‘Desmenuzando’ la ley de Inteligencia

‘Desmenuzando’ la ley de Inteligencia

El 11 de junio de 2025 entró en vigencia la nueva Ley Inteligencia en Ecuador. Esta norma buscaría modernizar el sistema de inteligencia estatal para combatir el crimen organizado, pero ha generado fuertes críticas por abrir la puerta a prácticas de vigilancia sin controles judiciales y por establecer estructuras reservadas bajo dominio presidencial. Aquí te explicamos los puntos más polémicos.

Claves y facultades de la ley

Fondos secretos y auditoría restringida (Art. 13‑14)

Sistema Nacional de Inteligencia (Art. 1‑9)

Identidades encubiertas para agentes (Art. 41‑42)

Acceso a datos sin orden judicial (Art. 51‑52)

Obligación de entregar información (Art. 50 + Disp. General 1)

Control legislativo limitado (Art. 14)

Principales controversias

Fuentes: Ley de Inteligencia y analistas

• Se crean 7 subsistemas (militar, policial, penitenciario, financiero, tributario, etc.) bajo control directo del Ejecutivo.
• Se implementa un plan de carrera interno para agentes, con formación, evaluación y ascensos regulados por el ente rector.

• El sistema puede pedir datos en tiempo real a operadoras telefónicas e internet sin aval de un juez.
• Incluye ubicación, tráfico de llamadas, redes y comunicaciones históricas (hasta 5 años).

• Cualquier entidad pública o privada está obligada a entregar información requerida, sin posibilidad de negarse ni invocar reserva.

• Se autoriza un presupuesto reservado que no sigue reglas de contratación pública.
• Los documentos se destruyen tras revisión interna de la Contraloría; solo quedan actas.

• Registro Civil puede emitir nuevas identidades oficiales para infiltrados.
• Los agentes están exentos de responsabilidad por ocultar su identidad real.

• Solo una comisión de la Asamblea puede vigilar el sistema, en sesiones reservadas.
• El Pleno y otras entidades no pueden acceder a información ni cuestionar decisiones.
• Además, la Contraloría General del Estado tiene acceso exclusivo a los documentos del fondo reservado, los audita en privado y destruye luego de procesarlos.