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OPINIONES DESIGUALDAS ALIMENTARIA EN COLOMBIA
María Duarte Leal
Created on May 18, 2025
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Transcript
"El Estado puede fungir como actor central en la ejecución de políticas alimentarias que se enfoquen directamente en reducir la desigualdad en el acceso a los alimentos. Asimismo, este objetivo se puede lograr, de manera indirecta, a través del rol fundamental del Estado como proveedor de bienes públicos (...)"
"El aumento del poder empresarial en la producción alimentaria, la crisis climática y la desigualdad en el acceso a los recursos naturales afectan a la capacidad de las comunidades para cultivar y comprar alimentos. Además, esta situación resulta principalmente dañina para las mujeres (...)"
SARA RANKIN-CORTÁZAR
ELISA CADENA GAONA
"(...) no es posible pensar en sistemas alimentarios más igualitarios sin poner la redistribución de la tierra y el reconocimiento de las comunidades campesinas como uno de los ejes centrales de la discusión."
"La desigualdad se cuela en cada aspecto del sistema alimentario como un hilo que atraviesa recursos, poder y platos (...) En la ciudad, la desigualdad se vuelve geografía del consumo (...)"
"(...) existen marcadas diferencias en la calidad de la alimentación a la que acceden los niños y niñas en Colombia (...) Esta realidad no solo afecta la salud infantil, sino que también tiene consecuencias directas sobre las oportunidades de desarrollo integral durante la primera infancia, perpetuando ciclos de desigualdades desde los primeros años de vida."
CAMILO BOHÓRQUEZ PEÑUELA
"(...) la desigualdad estructural en los sistemas alimentarios (...) Se traduce en un acceso inequitativo a recursos, en la imposición de lógicas externas, y en la transformación forzada de formas locales de producir, preparar y compartir los alimentos."
JENNY GALLEGO MUÑOZ
CARLOS QUESADA
Carolina Gil Sánchez
Investigadora Asociada, PROESA-Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud, Universidad ICESI
Investigadora senior del equipo de Entorno Alimentario y Comportamiento del Consumidor, Alianza Bioversity-CIAT.
Investigador del Centro de Estudios sobre Producción y Comercio Sectorial (CEPCO) del Banco de la República
Director de la línea de Tierras y Campesinado, Dejusticia
Directora Humanitaria de Oxfam Colombia
Directora Regional de Amazon Conservation Team
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¿Cómo se refleja o manifiesta la desigualdad en los sistemas alimentarios en Colombia?
Aquí encuentra un intercambio de opiniones en el cual buscamos visibilizar distintas aproximaciones a la desigualdad en el sistema alimentario de Colombia.
"(...) cerca de una cuarta parte de la población colombiana enfrenta condiciones de inseguridad alimentaria (...) Detrás de estas cifras preocupantes se encuentra una realidad estructural en la que múltiples factores se conjugan para limitar el acceso de muchas familias a los alimentos, afectando directamente su salud, bienestar y desarrollo."
"La desigualdad en los sistemas alimentarios en Colombia es evidente desde diferentes perspectivas y se manifiesta de múltiples formas a lo largo de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor."
"(...) nuestra crítica al enfoque de los sistemas alimentarios (...) invisibiliza la complejidad y dinamismo que tiene implícita la alimentación como hecho, que desde una perspectiva amplia entendemos como proceso alimentario."
"En un país donde millones pasan hambre, resulta inaceptable que toneladas de alimentos aptos para el consumo humano se pierdan cada día a lo largo de la cadena de producción, distribución y consumo"
"La relación entre campo y ciudad nunca ha sido equitativa, donde lo rural entrega servicios y alimentos a las zonas urbanas y las zonas urbanas destina a las zonas rurales desechos, contaminación y pocas veces, mejoras a las zonas rurales. ¿Esta relación puede cambiar? (...)"
DIEGO MORA GARCÍA
MÓNICA CALDERÓN PINEDO
JUAN CARLOS BUITRAGO
JOHANNA MARCELA TORRES
MYLENA GUALDRÓN
Oficial Nacional de Mapeo y Análisis de Vulnerabilidad-VAM, Oficina Colombia del Programa Mundial de Alimentos
Representante Asistente y Oficial de Programas de FAO Colombia
Instituto Técnico Profesional – ITP, Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
Director Ejecutivo, Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia ABACO
Coordinadora Línea de Nutrición, FIAN Colombia
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CAMILO BOHÓRQUEZ PEÑUELA
Investigador del Centro de Estudios sobre Producción y Comercio Sectorial (CEPCO) del Banco de la República
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Ante la necesidad de “no dejar a nadie atrás” en lo relacionado con acceso a una alimentación completa y adecuada, como lo estipulan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es importante analizar el papel que puede tener el Estado para lograr estas metas. El Estado puede fungir como actor central en la ejecución de políticas alimentarias que se enfoquen directamente en reducir la desigualdad en el acceso a los alimentos. Asimismo, este objetivo se puede lograr, de manera indirecta, a través del rol fundamental del Estado como proveedor de bienes públicos (i.e., aquellos productos y servicios que se buscan que estén disponibles para maximizar el bienestar de todos los individuos, sin que ello implique reducir su acceso a algunas personas, y que son financiados a través de impuestos, como, por ejemplo, la seguridad, los servicios públicos, o la educación). En cuanto se optimiza la provisión de este tipo de bienes, los hogares más pobres y vulnerables se benefician de ellos en la medida que se reducen los costos de acceso y, en consecuencia, incrementan la demanda de ellos (i.e., efecto sustitución). Más aún, dicha reducción de costos también permite liberar ingreso adicional para ser usado en un mayor consumo de bienes esenciales, como los alimentos (i.e., efecto ingreso), de tal forma que los hogares puedan minimizar el riesgo de caer en inseguridad alimentaria o hambre. El acceso a la salud puede ser tomado como un ejemplo de lo descrito anteriormente. Bohorquez-Penuela (2020) muestra una relación negativa entre la participación en el Régimen Subsidiado de salud y la probabilidad de caer en inseguridad alimentaria en Colombia. El estudio se lleva a cabo para los años 2008 y 2012, en una época donde todavía una proporción importante de la población colombiana no contaba con acceso a seguros formales de salud (10%, aproximadamente).
"El Estado puede fungir como actor central en la ejecución de políticas alimentarias que se enfoquen directamente en reducir la desigualdad en el acceso a los alimentos."
CAMILO BOHÓRQUEZ PEÑUELA
Investigador del Centro de Estudios sobre Producción y Comercio Sectorial (CEPCO) del Banco de la República
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Pertenecer a cualquiera de los esquemas formales de salud en el país (e.g., Régimen Subsidiado, Régimen Contributivo, o regímenes especiales como los del Magisterio o las Fuerzas Militares) significa tener la posibilidad de acceder a servicios médicos a costos más bajos, lo que reduce el gasto de bolsillo de los hogares en este rubro. Asimismo, a medida que aumenta el uso de ellos, las condiciones de salud de los beneficiarios pueden mejorar, permitiendo, por ejemplo, que disminuya la probabilidad de ausentismo escolar (en el caso de los niños) o laboral (en el caso de los adultos), situaciones que tienen consecuencias directas sobre el ingreso de los hogares (Gaviria, Medina, y Mejía, 2006; Miller, Pinto, y Vera-Hernández, 2013).
"los hogares pertenecientes al Régimen Subsidiado (...) tienen en promedio una disminución entre 12.9 y 19.6 puntos porcentuales en la probabilidad de caer en inseguridad alimentaria."
Es así que, tomando como grupo de comparación a aquellos hogares sin aseguramiento en salud, el trabajo documenta que los hogares pertenecientes al Régimen Subsidiado, al cual se accede a través del puntaje del SISBEN, tienen en promedio una disminución entre 12.9 y 19.6 puntos porcentuales en la probabilidad de caer en inseguridad alimentaria. Esta relación ocurre principalmente en las zonas rurales del país, donde el acceso a la salud es más desigual para sus habitantes, al igual que en hogares de bajos ingresos (quintiles 1 a 3) y aquellos con adultos mayores (el grupo etáreo con mayor demanda de servicios de salud).Estos resultados también pueden estar explicados por el hecho de que pertenecer al Régimen Subsidiado también permite acceder a otros programas públicos que son elegibles a través del puntaje del SISBEN, como, por ejemplo, Familias en Acción, que contiene componentes explícitos sobre nutrición, y para los cuales se ha encontrado evidencia que muestra que la participación en ellos incrementa el consumo de alimentos (Attanasio y Mesnard, 2006; López-Arana et.al., 2016).
CARLOS QUESADA
Director línea Tierras y Campesinado, Dejusticia
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La principal manifestación de la desigualdad en los sistemas alimentarios es la concentración de la tenencia de la tierra. Según datos recientes la agricultura campesina, familiar y comunitaria produce el 70% de los alimentos que consumimos, lo que representa un indiscutible aporte a la alimentación de todos los hogares colombianos. Sin embargo, a pesar de ser determinantes en la alimentación de la nación, las unidades de producción agrícola campesina sufren el rigor de la concentración estructural de la tenencia de la tierra. Lo primero que hay que decir es que el sistema de tenencia actual expulsó, más allá de la frontera agrícola, a una parte importante de las unidades de producción campesina, familiar y comunitaria. Cerca del 20% de este tipo de unidades productivas está por fuera de la frontera agropecuaria. Esto supone enormes desventajas para esas familias. Las obvias, son las dificultades para acceder a bienes y servicios públicos, pues al ubicarse en zonas alejadas de los centros poblados, sus territorios difícilmente son alcanzados por la oferta de programas de vivienda, salud o educación. Las menos obvias, son las que se derivan de modelos de preservación ambiental que limitan el reconocimiento de derechos territoriales para estas comunidades y que perpetúan la informalidad en la tenencia, sometiendo a estas familias a un altísimo nivel de vulnerabilidad frente a la violencia que imponen los actores armados que generalmente controlan estos territorios.
"Según datos recientes la agricultura campesina, familiar y comunitaria produce el 70% de los alimentos que consumimos, lo que representa un indiscutible aporte a la alimentación de todos los hogares colombianos."
CARLOS QUESADA
Director línea Tierras y Campesinado, Dejusticia
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Pero para las familias que lograron mantenerse arraigadas dentro de la frontera agropecuaria el panorama no siempre es más alentador. La desigualdad en la tenencia de la tierra al interior de la frontera agrícola también es flagrante. A pesar de que el 60% del total de las unidades productivas ubicadas dentro de la frontera agropecuaria son campesinas, estas solo tienen acceso al 49% de la tierra y el 61% de los productores campesinos tiene menos de 2.5 hectáreas para realizar su labor. Esta desigualdad se hace más odiosa con las familias más vulnerables. El 55% del total de las unidades productivas campesinas, no tiene acceso a tecnologías ni tiene la capacidad de contratar mano de obra adicional a la familiar y, como si esto fuera poco, controlan únicamente al 23% de la tierra. Eso quiere decir que aunque las familias campesinas producen la mayor parte de los alimentos que consumimos, más de la mitad del total de los productores lo hace en condiciones precarias, sin ayuda, sin tecnología y sin tierra suficiente.
" El 55% del total de las unidades productivas campesinas, no tiene acceso a tecnologías ni tiene la capacidad de contratar mano de obra adicional a la familiar y, como si esto fuera poco, controlan únicamente al 23% de la tierra."
Por lo tanto, no es posible pensar en sistemas alimentarios más igualitarios sin poner la redistribución de la tierra y el reconocimiento de las comunidades campesinas como uno de los ejes centrales de la discusión.
JENNY GALLEGO MUÑOZ
Directora Humanitaria de Oxfam Colombia
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Cerca de mil millones de personas se acuestan con hambre cada noche. No porque no haya alimentos suficientes para todo el mundo, sino debido a las profundas injusticias que se cometen a la hora de producir y acceder a ellos. El aumento del poder empresarial en la producción alimentaria, la crisis climática y la desigualdad en el acceso a los recursos naturales afectan a la capacidad de las comunidades para cultivar y comprar alimentos. Además, esta situación resulta principalmente dañina para las mujeres, ya que ellas trabajan más en el campo de la agricultura que en cualquier otro sector y producen la mayor parte de los alimentos del mundo. Colombia, junto con Haiti, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú es uno de los nueve países en América Latina y el Caribe con alto niveles de inseguridad alimentaria, según informe de la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC). En Colombia se identificaron detonadores que incrementan las desigualdades en el acceso a alimentos de las familias; el conflicto armado y los eventos climáticos extremos, especialmente en los departamentos de La Guajira y el Chocó, siendo las mujeres, las niñas y los niños que habitan estos territorios los más perjudicados por las crisis de hambre, especialmente los menores de 5 años que tienen los índices más altos de desnutrición.
"Colombia, junto con Haiti, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú es uno de los nueve países en América Latina y el Caribe con alto niveles de inseguridad alimentaria (...)"
JENNY GALLEGO MUÑOZ
Directora Humanitaria de Oxfam Colombia
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El sector alimentario refleja una creciente desigualdad económica y de género. Por un lado, las personas encargadas de producir los alimentos, especialmente las mujeres, a menudo se enfrentan a los mayores niveles de hambre, cobran menos que los hombres y trabajan en condiciones degradantes. Los grandes supermercados y los gigantes del sector alimentario controlan los mercados alimentarios en Colombia, el aumento del hambre se ve potenciado por la crisis climática agravada, que afecta de manera desproporcionada a las personas en mayor condición de vulnerabilidad, que tienen en riesgo sus derechos y servicios básicos. Asimismo, también acentúa la presión sobre la tierra, además de aumentar la demanda de recursos naturales. Las comunidades pobres deben competir con poderosos intereses por el control de los recursos naturales –como la tierra, el agua, los bosques y la energía– de los que dependen para sobrevivir y producir alimentos. Desde Oxfam Colombia hacemos un llamado y apoyamos a las mujeres y las comunidades en su lucha por la defensa de sus tierras para garantizar alimentos. Para ello, las ayudamos a exigir leyes y políticas más justas.
" (...) el aumento del hambre se ve potenciado por la crisis climática agravada, que afecta de manera desproporcionada a las personas en mayor condición de vulnerabilidad, que tienen en riesgo sus derechos y servicios básicos."
SARA RANKIN-CORTÁZAR
Investigadora senior del equipo de Entorno Alimentario y Comportamiento del Consumidor, Alianza Bioversity-CIAT.
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La desigualdad se cuela en cada aspecto del sistema alimentario como un hilo que atraviesa recursos, poder y platos. Si hablamos de producción, podemos empezar con la distribución de la tierra: según un estudio de Oxfam (2017), el 1 % de los propietarios controla casi el 81 % de la tierra disponible en el país. Esa concentración define qué se siembra y qué no, moldeando dietas y precios, mucho antes de que un alimento llegue al mercado. Esto sin mencionar las distinciones entre hombres y mujeres. Las mujeres solo tienen titularidad sobre el 26 % de las tierras, lo que a su vez limita su acceso a créditos y programas de fortalecimiento productivo. Continúa con la carrera de obstáculos que enfrentan los campesinos para conectar su cosecha con los centros de consumo. Mientras grandes exportadores acceden a créditos blandos, seguros agrícolas y carreteras primarias, los pequeños productores financian la siembra con prestamistas informales y pierden sus cosechas en trochas sin pavimentar. Así, la misma caja de mandarina que en la ciudad cuesta el triple que en la finca, deja al agricultor con la parte más pequeña del margen. La brecha de información también perpetúa la inequidad. Grandes empresas cuentan con monitoreo de precios en tiempo real, mientras asociaciones indígenas o de mujeres agricultoras, en el mejor de los casos, llevan su contabilidad en cuadernos.
Esa asimetría se traduce en poder de negociación: quien tiene datos sabe cuándo vender, cuánto pedir o a qué mercado apuntar. Si pensamos en I+D invertidos en hacer nuestra producción más eficiente/productiva/sostenible, se invierte mucho más en caña de azúcar, café o palma, que en cultivos andinos o amazónicos ricos en micronutrientes. La falta de mejoramiento genético, estudios de mercado y tecnologías postcosecha para estos cultivos, mantiene su rendimiento bajo y su presencia limitada en el mercado interno. En la ciudad, la desigualdad se vuelve geografía del consumo: hay barrios donde abundan los ultraprocesados baratos, pero es imposible encontrar igual de fácil frutas y verduras frescas. Son auténticos desiertos alimentarios al lado de “pantanos” repletos de comida rápida. La desigualdad también se refleja en las dietas y la salud. El consumo de alimentos frescos y diversos varía fuertemente según el estrato socioeconómico, lo que contribuye a la doble carga de malnutrición: coexistencia de obesidad y deficiencias de micronutrientes, como la anemia, en los mismos territorios, hasta en el mismo hogar. Quien vive con un ingreso alto logra llegar a las cinco porciones de frutas y verduras al día; quien no, apenas alcanza dos o tres y completa con paquetes y gaseosa.
SARA RANKIN-CORTÁZAR
Investigadora senior del equipo de Entorno Alimentario y Comportamiento del Consumidor, Alianza Bioversity-CIAT.
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"La desigualdad también se refleja en la responsabilidad ambiental distribuida de forma desigual"
Si miramos las cifras de PlaSA Colombia, el contraste es alarmante: armar una dieta saludable en Cali cuesta casi el doble que una dieta solo “energéticamente suficiente” y tres veces más que una dieta de subsistencia. El 36% de la población no puede cubrir el costo de una dieta saludable, de ahí que el arroz con huevo siga siendo el almuerzo de batalla.
La mala alimentación, por exceso de ultraprocesados o carencia de nutrientes, hace parte de un círculo vicioso que favorece la presencia de Enfermedades No Transmisibles como la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de consulta y muerte en Colombia. Estas enfermedades absorben una porción cada vez mayor del presupuesto del sistema de salud y restan productividad al país por incapacidades y muertes prematuras. Su impacto es desigual: quienes tienen mayores ingresos acceden a diagnósticos y tratamientos oportunos, mientras que los hogares pobres enfrentan barreras de costo y distancia, acumulan complicaciones y gastos catastróficos. Así, la malnutrición genera enfermedades y la brecha en atención la perpetúa, acentuando aún más la desigualdad.La desigualdad también se refleja en la responsabilidad ambiental distribuida de forma desigual. Los monocultivos que erosionan suelos y disminuyen caudales suelen estar ligados a conglomerados poderosos, mientras comunidades rurales son las primeras afectadas por agua contaminada o cambios en el microclima; aun así, ellas reciben la menor parte de la renta y la mayor parte del impacto. Corregir todo esto implica una redistribución, no solo de calorías, sino también de poder, información y responsabilidades sobre los territorios. Solo así, la riqueza que tenemos podrá convertirse en platos saludables e ingresos justos; de lo contrario, seguiremos perdiendo diversidad, innovación y, sobre todo, desarrollo.
Carolina Gil Sánchez
Directora Regional de Amazon Conservation Team
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Desde nuestra experiencia de trabajo en Amazon Conservation Team con pueblos indígenas y campesinos en distintas regiones del país, es evidente que la desigualdad estructural en los sistemas alimentarios atraviesa dimensiones territoriales, culturales, ambientales y de género. Se traduce en un acceso inequitativo a recursos, en la imposición de lógicas externas, y en la transformación forzada de formas locales de producir, preparar y compartir los alimentos. En pueblos como los Kogui en la Sierra Nevada de Santa Marta o aquellos asentados en la Amazonía, los sistemas alimentarios están profundamente ligados a la salud, la espiritualidad, el conocimiento ancestral y la reciprocidad con el entorno natural. Sin embargo, estos sistemas enfrentan una presión creciente por la transformación del territorio, la pérdida de cobertura boscosa, la expansión de actividades extractivas y los efectos del cambio climático. Estas dinámicas alteran el equilibrio ecosistémico y restringen el acceso a espacios fundamentales para la agricultura, la pesca, la recolección y la medicina tradicional. En la Amazonía, por ejemplo, la alteración de los ciclos de lluvias y sequías ha desorganizado la temporalidad de las chagras —espacios esenciales no solo para la producción de alimentos, sino para la transmisión de saberes y la cohesión intergeneracional. La incertidumbre climática altera los calendarios agrícolas, incrementa el riesgo de pérdida de cultivos y debilita la seguridad alimentaria en territorios cuya riqueza ha sido históricamente su biodiversidad. Llama la atención la situación de las mujeres y niñas, quienes cumplen un rol central en los sistemas alimentarios tradicionales, tanto en la gestión de la alimentación como en el cuidado de la salud familiar y comunitaria. La pérdida de estos roles y espacios, muchas veces invisibilizada en el diseño de políticas públicas, impacta directamente su autonomía, bienestar y continuidad cultural.
"La incertidumbre climática altera los calendarios agrícolas, incrementa el riesgo de pérdida de cultivos y debilita la seguridad alimentaria en territorios cuya riqueza ha sido históricamente su biodiversidad."
Carolina Gil Sánchez
Directora Regional de Amazon Conservation Team
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A lo enunciado se suma la realidad de los pueblos nómadas y seminómadas, cuyo sustento tradicional depende de la movilidad, la caza y la recolección. La imposición de figuras territoriales fijas, como los resguardos sin reconocimiento de sus dinámicas de movilidad, ha transformado profundamente sus sistemas alimentarios. El resultado es una creciente dependencia de alimentos externos, el deterioro de la salud nutricional y la pérdida de vínculos con los ecosistemas que han habitado históricamente. En el ámbito campesino, mujeres en distintas regiones —como el piedemonte andino-amazónico— enfrentan barreras estructurales similares.
" Superar esta desigualdad exige políticas públicas que reconozcan la diversidad de conocimientos, respeten los derechos territoriales y garanticen condiciones para la autonomía alimentaria."
El avance de la ganadería extensiva no solo ha generado deforestación, sino que ha reducido las áreas disponibles para la producción de alimentos, limitando la diversidad alimentaria y profundizando la dependencia de insumos y mercados externos. A pesar de ello, muchas mujeres sostienen prácticas de recuperación de huertas, semillas y redes de cuidado, resistiendo desde lo cotidiano.Superar esta desigualdad exige políticas públicas que reconozcan la diversidad de conocimientos, respeten los derechos territoriales y garanticen condiciones para la autonomía alimentaria. Implica también escuchar otras formas de entender el alimento, la salud y el territorio. Reconocer y fortalecer el rol de los pueblos indígenas, campesinos y —de manera especial— de sus mujeres, es clave para construir un sistema alimentario más justo y profundamente vinculado con sus sistemas de conocimiento y de vida.
ELISA CADENA GAONA
Investigadora Asociada, PROESA-Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud, Universidad ICESI
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Una de las manifestaciones más claras de las desigualdades en los sistemas alimentarios es la situación alimentaria y nutricional de la infancia en Colombia. Ya hace diez años, la Encuesta de Situación Alimentaria y Nutricional (ENSIN) evidenció que la población infantil enfrentaba una doble o incluso triple carga de malnutrición, expresada en la coexistencia de distintas formas de desnutrición y exceso de peso. En ese momento, los datos evidenciaban un 10% de retraso en talla, un 5,6% de exceso de peso y un preocupante 24% de prevalencia de anemia. A este panorama se suman datos de estadísticas vitales publicados por el DANE, que indican que en 2023 la tasa de mortalidad por desnutrición aguda en menores de cinco años fue de 7,9 por cada 100.000 niños, y la prevalencia de bajo peso al nacer alcanzó el 11%. Detrás de estas cifras se esconden profundas brechas geográficas, de género y socioeconómicas que han sido ampliamente documentadas.Para comprender estos resultados, es clave analizar la calidad de la dieta en la población infantil. En este sentido, UNICEF define la pobreza alimentaria infantil como la incapacidad de los niños y niñas en la primera infancia para acceder y consumir una alimentación nutritiva y variada. Esta condición puede generar consecuencias graves para la supervivencia infantil, con efectos que pueden extenderse a lo largo de toda la vida. Para su medición, se utiliza el indicador de diversidad alimentaria, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual se considera que se ha alcanzado cuando los niños consumen al menos cinco de los ocho grupos de alimentos definidos. A nivel global, uno de cada cuatro niños y niñas (27%) vive en situación de pobreza alimentaria, una realidad que afecta a todas las regiones del mundo (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2024).
"(...) la población infantil enfrentaba una doble o incluso triple carga de malnutrición, expresada en la coexistencia de distintas formas de desnutrición y exceso de peso."
ELISA CADENA GAONA
Investigadora Asociada, PROESA-Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud, Universidad ICESI
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En el caso de Colombia, según la ENSIN 2015, el 71,8% de los niños y niñas alcanza una diversidad alimentaria mínima. No obstante, este indicador no permite evaluar la calidad de la alimentación que reciben. Para ello, es fundamental considerar el indicador de dieta mínima aceptable, que además de la diversidad, incorpora la frecuencia de consumo de los distintos grupos de alimentos. Según este indicador, apenas el 36,5% de los niños y niñas cuenta con una alimentación adecuada tanto en calidad como en cantidad. Al desagregar los datos por características socioeconómicas, el panorama es aún más preocupante: solo el 24,7% de los niños indígenas logra una dieta mínima aceptable; en las zonas rurales la cifra alcanza el 30,3%; en la región Atlántica, el 30,2%; y en el departamento de La Guajira, que presenta la situación más crítica, apenas el 16,8% de los niños accede a una dieta de calidad. Además, en el nivel más bajo del índice de riqueza, solo el 29,4% de los niños logra una dieta mínima aceptable.
están profundamente mediadas por factores sociales, económicos, territoriales y culturales, que influyen en lo que las familias pueden adquirir, preparar y consumir alimentos apropiadamente. Esta realidad no solo afecta la salud infantil, sino que también tiene consecuencias directas sobre las oportunidades de desarrollo integral durante la primera infancia, perpetuando ciclos de desigualdades desde los primeros años de vida.A lo anterior se suma una limitación estructural crítica: en Colombia, la información de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) no se ha actualizado en los últimos diez años. Esta ausencia de datos impide que el propio gobierno pueda dar cuenta del seguimiento a indicadores clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como de los planes de gobierno tanto a nivel nacional como territorial. También limita el trabajo de investigadores, la academia y la sociedad civil, al dificultar la medición de avances o retrocesos en las acciones relacionadas con los sistemas alimentarios. Esta falta de información debilita la toma de decisiones y contribuye a la invisibilización de problemáticas que perpetúan las inequidades que se busca superar.
Lo expuesto hasta aquí evidencia que existen marcadas diferencias en la calidad de la alimentación a la que acceden los niños y niñas en Colombia, lo que representa un determinante clave de su situación nutricional. Estos hallazgos confirman que las desigualdades en Colombia
JOHANNA MARCELA TORRES ALVAREZ
Instituto Técnico Profesional – ITP, Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
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La desigualdad en los sistemas alimentarios en Colombia es evidente desde diferentes perspectivas y se manifiesta de múltiples formas a lo largo de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor. Desde el enfoque de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, se observa un desequilibrio en el acceso a los alimentos, provocando inseguridad alimentaria moderada o severa, especialmente en zonas rurales, regiones periféricas como La Guajira, el Chocó, y el sur del país, donde el acceso a alimentos nutritivos es limitado. Según el DANE en el documento de Análisis a partir de la medición del indicador 2.1.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2022) muestran las mayores prevalencias de inseguridad alimentaria moderada o grave así: La Guajira (59,7%), Sucre (47,9%), Atlántico (46,1%), Magdalena (45,3%), Chocó (43,2%) y Cesar (41,1%). En estos departamentos más de 40 de cada 100 hogares experimentaron dificultades para acceder a alimentos en cantidad y calidad suficientes para su consumo. Asimismo, se evidencia que en Colombia la calidad de los alimentos depende significativamente del precio y calidad nutricional. Las poblaciones de menores ingresos suelen acceder a alimentos de menor calidad nutricional, es decir, altos en calorías, pero bajos en la totalidad de los nutrientes requeridos para el desarrollo acorde a la edad del consumidor; mientras que los alimentos ricos en proteínas, algunos frutas, hortalizas y vegetales, son más accesibles para los sectores con mayores recursos económicos.
"se evidencia que en Colombia la calidad de los alimentos depende significativamente del precio y calidad nutricional. Las poblaciones de menores ingresos suelen acceder a alimentos de menor calidad nutricional (...)"
JOHANNA MARCELA TORRES ALVAREZ
Instituto Técnico Profesional – ITP, Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
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reforma rural integral han sido limitados y la reactivación de la agricultura en las zonas restituidas ha sido insuficiente para garantizar el equilibrio en la producción de alimentos, que permita devolver a la población la soberanía alimentaria y disminuir la inseguridad alimentaria en las zonas afectadas por el conflicto armado. Esto impide restablecer sistemas productivos sostenibles en zonas golpeadas por el conflicto. Lo anterior aunado a una política de reforma agraria débil y fragmentada, la redistribución de tierras y políticas agrarias productivas ha sido lenta, burocrática y sin garantías de acceso, a pesar de los intentos de las instituciones creadas tras el Acuerdo de Paz. Finalmente, existe una marcada desatención a la agricultura campesina demostrada por el apoyo insuficiente para acceder al crédito, asistencia técnica deficiente, infraestructura de riego incipiente, inmersión y apropiación de tecnologías emergentes aplicables al sector agropecuario prácticamente nulas para pequeños productores y falta de apoyo a la comercialización de productos agrícolas para pequeños productores, generan un marcado desequilibrio en los sistemas alimentarios especialmente en los pequeños productores del eslabón primario.
Por otra parte, la desigualdad territorial y rural-urbana conlleva a una concentración de gran parte de la tierra fértil en pocos grandes propietarios, lo que limita el desarrollo de la agricultura campesina, indígena y afrodescendiente. Así como también muchas regiones rurales con carencias de vías de comunicación, almacenamiento y transporte adecuados, impiden que los pequeños productores accedan a los mercados en condiciones competitivas. El conflicto armado ha desplazado muchas de las comunidades rurales y llevado a algunos de los campesinos a ser actores del conflicto, minimizando la mano de obra rural e interrumpiendo sus sistemas de producción y soberanía alimentaria, debido a que millones de campesinos, indígenas y afrocolombianos han sido desplazados de sus territorios por la violencia, lo que ha roto sus vínculos con la tierra, interrumpido la producción local de alimentos y desestructurado sus modos de vida tradicionales. De esta forma, muchas tierras desocupadas por campesinos han sido ocupadas para cultivos ilícitos, alterando el uso de la tierra que tradicionalmente estaba destinada a la producción de alimentos para el autoconsumo. De otra parte, a pesar del Acuerdo de Paz con las FARC (2016), los avances en la implementación del punto sobre la
MYLENA GUALDRÓN
Coordinadora Línea de Nutrición, FIAN Colombia
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Desde FIAN Colombia abordamos esta pregunta expresando nuestra crítica al enfoque de los sistemas alimentarios. El marco conceptual de este enfoque está basado en la teoría general de los sistemas, un modelo donde entran en relación múltiples variables a partir de entradas, llamadas “motores” y salidas denominadas “medidas políticas” [1]. Tiene como componentes las cadenas de suministros, los entornos alimentarios y el comportamiento de los consumidores, asumidos como puntos de entrada cuya salida resulta limitada a una intervención sobre la nutrición, las medidas políticas se encausan exclusivamente a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y solo considera tres opciones de sistema a partir de la forma de producción, el sistema tradicional, basado en la producción agrícola, el sistema mixto, que incluye a la agroindustria y el sistema moderno, que solo considera la producción industrializada [2]. Tal reduccionismo, invisibiliza la complejidad y dinamismo que tiene implícita la alimentación como hecho, que desde una perspectiva amplia entendemos como proceso alimentario [3].
"(...) las medidas políticas se encausan exclusivamente a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible"
MYLENA GUALDRÓN
Coordinadora Línea de Nutrición, FIAN Colombia
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El proceso alimentario reconoce las múltiples posibilidades de relacionamiento con los alimentos, los medios de vida, las formas de producción, consecución e intercambio, el consumo, la nutrición y regeneración de la biota; las capacidades vitales -no solo humanas-, espirituales y materiales, que hacen posible nuevamente el inicio del proceso; el cual no es necesariamente lineal y que tiene como horizonte garantizar el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas y la soberanía alimentaria como forma de gobernanza. Los informes periódicos de FIAN Colombia sobre la situación del derecho a la alimentación adecuada en el país han alertado acerca de las múltiples formas en que la captura corporativa se cierne sobre cada eslabón del proceso alimentario, desplazando los patrones de alimentación tradicionales e imponiendo la dieta corporativa donde prevalece el consumo de comida chatarra [4], productos nocivos que han sido ampliamente relacionados con la epidemia de malnutrición, especialmente el sobrepeso, la obesidad y las Enfermedades No Trasmisibles asociadas a su consumo, que afecta a toda la población, pero que representan una carga aún mayor que acentúa la desigualdad para las familias con mayor vulnerabilidad económica, mujeres y niñas, las comunidades étnicas, afro y campesinas, la población migrante y la población LGBTIQ+.
"Los informes periódicos de FIAN Colombia sobre la situación del derecho a la alimentación adecuada en el país han alertado acerca de las múltiples formas en que la captura corporativa se cierne sobre cada eslabón del proceso alimentario (...) "
JUAN CARLOS BUITRAGO ORTIZ
Director Ejecutivo, Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia ABACO
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En Colombia, el acceso a una alimentación saludable sigue siendo un privilegio para millones de personas. Desde la Red de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO, observamos con preocupación cómo las brechas estructurales del país se manifiestan de forma cruda en los sistemas alimentarios, afectando especialmente a los hogares más vulnerables.Durante el primer trimestre de 2025, alimentar de forma saludable a una sola persona costó en promedio $553.000 mensuales. Este valor representa un incremento del 3,2 % frente al cierre del año 2024, y del 31 % frente a los costos reportados en 2022 [1]. Una familia en situación de pobreza o pobreza extrema simplemente no puede sostener este costo, mucho menos garantizarlo de manera sostenida para todos sus integrantes. Esta disparidad hace evidente que comer bien no es solo una cuestión de elección o educación, sino de acceso económico.
"Desde la Red de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO, observamos con preocupación cómo las brechas estructurales del país se manifiestan de forma cruda en los sistemas alimentarios, afectando especialmente a los hogares más vulnerables."
JUAN CARLOS BUITRAGO ORTIZ
Director Ejecutivo, Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia ABACO
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La situación se agrava cuando se observa el panorama nacional de inseguridad alimentaria. A noviembre de 2024, más de 19,2 millones de personas en Colombia reportaban consumo insuficiente de alimentos, y 16,3 millones aplicaban estrategias de afrontamiento que comprometen su bienestar futuro [2], como reducir la cantidad de comidas, limitar la variedad o depender de redes de ayuda humanitaria. Esto significa que cerca de 1 de cada 3 colombianos no puede garantizar una dieta adecuada.Los departamentos de Valle del Cauca, Atlántico, Cauca, Nariño y Chocó fueron los más afectados, con niveles de consumo insuficiente cercanos al 55 %. Estos territorios no solo coinciden con altos índices de pobreza multidimensional, sino también con importantes dificultades para el acceso físico y económico a mercados. En 12 departamentos, el 65 % de la población enfrenta barreras para acceder a alimentos, incluyendo zonas de la Amazonía, la Orinoquía y el Pacífico [3].Si bien algunos indicadores de salud pública han mostrado mejoras —como la reducción del 8,2 % en los casos de desnutrición aguda infantil y la disminución del 18,5 % en las muertes maternas durante el primer trimestre de 2025— la inequidad persiste. Departamentos como Chocó y La Guajira concentran cerca del 40 % de las muertes por desnutrición infantil, evidenciando la concentración territorial de la vulnerabilidad.
JUAN CARLOS BUITRAGO ORTIZ
Director Ejecutivo, Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia ABACO
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Desde ABACO, entendemos que la prevención de la pérdida y el desperdicio de alimentos es una estrategia crucial para mitigar estas brechas. En un país donde millones pasan hambre, resulta inaceptable que toneladas de alimentos aptos para el consumo humano se pierdan cada día a lo largo de la cadena de producción, distribución y consumo. Nuestra labor como red busca rescatar, recuperar y redistribuir estos alimentos hacia quienes más los necesitan, articulando esfuerzos con aliados públicos y privados.No obstante, reconocemos que este esfuerzo no es suficiente por sí solo. Es urgente avanzar hacia políticas públicas integrales que aseguren dietas nutritivas como un derecho, no como un lujo. Esto implica fortalecer las redes de abastecimiento local, apoyar a los productores campesinos, invertir en infraestructura alimentaria en zonas rurales dispersas, y garantizar subsidios o transferencias que permitan a las familias acceder a alimentos frescos y nutritivos.
"Es urgente avanzar hacia políticas públicas integrales que aseguren dietas nutritivas como un derecho, no como un lujo."
La inequidad en los sistemas alimentarios de Colombia no es un problema aislado: está entrelazada con la pobreza, la desigualdad territorial, el desempleo y la débil protección social. Combatirla requiere una visión sistémica, solidaria y sostenible, que reconozca que ninguna estrategia de desarrollo será completa si no se garantiza el derecho fundamental a la alimentación para todos los colombianos.
DIEGO MORA GARCÍA
Representante Asistente y Oficial de Programas de FAO Colombia
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Lo primero es que hay que entender a los sistemas alimentarios como uno o varios sistemas que se integran. Si bien están entrelazadas sus partes, se pueden revisar por cada uno de los componentes. La desigualdad puede verse por la capacidad productiva alimentaria de una región o de Colombia, por la capacidad de comercialización que incluye entre otras cosas, infraestructura para la conectividad, centros de acopio, sitios de distribución, por ejemplo. Niveles de industrialización para la transformación de los alimentos. Verlo también desde el consumo, aproximación que se basa en la calidad de los alimentos que los hogares consumen, que tiene que ver con la capacidad de los hogares de decidir sobre sus dietas, lo que incluye no solo educación e información de los hogares sino la disponibilidad y calidad de alimentos con los que pueden contar. También es importante los temas de pérdidas y desperdicios de alimentos, que incluye varias de las partes descritas anteriormente. El último dato que se tiene por el Gobierno nacional es de cerca de 10 millones de toneladas perdidas al año. Los sistemas alimentarios, además, son posiblemente la principal conexión que se da entre las zonas rurales y urbanas. Las ciudades y centros urbanos necesitan la producción de alimentos para su subsistencia. Las zonas rurales reciben principalmente capital proveniente de las partes urbanas que les permiten reinvertir en la producción de alimentos. Colombia tiene grandes diferencias entre sus regiones, en productividad, en estadísticas sociales como pobreza y hambre, en desarrollo de infraestructura y en la afectación por causas climáticas o por conflicto armado.
"Colombia tiene grandes diferencias entre sus regiones, en productividad, en estadísticas sociales como pobreza y hambre, en desarrollo de infraestructura y en la afectación por causas climáticas o por conflicto armado."
DIEGO MORA GARCÍA
Representante Asistente y Oficial de Programas de FAO Colombia
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"(...) por regiones, hay peores indicadores en los departamentos de la costa caribe y en los de los llanos y algunos de la amazonia."
En general, Colombia es un país con una muy buena producción agropecuaria, variada gracias a la calidad de los suelos, los diferentes climas permanentes durante el año y a que cuenta con agua. La pregunta es si estas diferencias regionales también se expresan en diferencias en los sistemas agroalimentarios y cuáles debe ser la posibles apuestas para cerrar las brechas a través de los sistemas agroalimentarios. También saber si las brechas entre lo rural y lo urbano se pueden disminuir a través de esta relación.
Si se ve por el consumo de alimentos y su relación con el hambre, hay diferencias entre departamentos y regionales sustanciales. Dos tercios de los departamentos están por encima de la media nacional en la medición FIES sobre percepción de hambre. 8 departamentos tienen a más del 50% de su población con una percepción de imposibilidad de tener alimentos. Si se ve por regiones, hay peores indicadores en los departamentos de la costa caribe y en los de los llanos y algunos de la amazonia. Algunos departamentos como Tolima, Cundinamarca, Casanare, que cuentan con una producción agropecuaria importante, también reportan niveles altos de inseguridad alimentaria (DANE, 2024). Otros departamentos, en especial de la costa atlántica, que tienen potencial agropecuario su producción no logra transferir bienestar a su población. ¿Por qué la producción agropecuaria no se traduce en una mejora de la población? ¿Porqué no se aprovecha el potencial agropecuario en ciertas regiones? ¿Cuál es la gobernanza en el sistema alimentario y cómo la parte pública debería participar? Un último pensamiento sobre los sistemas alimentarios. La relación entre campo y ciudad nunca ha sido equitativa, donde lo rural entrega servicios y alimentos a las zonas urbanas y las zonas urbanas destina a las zonas rurales desechos, contaminación y pocas veces, mejoras a las zonas rurales. ¿Esta relación puede cambiar? ¿Qué puede aportar beneficioso lo urbano a lo rural?
MÓNICA CALDERÓN PINEDO
Oficial Nacional de Mapeo y Análisis de Vulnerabilidad-VAM, Oficina Colombia del Programa Mundial de Alimentos
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Diversas fuentes como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han evidenciado que cerca de una cuarta parte de la población colombiana enfrenta condiciones de inseguridad alimentaria. Esta situación se traduce en la imposibilidad de acceder de forma regular a una dieta suficiente, nutritiva y equilibrada. Detrás de estas cifras preocupantes se encuentra una realidad estructural en la que múltiples factores se conjugan para limitar el acceso de muchas familias a los alimentos, afectando directamente su salud, bienestar y desarrollo. Uno de los principales determinantes de esta problemática es la vulnerabilidad económica de los hogares. Muchas familias en Colombia no cuentan con los ingresos suficientes para garantizar un consumo alimentario adecuado, lo cual también limita su capacidad para cubrir otras necesidades básicas como la vivienda, la educación o la atención en salud. Esta fragilidad financiera es especialmente evidente en ciertos grupos poblacionales que, por sus características sociodemográficas, enfrentan obstáculos adicionales. Uno de estos grupos son los hogares con jefatura femenina. Las familias encabezadas por mujeres tienen mayores probabilidades de pasar hambre. En las zonas rurales, esta situación es aún más crítica, ya que las mujeres enfrentan más dificultades para acceder a la educación, el empleo formal y deben asumir muchas veces solas el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos. Todo esto limita su capacidad para generar ingresos estables.
"Detrás de estas cifras preocupantes se encuentra una realidad estructural en la que múltiples factores se conjugan para limitar el acceso de muchas familias a los alimentos, afectando directamente su salud, bienestar y desarrollo. "
MÓNICA CALDERÓN PINEDO
Oficial Nacional de Mapeo y Análisis de Vulnerabilidad-VAM, Oficina Colombia del Programa Mundial de Alimentos
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La afectación por el conflicto armado, la violencia, los eventos climáticos extremos y los desastres naturales representa otro factor determinante. Los hogares que han sufrido desplazamiento o pérdida de medios de vida debido a estas situaciones son más propensos a enfrentar inseguridad alimentaria, ya que deben recurrir a estrategias de supervivencia que, en el mediano y largo plazo, deterioran aún más su bienestar. Finalmente, la fuente principal de ingreso también es un indicador relevante. Los hogares que dependen de trabajos informales, como el rebusque, el jornal diario o la asistencia económica, presentan mayores niveles de inseguridad alimentaria en comparación con aquellos cuyos ingresos provienen de empleos asalariados y estables. Esto subraya la importancia de la formalización laboral y la estabilidad económica como pilares para garantizar el acceso regular a una alimentación digna. Frente a esta compleja realidad, no basta con soluciones generales. Se necesita una política pública diferenciada y efectiva que entienda las múltiples barreras que enfrentan distintos grupos de la población. Garantizar la seguridad alimentaria pasa por generar ingresos estables, promover la educación, formalizar el empleo y reducir las desigualdades históricas que siguen afectando a millones de personas en Colombia.
También se encuentran en situación de mayor riesgo los hogares afrodescendientes e indígenas. Esta disparidad está ligada a una histórica situación de exclusión, discriminación y marginalidad que afecta a estas minorías, traduciéndose en mayores niveles de pobreza, menor acceso a oportunidades y limitaciones para adquirir alimentos de manera constante y adecuada. Otro factor clave es el nivel educativo del jefe o jefa del hogar. La educación también juega un papel clave. Los hogares cuyos jefes solo alcanzaron la primaria o secundaria enfrentan más dificultades económicas y, por lo tanto, más inseguridad alimentaria. En cambio, quienes tienen educación técnica o universitaria tienen mejores oportunidades laborales y mayor acceso a información sobre nutrición, lo que se traduce en decisiones alimentarias más saludables. Además, el tamaño del hogar influye directamente en el acceso a los alimentos. A medida que aumenta el número de integrantes, se incrementa la presión sobre los recursos disponibles. Esta situación puede diluir la calidad nutricional y la cantidad de alimentos disponibles por persona, lo que agrava la inseguridad alimentaria, especialmente en hogares con menores ingresos.