clave como la AJAM, SENARECOM y SERGEOMIN

La auditoría a entidades clave como la AJAM, SENARECOM y SERGEOMIN es urgente, pero debe complementarse con la creación de un “Sistema Nacional de Trazabilidad Minera”, integrado por una plataforma digital de registro de origen, derechos otorgados, volumen, valor, destino y comprador final de minerales, especialmente oro. Bolivia ha sido cuestionada a nivel internacional por ser un centro de exportación de oro sin trazabilidad, con serias sospechas de lavado de dinero, financiamiento del crimen organizado y contrabando a escala regional. Que un programa con esta extensión no incluya un capítulo específico sobre trazabilidad del oro, control de comercialización, fiscalización cruzada y certificación ambiental, es una omisión crítica que socava todo el esfuerzo institucional planteado.

3. El litio como un eje estratégico prioritario

El componente referido al litio se configura como un eje estratégico prioritario dentro del programa, al proponerse su desarrollo bajo un enfoque de gestión compartida entre el nivel central del Estado y las regiones productoras, complementado con una auditoría integral a los proyectos ejecutados en anteriores gestiones gubernamentales, particularmente aquellos impulsados por el MAS. Esta iniciativa, orientada a transparentar procesos y corregir desviaciones institucionales, constituye un avance respecto al elucubramiento histórico que ha caracterizado a este sector. La conformación de Consejos Técnicos del Litio y el énfasis en generar valor agregado son lineamientos conceptualmente acertados, pero que deberán ser definidos en norma específica y con la participación de los distintos niveles del Estado que poseen este recurso. Sin embargo, la propuesta presenta vacíos estructurales relevantes al no precisar el modelo industrial a adoptarse, ya sea estatal, mixto o bajo un régimen de asociación público-privada, aspecto clave para brindar certidumbre jurídica, operacional y de inversión. Esta indefinición puede derivar en conflictos de competencia entre distintos niveles de gobierno, así como en disfuncionalidades institucionales. En ese marco, la cogestión territorial que se plantea debe estar necesariamente respaldada por una ley marco que establezca con precisión los ámbitos de competencia, las atribuciones específicas de cada instancia, las fuentes de financiamiento sostenibles y los mecanismos formales de rendición de cuentas, con el fin de garantizar una gobernanza efectiva, transparente y alineada con estándares internacionales.

En términos generales, en este programa su principal debilidad es que no enfrenta con contundencia y frontalidad la minería ilegal, la trazabilidad del oro, ni la captura institucional en zonas mineras. No plantea una ley de interdicción, ni un plan de control satelital, ni una unidad especial de lucha contra el crimen organizado en minería. Tampoco menciona el rol de las Fuerzas Armadas o la Policía en la protección de áreas protegidas frente al ingreso de cooperativas ilegales. Y lo más preocupante: no se presenta ninguna estrategia para el control y supervisión de los flujos financieros ilegales asociados al oro. En síntesis, si bien esta propuesta contiene componentes claves que pueden sentar las bases para una reingeniería del sector minero boliviano, su eficacia dependerá de tres elementos indispensables: (1) la voluntad política para romper con las mafias cooperativistas e intereses corporativos que hoy capturan el Estado, (2) la creación de un marco jurídico robusto y moderno que vincule soberanía, sostenibilidad, transparencia e innovación tecnológica, y (3) la construcción de un sistema institucional autónomo, profesionalizado y blindado contra la corrupción y la captura política. Sin estos tres pilares, cualquier reforma quedará atrapada en la retórica del cambio sin capacidad real de transformación.

8. Litio: Ley Marco, seguridad jurídica, inversión privada y offtake agreements

Crítica técnica: Plantear venta anticipada sin un modelo de desarrollo soberano puede hipotecar el futuro. Los offtake agreements deben garantizar no solo ingresos, sino participación nacional en la cadena de valor. Crítica legal: Una Ley Marco del Litio es urgente, pero debe incluir cláusulas de beneficio compartido, control estatal, consulta indígena y respeto al derecho ambiental. Aplicación práctica: Si no se corrigen los errores de YLB y se continúa sin rendición de cuentas, cualquier nuevo contrato volverá a ser objeto de opacidad, conflicto social o fracaso técnico, como ocurrió con el consorcio chino.

1. Fortalecimiento a las cooperativas mineras

En primer lugar, el fortalecimiento de las cooperativas mineras se plantea como punto de partida para transformar el sector desde su base social. Esta estrategia parece partir de una lectura amable del fenómeno cooperativista, olvidando que, en la práctica, una gran parte de las cooperativas mineras en Bolivia funcionan como empresas privadas encubiertas, sin fiscalización, con redes de subcontratación, tercerización laboral, evasión tributaria y graves impactos socioambientales. Esta informalidad ha devenido en criminalidad organizada en muchos casos, con ramificaciones en actividades como el contrabando de oro, el tráfico de mercurio, el financiamiento de redes ilícitas transnacionales y la penetración en territorios indígenas y áreas protegidas. En este sentido, “fortalecer las cooperativas sin un régimen de control estricto equivale a institucionalizar la ilegalidad”. El programa no especifica cómo se garantizará el cumplimiento de la normativa ambiental, ni plantea mecanismos efectivos de auditoría social o fiscal. No se menciona el rol de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en el otorgamiento de contratos mineros ni se establece un régimen sancionatorio específico para las cooperativas incumplidoras.

7. Política para exploración y aprovechamiento de minerales críticos y tierras raras

Crítica técnica: Este es uno de los pocos puntos que apunta a futuro, pero carece de un diseño estructural. No se menciona el mapeo geológico, ni inversión en laboratorios, ni alianzas con centros tecnológicos globales. Crítica legal: Se necesita una “Ley Nacional de Tierras Raras y Minerales Críticos” que regule desde la exploración hasta la comercialización con valor agregado. No basta con mencionar su importancia estratégica. Aplicación práctica: Si Bolivia no actúa con rapidez y visión, otros países capitalizarán su pasividad mediante empresas pantalla o acuerdos extractivos sin transferencia tecnológica. La oportunidad de las tierras raras no será eterna.

4. Desarrollo de empresas de economía mixta para producción y comercialización

Crítica técnica: La figura de empresa mixta es viable y recomendable si se garantiza transferencia tecnológica, transparencia financiera y soberanía en la toma de decisiones. Pero no se mencionan mecanismos para evitar la dependencia de capital extranjero o la evasión de regalías. Crítica legal: Estas empresas deben estar reguladas por la Ley de Empresas Públicas y la Ley de Inversiones, y requieren un marco específico para la distribución de utilidades, fiscalización y auditoría externa. Aplicación práctica: El riesgo es repetir experiencias como Mutún, donde la empresa mixta con capital extranjero fracasó por falta de control estatal y sobreestimación de capacidades del socio privado.

6. Apoyo a inversionistas locales, especialmente cooperativas

Crítica técnica: La propuesta omite que las cooperativas mineras, en muchos casos, operan en la ilegalidad, sin licencia ambiental, sin declaración de producción y sin pago de impuestos. Apoyarlas sin exigir su formalización y fiscalización es institucionalizar la informalidad. Crítica legal: No se plantea ninguna reforma que las obligue a cumplir con normas laborales, tributarias ni ambientales. Por el contrario, este respaldo refuerza su poder corporativo y las blinda ante cualquier intento de control. Aplicación práctica: Continuar premiando a las cooperativas sin control es una amenaza para el medio ambiente, la recaudación fiscal y el orden institucional.

1. Fortalecimiento del marco normativo y seguridad jurídica para la inversión minera

Crítica técnica: Esta línea es importante, pero genérica. No se especifica qué leyes se reformarían (¿Ley 535?, Ley de Medio Ambiente?, Código Tributario?), ni cómo se garantizaría la seguridad jurídica sin erosionar el rol fiscalizador del Estado. La experiencia boliviana ha demostrado que seguridad jurídica sin control soberano deriva en concesiones abusivas, evasión fiscal y acaparamiento especulativo de derechos mineros. Crítica legal: La seguridad jurídica debe ser bilateral: tanto para el inversor como para el Estado y las comunidades. El PDC no plantea mecanismos como cláusulas de estabilidad regulatoria, arbitraje nacional soberano o garantía de cumplimiento de normas ambientales y laborales por parte de los inversionistas. Aplicación práctica: En un entorno donde la confianza en el sistema judicial y las agencias mineras está deteriorada, hablar de seguridad jurídica sin institucionalidad efectiva puede convertirse en un atractivo vacío para el capital especulativo y no productivo.

5. Formalización, control y transformación de las cooperativas mineras

Crítica técnica: Este punto, aunque crucial, es vago. No se indica cómo se logrará la formalización ni qué incentivos o sanciones se aplicarán. Tampoco se menciona la fiscalización tributaria, laboral ni ambiental. Crítica legal: Requiere una reforma al régimen jurídico cooperativo minero y al Código Tributario, así como la actualización del padrón de cooperativas y su georreferenciación. Aplicación práctica: Cualquier intento de control sin coordinación real con la FEDECOMIN u otro órgano corporativo de control cooperativista minero, y sin medidas de seguridad estatal puede derivar en confrontaciones violentas, como ya ha ocurrido en el pasado con el asesinato de autoridades.

8. Impulso al conocimiento geológico y metalúrgico

Crítica técnica: Se omite la necesidad de crear un Sistema Nacional de Información Geológica, con acceso público, interoperabilidad digital, y actualización permanente. Crítica legal: No se menciona la situación crítica de SERGEOMIN, ni su fortalecimiento institucional ni mecanismos de financiamiento. Aplicación práctica: El país continúa explorando a ciegas. Sin base geológica sólida, no se puede atraer inversión seria ni desarrollar proyectos de largo plazo.

2. Creación de una Nueva Empresa Estatal Estratégica de Minería y Metalúrgica (EEMM)

Crítica técnica: La experiencia boliviana con empresas estatales mineras (COMIBOL, y otras) ha demostrado debilidades en eficiencia operativa, captura sindical, baja productividad y politización. Crear una nueva Empresa sin corregir esas fallas es repetir un esquema obsoleto. Crítica jurídica: Se requeriría una ley específica para su constitución, fuente de financiamiento, régimen jurídico propio y estructura administrativa autónoma. No se plantea ningún mecanismo de fiscalización, control ciudadano o rendición de cuentas. Aplicación práctica: Sin diagnóstico previo ni diseño institucional, una nueva empresa estatal podría convertirse en otro aparato burocrático parasitario, drenando recursos públicos sin generar valor agregado.

1. Reforma consensuada del Código Minero

Crítica técnica: Aunque se trata de una demanda legítima y largamente postergada, la propuesta carece de definición en cuanto al contenido de la reforma o los mecanismos de consulta multisectorial. No se abordan temas clave como el régimen de titularidad minera, la reversión de áreas o la armonización con normas ambientales, o la propia consulta previa para la otorgación de cualquier derecho minero. Crítica legal: Una reforma al “Código Minero” entendido así desde una óptica simplista, la Ley Ni 535, implica redefinir la relación entre el Estado y los actores productivos, por lo que debe incluir la consulta previa a pueblos indígenas en la otorgación de cualquier derecho minero, ya sea a través de contratos y/o Licencias, así como la participación de los entes territoriales autónomos. Aplicación práctica: Sin voluntad política, un proyecto de reforma puede quedar archivado por años. El consenso no es un método, es un resultado: debe planificarse mediante audiencias públicas, mesas técnicas y revisión de convenios internacionales.

1. Industrialización soberana de la cadena minera

Crítica técnica: No se especifica qué tipo de industrialización se pretende (fundición, refinación, manufactura intermedia, etc.), ni si se incluye el desarrollo de minerales estratégicos como tierras raras. La sola declaración de “soberanía” sin hoja de ruta tecnológica, inversión pública-privada y transferencia de conocimiento es políticamente atractiva pero operativamente vacía. Crítica jurídica: La industrialización minera requiere modificar la Ley 535 y el régimen de incentivos fiscales, crear normativas de control ambiental industrial y revisar convenios internacionales de comercio. Aplicación práctica: Sin estudios de mercado, infraestructura energética o acuerdos tecnológicos, esta propuesta corre el riesgo de reproducir los errores del Estado, altos costos, baja eficiencia y ausencia de rentabilidad.

3. Reestructuración de las instancias de supervisión con áreas de control técnico especializado

Crítica técnica: Esta es una de las pocas propuestas con potencial transformador si se implementa con visión integral. Pero no se detalla qué instituciones serán reestructuradas (¿AJAM?, SENARECOM?, ¿SERGEOMIN?) ni cómo se romperán los círculos de corrupción y captura corporativa que los paralizan. Crítica legal: Para una reestructuración efectiva se requiere modificar la ley orgánica de estas entidades (Ley 535) y crear sistemas interoperables de fiscalización y monitoreo, con base en inteligencia minera y tecnología satelital. Aplicación práctica: Sin presupuesto, sin personal capacitado y sin voluntad política, esta reestructuración será cosmética. Urge crear un nuevo modelo de fiscalización cruzada e independiente con participación ciudadana.

9. Fortalecimiento del talento humano

El fortalecimiento del talento humano es un componente necesario, y se valora el enfoque de cooperación internacional y programas de responsabilidad social empresarial (RSE). Sin embargo, debe institucionalizarse mediante un “Sistema Nacional de Formación Técnica Minera”, que articule formación técnica, institutos tecnológicos, pasantías en empresas y convenios con universidades extranjeras. Bolivia no podrá cambiar su modelo minero sin una nueva generación de técnicos, ingenieros, planificadores y gestores con visión global, conciencia ambiental y competencia tecnológica.

1. “Promover una actividad minera integral”

Crítica técnica: No se define qué implica esa “integralidad”. ¿Se refiere a la integración vertical de la cadena productiva (desde la extracción hasta la industrialización)? ¿Incluye trazabilidad, sostenibilidad ambiental, planificación territorial y economía circular? El término queda abierto a múltiples interpretaciones. En la práctica, la actividad minera en Bolivia continúa siendo fragmentada, informal y con baja capacidad de planificación a largo plazo. Crítica legal: El MAS no propone ninguna reforma estructural a la Ley N.º 535 (de Minería y Metalurgia), que mantiene un régimen híbrido —estatista en el discurso, pero corporativo en los hechos—. No se ha logrado consolidar una Ley Minera coherente con la Constitución de 2009, ni integrar plenamente los derechos de los pueblos indígenas ni la legislación ambiental. Aplicación práctica: Pese al control institucional del MAS, las entidades fiscalizadoras (SENARECOM, AJAM, y otras) han sido instrumentalizadas políticamente o han operado con baja autonomía, sin capacidad real de regulación. La minería “integral” continúa siendo un eslogan vacío.

4. “Conservación de los ecosistemas”

Crítica técnica: Esta es la contradicción más grave. Durante los gobiernos del MAS se ha producido la mayor expansión de minería ilegal en áreas protegidas de Bolivia, con consecuencias catastróficas en parques como Madidi, Apolobamba y otros. Crítica legal: No se ha promulgado ninguna ley efectiva que prohíba la actividad extractiva en zonas ecológicamente sensibles. Al contrario, muchas concesiones ilegales han sido “legalizadas” o toleradas por las autoridades competentes. Aplicación práctica: El discurso ambientalista del MAS es absolutamente incompatible con su praxis política. El avance de dragas ilegales, maquinaria pesada y actores armados en la Amazonía boliviana es una prueba innegable del fracaso institucional en materia de conservación.

4. Transparencia y redistribución de regalías

Crítica técnica: No se especifica si se plantea una redistribución horizontal (entre niveles del Estado) o vertical (dentro del mismo departamento). Tampoco se menciona el papel del Fondo de Desarrollo o los mecanismos de fiscalización del uso de regalías. Crítica legal: Cualquier redistribución requeriría una reforma constitucional parcial y una nueva ley de regalías mineras. Aplicación práctica: Sin sistemas de control del origen del mineral (trazabilidad), la redistribución puede generar más informalidad, ya que muchos actores evadirán declarar su producción si perciben carga tributaria injusta.

5. Reconocimiento y apoyo a las cooperativas mineras

Crítica técnica: Este enunciado, lejos de ser una política, es una concesión discursiva al poder corporativo de las cooperativas. No hay una sola mención al control ambiental, tributario o laboral sobre estas entidades, muchas de las cuales hoy encabezan redes de minería ilegal, evasión fiscal y destrucción ambiental. Crítica legal: Reconocerlas sin exigir cumplimiento de la ley es institucionalizar el extractivismo informal. Se requiere una “ley específica de fiscalización al sector cooperativo”, con registro público, trazabilidad, control financiero y licencias ambientales obligatorias. Aplicación práctica: Seguir protegiendo políticamente a las cooperativas sin exigir su formalización técnica es garantizar la perpetuación de un modelo de explotación caótico, vulnerable al crimen organizado.