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CTX- UT4
ITZIAR FERNÁNDEZ CORTÉS
Created on March 18, 2025
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contexto de la intervención social
UT 4: ÁMBITOS DE LA ACCIÓN SOCIAL
Empezar
1. Introducción
2. Indicadores de riesgo de exclusión social
3. Glosario de terminología jurídica.
4. Valoración de necesidades.
Índice
5. Colectivos en riesgo de exclusión.
Introducción
Este tema aborda, en primer lugar, los indicadores de riesgo de exclusión social, que permiten identificar situaciones que predisponen a una persona o grupo a ser excluido. A continuación, se explora la valoración de necesidades que deberemos hacer como integradores o integradoras sociales, tanto si estamos ante un caso individual como si estamos ante un grupo en situación de exclusión social. Asimismo, se examinan algunos de los colectivos en riesgo de exclusión social. Cada uno de estos grupos presenta desafíos particulares que requieren respuestas adaptadas y coordinadas.
2. INDICADORES DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Los indicadores de riesgo de exclusión social son parámetros que permiten identificar a personas o colectivos que están en situaciones de vulnerabilidad o marginación, y que, por lo tanto, corren el riesgo de ser excluidos. Estos indicadores pueden ser de naturaleza económica, social, educativa, sanitaria, y están relacionados con las dificultades para acceder a recursos, derechos y oportunidades.
1. Indicadores económicos:
• Tasa de pobreza: proporción de personas cuyos ingresos se encuentran por debajo del umbral de pobreza (generalmente el 60% del ingreso medio de una población). Esto refleja la capacidad limitada de cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, y servicios.• Desempleo o empleo precario: La falta de empleo estable o la inserción en trabajos informales o de baja remuneración son señales claras de vulnerabilidad económica. El desempleo de larga duración es un indicador especialmente relevante. • Dependencia de ayudas sociales: como subsidios por desempleo, rentas mínimas o programas de alimentación, indica la incapacidad de una persona o familia de sostenerse por sus propios medios. • Acceso limitado a recursos financieros: La imposibilidad de acceder a préstamos, o créditos también puede ser un signo de exclusión financiera, lo que limita las oportunidades de mejorar la situación económica.
2. Indicadores educativos:
• Abandono escolar temprano: La proporción de jóvenes que abandonan la educación antes de completar la enseñanza secundaria es un indicador fuerte de exclusión futura, ya que limita las oportunidades laborales y económicas.• Bajo nivel educativo: Las personas adultas que no han completado la educación básica o carecen de habilidades formativas específicas están en riesgo de exclusión laboral y social. • Acceso desigual a la educación: Los niños y jóvenes de ciertos grupos (migrantes, minorías étnicas, personas con discapacidad) que enfrentan dificultades para acceder a una educación de calidad también son indicadores de riesgo de exclusión.
3. Indicadores sociales:
• Vivienda inadecuada o sin hogar: vivienda adecuada o vivir en condiciones de hacinamiento o infraestructuras precarias son indicadores clave de exclusión social.• Aislamiento social: Las personas sin redes de apoyo, como familias, amigos o comunidad, están en mayor riesgo de exclusión. Los ancianos, las personas con discapacidad y los inmigrantes pueden experimentar altos niveles de aislamiento. • Falta de participación cívica: puede ser un signo de exclusión, ya que indica que las personas no están integradas en la vida social. • Discriminación y estigmatización: La presencia de discriminación basada en raza, etnia, género, orientación sexual, religión o discapacidad aumenta el riesgo de exclusión al limitar el acceso a derechos y oportunidades.
4. Indicadores de salud:
• Enfermedades crónicas y discapacidad: Las personas con problemas de salud graves o discapacidades físicas y mentales que no reciben los apoyos necesarios enfrentan barreras importantes para su inclusión social.• Acceso limitado a servicios de salud: La falta de acceso a atención médica de calidad, incluidas las dificultades para recibir atención preventiva, tratamiento de enfermedades crónicas o apoyo para la salud mental, es un indicador importante de riesgo. • Problemas de salud mental: Los trastornos mentales no tratados, como la depresión, la ansiedad o el estrés postraumático, están fuertemente asociados con el aislamiento social, el desempleo y la falta de integración.
5. Indicadores demográficos:
• Personas mayores: Los ancianos, especialmente aquellos que viven solos o que padecen problemas de salud, están en mayor riesgo de exclusión social debido al aislamiento, la falta de recursos económicos y la disminución de su capacidad funcional. • Personas migrantes: La población inmigrante, especialmente aquellos con estatus administrativo irregular, enfrenta barreras en el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y el empleo, aumentando su riesgo de exclusión. • Jóvenes en riesgo: Los jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis) constituyen un grupo en riesgo de exclusión por su desvinculación de la educación y del mercado laboral. .
6. Indicadores de seguridad y violencia:
• Experiencia de violencia doméstica o de género: Las personas que sufren violencia, especialmente las mujeres, tienen mayor riesgo de caer en situaciones de exclusión debido al aislamiento, la dependencia económica y el trauma psicológico. • Personas en conflicto con la ley: Los antecedentes penales y la reincidencia en actividades delictivas dificultan la reintegración en la sociedad, el acceso al empleo y la rehabilitación social. • Zonas geográficas de alta criminalidad: Vivir en entornos de alta criminalidad o violencia comunitaria puede dificultar el acceso a servicios públicos, oportunidades laborales y educativas.
7. Indicadores de exclusión cultural.
• Barreras lingüísticas: Las personas que no hablan el idioma dominante del país en el que viven, como los inmigrantes, suelen enfrentar barreras significativas en el acceso a la educación, el empleo y los servicios de salud, lo que incrementa su vulnerabilidad a la exclusión.• Desconexión cultural: La falta de acceso a los medios de comunicación, tecnologías de la información o a redes sociales digitales puede aumentar el riesgo de exclusión en una sociedad cada vez más digitalizada.
8. Indicadores de exclusión administrativa:
• Irregularidad en la documentación: Las personas sin documentación legal, como inmigrantes sin permiso de residencia, enfrentan barreras en el acceso a servicios esenciales (sanidad, empleo, vivienda), lo que las coloca en una situación de extrema vulnerabilidad.• Falta de acceso a derechos: Las dificultades para acceder a servicios públicos, como educación, seguridad social o atención sanitaria, son indicadores claros de exclusión social.
2. GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA JURÍDICA
1. Auto judicial: documento emitido por un juez o tribunal durante el transcurso de un proceso legal. Es una resolución escrita que contiene decisiones, instrucciones o determinaciones relacionadas con el caso como, por ejemplo: solicitudes de las partes, designación de peritos, medidas cautelares, admisión de pruebas, entre otros. 2. Sentencia: Resolución judicial que pone fin a un proceso y en la que el juez o tribunal dicta su decisión sobre el conflicto planteado, resolviendo el fondo del asunto. Puede ser condenatoria (si impone una pena o sanción) o absolutoria (si exonera al acusado). 3. Fase de Instrucción: Primera etapa del proceso penal en la que se investigan los hechos, se recaban pruebas y se determina si existen indicios suficientes para llevar el caso a juicio. Es dirigido por el juez de instrucción. 4. Medidas Cautelares: Disposiciones provisionales que toma un juez para asegurar el cumplimiento de la sentencia o la protección de las partes durante un proceso. Ejemplos: prisión preventiva, retirada de custodia o prohibición de acercamiento.
5. Recurso Judicial: Mecanismo legal que permite impugnar una resolución judicial ante un tribunal superior. Los tipos comunes incluyen el recurso de apelación (para revisar una decisión) y el recurso de casación (para revisar errores de derecho).6. Comparecencia: Acto procesal en el que una persona se presenta ante un juez o tribunal para declarar o cumplir con un trámite judicial. 7. Diligencias Previas: Actos de investigación iniciales en un proceso penal para determinar si existen indicios de delito. Son dirigidos por el juez de instrucción. 8. Ministerio Fiscal: Órgano del Estado encargado de velar por el cumplimiento de la legalidad y la defensa de los derechos fundamentales en los procedimientos judiciales. 9. Querella: Denuncia presentación formal ante un juez por una persona particular o entidad para iniciar un procedimiento penal contra alguien.
10. Demanda: Documento mediante el cual una persona o entidad inicia un proceso judicial en el ámbito civil o laboral, reclamando un derecho o una indemnización.11. Juicio Oral: Fase central del proceso penal o civil en la que las partes presentan pruebas y alegaciones ante un tribunal, que posteriormente dicta sentencia. 12. Ejecución de Sentencia: Etapa del proceso en la que se hace cumplir lo dictado en una sentencia firme, ya sea el pago de una indemnización, la entrega de bienes o el cumplimiento de una condena. 13. Abogado de Oficio: Letrado asignado por el Estado para representar a personas que carecen de recursos económicos suficientes para costear un abogado privado. 14. Indulto: Medida de gracia concedida por el Gobierno que perdona total o parcialmente una pena impuesta por sentencia firme. 15. Libertad Condicional: Situación en la que una persona condenada puede cumplir el resto de su pena fuera de prisión bajo ciertas condiciones y supervisión.
3. VALORACIÓN DE NECESIDADES COMO PUNTO DE PARTIDA DE LA INTERVENCIÓN.
La valoración de necesidades es un proceso fundamental en la intervención social, ya que permite identificar y comprender las problemáticas que afectan a individuos, grupos o comunidades. A partir de este diagnóstico, los profesionales del ámbito social pueden diseñar estrategias y programas adaptados a las necesidades reales de la población, garantizando así una intervención más eficaz y con mayor impacto.
Este proceso implica la recopilación y análisis de información sobre las condiciones de vida, los recursos disponibles y las carencias existentes en un determinado contexto. Es importante destacar que este proceso debe ser participativo e inclusivo, incorporando la voz de las personas destinatarias. De esta manera, se fomenta la corresponsabilidad y el empoderamiento de las personas y comunidades involucradas, fortaleciendo su capacidad de acción y toma de decisiones sobre su propio bienestar.
Para ello, se emplean diversas metodologías que podemos clasificar entre cualitativas y cuantitativas, como encuestas, entrevistas, grupos de discusión, observación directa o análisis documental. La combinación de estas técnicas permite obtener una visión integral de la situación y facilita la identificación de prioridades de acción.
ETAPAS CLAVE:
1: Recogida de información: El profesional debe recopilar datos sobre la persona, su entorno y sus circunstancias personales. Esto puede realizarse a través de:• Entrevistas individuales para conocer su historia de vida, sus problemas y sus expectativas.• Observación directa en su contexto cotidiano (hogar, comunidad, centro de atención).• Consulta con otros profesionales que trabajen con la persona (trabajadores sociales, psicólogos, educadores, etc.).• Revisión de informes y documentos previos sobre su situación.
2. Análisis de las áreas clave de necesidad: El profesional evalúa diferentes aspectos de la vida de la persona para identificar las dificultades que enfrenta: • Situación económica: Nivel de ingresos, acceso a ayudas, empleo o desempleo. • Condiciones de vivienda: Tipo de hogar, acceso a suministros básicos, estabilidad habitacional. • Red de apoyo social: Relaciones familiares, amistades, participación en la comunidad. .
• Salud y bienestar: Estado físico y mental, acceso a servicios de salud. • Formación y empleo: Nivel educativo, habilidades laborales, barreras para la inserción laboral. • Acceso a recursos y derechos: Conocimiento y uso de servicios sociales, protección legal, inclusión digital. .
3: Detección de factores de riesgo y protección: El integrador social analiza los factores que pueden agravar la exclusión (por ejemplo, violencia, discriminación, problemas de salud mental) y aquellos que pueden ser un soporte (como redes de apoyo o habilidades personales). 4. Priorización de necesidades: Una vez identificadas las áreas de dificultad, es crucial establecer prioridades en función de la urgencia y el impacto que puedan tener en la vida de la persona y elaborar un plan individualizado de intervención.
5. colectivos en riesgo de exclusión
colectivos en riesgo de exclusión.
Los colectivos en riesgo de exclusión social son aquellos grupos de personas que, debido a diversas circunstancias personales, económicas o sociales, se encuentran en una situación de vulnerabilidad que les dificulta participar plenamente en la sociedad. Las políticas públicas y las intervenciones sociales buscan reducir estas brechas, promoviendo la igualdad de oportunidades y la integración social.
personas con diversidad funcional
La diversidad funcional engloba tanto discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales como psicosociales, implica la existencia de barreras que limitan la participación plena en la sociedad.Uno de los principales factores de exclusión para este colectivo es la discriminación y los estigmas asociados a la discapacidad donde se subestima sus capacidades y potencial, lo que perpetúa su marginación. Este estigma afecta su inserción en el mercado laboral. La falta de adaptación en el entorno laboral, así como la carencia de programas inclusivos que fomenten su contratación, refuerzan esta situación de exclusión económica.
personas con diversidad funcional
Muchas personas con diversidad funcional no reciben la atención educativa adaptada que necesitan, lo que impacta negativamente en su desarrollo personal y profesional. La falta de recursos especializados en las escuelas o la escasa formación del personal docente para atender a sus necesidades específicas contribuye a perpetuar esta exclusión. En el ámbito social, la dependencia de apoyos familiares o institucionales para realizar actividades cotidianas puede generar aislamiento. Las personas con diversidad funcional que no cuentan con un entorno de apoyo adecuado corren el riesgo de sufrir una mayor exclusión, lo que se agrava cuando no existen políticas públicas que garanticen la asistencia personal y el acceso a servicios comunitarios. Otro factor clave es la falta de accesibilidad en los servicios de salud y la atención médica. Las personas con diversidad funcional pueden enfrentar dificultades para acceder a tratamientos médicos o recibir atención adecuada, lo que repercute directamente en su bienestar. .
enfermedad mental
Las personas con enfermedad mental representan un colectivo particularmente vulnerable al riesgo de exclusión social debido al estigma asociado a las enfermedades mentales, que a menudo genera actitudes de rechazo y discriminación en diversos ámbitos de la vida diaria. Las enfermedades mentales, que abarcan desde trastornos de ansiedad y depresión hasta esquizofrenia o trastornos bipolares, afectan a la capacidad de muchas personas para llevar una vida plena, limitando su participación en áreas como el empleo, la educación y las relaciones sociales.En el ámbito laboral, las personas con enfermedad mental suelen enfrentar barreras adicionales, como la falta de comprensión y adaptación de los entornos de trabajo, lo que incrementa las tasas de desempleo o subempleo en este grupo.
enfermedad mental
Dificultad de acceso a servicios de salud mental adecuados, puesto que estos suelen ser insuficientes o no estar adecuadamente distribuidos, dejando a muchas personas sin el tratamiento que necesitan. Además, las largas listas de espera, el costo de las terapias especializadas y la falta de seguimiento continuo agravan la situación, llevando a que muchas personas no reciban un tratamiento adecuado o a tiempo. En el plano social, las personas con enfermedades mentales a menudo sufren aislamiento, debido tanto al estigma como a los propios síntomas de su condición. La pérdida de redes de apoyo, la dificultad para mantener relaciones sociales estables y la tendencia a evitar la interacción social por miedo al rechazo o la incomprensión son problemas comunes. La inseguridad económica, puesto que muchas personas con trastornos mentales severos enfrentan dificultades para mantener un empleo estable debido a las fluctuaciones en su salud o a la falta de adaptación del entorno laboral. Esto puede llevarlas a depender de ayudas sociales o familiares, lo que no siempre garantiza una calidad de vida digna ni la posibilidad de avanzar hacia una mayor independencia.
DROGODEPENDIENTES
La drogodependencia, definida como una adicción a sustancias que alteran el funcionamiento físico y mental, tiene un impacto significativo en diversos ámbitos, como el acceso al empleo, la salud, la estabilidad familiar y la integración social.Uno de los principales factores de exclusión de las personas drogodependientes son los prejuicios y estereotipos negativos asociados a la drogadicción, que a menudo perciben a estas personas como irresponsables, peligrosas y sin valores, lo que perpetúa su marginación.
La inestabilidad generada por la adicción, que puede afectar su comportamiento, salud y desempeño, provoca que estas personas tengan dificultades para acceder a trabajos formales o mantener una trayectoria laboral estable. Esta situación las lleva a menudo a caer en la economía informal o actividades delictivas para subsistir, lo que refuerza su exclusión y dificulta su rehabilitación.
DROGODEPENDIENTES
El deterioro de la salud física y mental: las adicciones afectan gravemente la salud, incrementando el riesgo de enfermedades crónicas, trastornos mentales y otras complicaciones médicas. Además, muchas de estas personas no acceden a un sistema de salud adecuado debido a la falta de recursos económicos o a la ausencia de programas de rehabilitación eficaces. El deterioro de las relaciones familiares y sociales: el consumo de sustancias suele llevar a la pérdida de vínculos afectivos, rupturas familiares y el aislamiento social, ya que la adicción afecta negativamente la capacidad de mantener relaciones saludables y estables. La criminalización del consumo de drogas: muchas personas con problemas de drogodependencia tienen antecedentes penales debido a delitos relacionados con el consumo o el tráfico de drogas, lo que complica aún más su reinserción en la sociedad. Falta de acceso a servicios de rehabilitación y apoyo: muchas personas drogodependientes no tienen la posibilidad de recibir tratamiento adecuado debido a la falta de recursos, lo que dificulta la recuperación y aumenta el riesgo de recaída. La falta de un enfoque integral que incluya el apoyo psicológico, médico y social agrava la situación de este colectivo.
MIGRANTES
La migración expone a estas personas a situaciones de precariedad, discriminación y barreras en el acceso a derechos básicos como la educación, la salud y el empleo. La falta de redes de apoyo y el estatus legal irregular son dos de los principales factores que agravan su vulnerabilidad. Uno de los mayores obstáculos que enfrentan las personas migrantes es la discriminación y el racismo, que limitan sus posibilidades de integración en la sociedad. A menudo, las personas migrantes son percibidas de manera negativa, enfrentando estereotipos y prejuicios que los asocian con la criminalidad, el desempleo o la carga social. El rechazo social y la discriminación en áreas como la vivienda o el empleo refuerzan su exclusión y limitan su capacidad para establecer una vida digna en el país de acogida.
En el ámbito laboral, muchos migrantes, especialmente aquellos con estatus irregular, se ven forzados a aceptar trabajos informales o mal remunerados, sin protección laboral ni derechos garantizados. A su vez, las personas migrantes con cualificaciones profesionales a menudo se enfrentan a la no homologación de sus títulos, lo que les impide acceder a trabajos acordes a su nivel de formación y experiencia, empujándolos a empleos de baja cualificación. Otro factor importante es la barrera del idioma, que puede dificultar la integración de las personas migrantes en la sociedad, puesto que limita su capacidad para interactuar en el día a día, desde la búsqueda de empleo hasta la interacción con servicios públicos, limitando su acceso a información esencial sobre derechos y recursos.
El estatus legal irregular es uno de los factores más críticos que contribuyen a la exclusión social de las personas migrantes, ya que su acceso a derechos básicos, como la atención sanitaria, la educación o la vivienda, puede estar restringido. Además, la posibilidad de deportación genera un constante estado de inseguridad, lo que impide a las personas migrantes establecerse de manera estable y buscar oportunidades de mejora en su calidad de vida. En cuanto a la vivienda, muchas personas migrantes se ven obligadas a vivir en condiciones precarias, en barrios marginales o en viviendas sobrepobladas, debido a la dificultad de acceder a viviendas adecuadas por razones económicas o discriminación en el mercado inmobiliario. A nivel familiar, los migrantes a menudo enfrentan rupturas en sus redes de apoyo debido a la separación de sus familias y la distancia de sus comunidades de origen. Esto genera una situación de soledad y vulnerabilidad emocional que afecta tanto a los adultos como a los niños, quienes suelen sufrir las consecuencias del desarraigo y la falta de un entorno estable. La reunificación familiar se convierte en un desafío, especialmente para aquellos en situación irregular, lo que incrementa el estrés y la inestabilidad de estas personas.
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia de género, que puede manifestarse de forma física, psicológica, sexual o económica, coloca a estas mujeres en una situación de gran precariedad, afectando su autonomía y su capacidad para acceder a recursos esenciales como la vivienda, el empleo y la atención sanitaria. Además, sus hijos e hijas, también se ven gravemente afectados.
Uno de los principales factores que agravan la situación de exclusión de estas mujeres es el control y la dependencia económica que a menudo ejerce el agresor, lo que limita su capacidad para abandonar la situación de violencia. Esta dependencia, sumada a las dificultades para acceder a empleo debido al aislamiento social o a las secuelas de la violencia, refuerza la exclusión económica y social. En el ámbito laboral, muchas de ellas han sido apartadas del mercado laboral por largos periodos debido al control del agresor o por los efectos psicológicos de la violencia, como la baja autoestima, la depresión o la ansiedad. Además, las que logran encontrar empleo suelen enfrentarse a trabajos precarios o mal remunerados, lo que no les permite alcanzar la estabilidad necesaria para salir del ciclo de violencia.
Abandonar el hogar familiar para huir de la violencia puede llevar a muchas mujeres a situaciones de extrema precariedad, como tener que recurrir a refugios temporales o depender de familiares y amigos. Aunque existen recursos como casas de acogida para mujeres víctimas de violencia, la demanda suele superar la disponibilidad, y muchas veces las condiciones de estas soluciones son temporales, lo que no garantiza una estabilidad a largo plazo. Además, una vez fuera del sistema de acogida, la falta de ingresos suficientes impide acceder a una vivienda digna, lo que incrementa el riesgo de exclusión residencial. Los efectos psicológicos de la violencia de género, tanto en las mujeres como en sus hijos e hijas, también juegan un papel clave en su exclusión social. Las víctimas de violencia a menudo sufren trastornos de salud mental como depresión, ansiedad o estrés postraumático, lo que afecta su capacidad para funcionar en el día a día y mantener relaciones saludables. Además, los niños que crecen en entornos violentos pueden sufrir secuelas emocionales graves, como dificultades de aprendizaje, problemas de comportamiento y una mayor probabilidad de repetir patrones de violencia en el futuro.
Aunque existen recursos y programas de ayuda para mujeres víctimas de violencia de género, estos suelen ser insuficientes o poco accesibles, especialmente en términos de protección efectiva y acceso a servicios jurídicos y psicológicos. La lentitud de los procesos judiciales, la falta de medidas de protección eficaces y la revictimización dentro del sistema pueden desincentivar a muchas mujeres a buscar ayuda, perpetuando su situación de vulnerabilidad. En el caso de los hijos e hijas de las mujeres víctimas, el impacto de la violencia también es profundo. Estos menores no solo sufren las consecuencias directas del maltrato, sino que también están expuestos a la inestabilidad económica, educativa y emocional derivada de la situación de violencia. La falta de apoyo especializado para atender sus necesidades puede contribuir a la perpetuación del ciclo de exclusión, afectando su desarrollo integral y sus oportunidades futuras.
JÓVENES EXTUTELADOS:
Su transición a la vida adulta suele estar marcada por múltiples dificultades debido a la falta de una red de apoyo familiar y social sólida, lo que los expone a situaciones de vulnerabilidad. Una de sus principales necesidades es el acceso a una vivienda digna y estable. Muchos de estos jóvenes, al salir del sistema de protección, carecen de recursos económicos para costear un alquiler, lo que puede llevarlos a situaciones de exclusión residencial o incluso de calle. Es fundamental la existencia de programas de apoyo que les proporcionen alternativas habitacionales accesibles y seguras, permitiéndoles desarrollarse con autonomía.
Otra necesidad clave es la inserción laboral y la formación profesional. Al no contar con referentes adultos que los guíen en su desarrollo laboral, estos jóvenes pueden enfrentar grandes dificultades para acceder a empleos estables y bien remunerados. Es crucial que existan programas de orientación, formación y acompañamiento que les faciliten el acceso al mercado de trabajo, así como incentivos para que las empresas los contraten y les brinden oportunidades de crecimiento. La mayoría de los jóvenes extutelados han vivido experiencias traumáticas o situaciones de abandono y maltrato, lo que puede afectar su bienestar emocional y su capacidad para gestionar los desafíos de la vida adulta. Contar con servicios de atención psicológica accesibles y espacios donde puedan construir relaciones de apoyo es fundamental para su estabilidad y desarrollo personal. La falta de una red de apoyo sólida puede generar sentimientos de soledad y aislamiento. Por ello, es importante fomentar su participación en actividades comunitarias, culturales y recreativas, facilitando su integración en la sociedad y promoviendo la creación de vínculos significativos que los ayuden a desenvolverse de manera saludable y autónoma.
personas mayores
Las personas mayores constituyen un colectivo especialmente vulnerable al riesgo de exclusión social debido a una combinación de factores como la pérdida de autonomía, la soledad, la dependencia económica y el acceso limitado a recursos y servicios. A medida que envejecen, muchas personas mayores experimentan cambios en su salud física y mental, la reducción de sus redes sociales, y dificultades para integrarse en sociedad. Estos factores contribuyen a su aislamiento y exclusión, afectando tanto su calidad de vida como su bienestar emocional.
Uno de los factores más relevantes es la soledad y el aislamiento que experimentan muchas personas mayores, especialmente aquellas que han perdido a su pareja, amigos o familiares cercanos. La soledad crónica no solo afecta al bienestar emocional de los mayores, sino que también tiene consecuencias en su salud física, ya que el aislamiento social está relacionado con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo y depresión. En cuanto al apoyo social, la transformación de las estructuras familiares, con familias nucleares más pequeñas y la migración de los hijos, ha dejado a muchas personas mayores sin el apoyo cercano de familiares. La falta de servicios de cuidado accesibles y asequibles, como el cuidado en el hogar o los centros de día, agrava esta situación, lo que incrementa su aislamiento y reduce su bienestar.
El deterioro de la salud, tanto física como mental, es otro de los grandes desafíos que enfrentan las personas mayores. Condiciones como la diabetes, enfermedades cardíacas, la pérdida de la vista o el oído, y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, son comunes en esta etapa de la vida. A medida que envejecen, muchas personas experimentan dificultades para realizar actividades cotidianas, como movilizarse, cocinar o cuidar de sí mismas. En casos más severos, la falta de apoyo adecuado puede derivar en la institucionalización en residencias de mayores, donde algunos pueden sentir un mayor aislamiento y desconexión de su entorno social y familiar. La falta de acceso a tecnologías y a la digitalización de muchos servicios públicos y privados es otra barrera significativa para las personas mayores.Esta "brecha digital" puede aumentar su dependencia de terceros y reducir su capacidad de participar en la sociedad, generando aún más aislamiento. En el ámbito económico, en muchos casos, las pensiones que reciben son insuficientes para cubrir todas sus necesidades. Las mujeres mayores son particularmente vulnerables a la pobreza, ya que muchas de ellas han tenido trayectorias laborales más irregulares o han trabajado en el hogar sin cotizar, lo que las deja con pensiones más bajas.
colectivo lgtbiq+
El colectivo LGTBIQ+, a pesar de los avances en materia de derechos y reconocimiento social, sigue siendo un grupo en riesgo de exclusión social debido a la discriminación, la violencia y la falta de acceso igualitario a oportunidades en distintos ámbitos de la vida. Muchas personas del colectivo enfrentan barreras significativas que afectan su bienestar, desde la falta de apoyo familiar hasta la exclusión en el ámbito laboral y educativo.
Uno de los principales desafíos que enfrenta este colectivo es el acceso a un empleo digno y libre de discriminación. A pesar de los marcos legales que protegen contra la discriminación laboral, muchas personas LGTBIQ+ sufren rechazo en procesos de selección o despidos injustificados. Es esencial implementar políticas de inclusión en las empresas, especialmente para personas trans, quienes enfrentan las mayores tasas de desempleo. La vivienda es otra necesidad fundamental. Muchas personas LGTBIQ+, especialmente jóvenes, son expulsadas de sus hogares debido a su orientación sexual o identidad de género, lo que las expone a situaciones de vulnerabilidad y exclusión residencial. Es imprescindible contar con recursos habitacionales de emergencia y programas de apoyo que les permitan acceder a una vivienda segura, evitando así la precariedad o la situación de calle.
En el ámbito de la salud, persisten barreras en el acceso a una atención médica adecuada y libre de prejuicios. Las personas LGTBIQ+ a menudo enfrentan discriminación en los servicios sanitarios o la falta de profesionales formados en diversidad sexual y de género. Las personas trans, en particular, necesitan acceso garantizado a tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género sin trabas burocráticas ni estigmatización. La formación del personal sanitario y la creación de protocolos inclusivos son esenciales para garantizar una atención equitativa. El apoyo psicológico y emocional también es una necesidad clave. Muchas personas LGTBIQ+ han vivido experiencias de rechazo, acoso o violencia, lo que puede generar altos niveles de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Contar con espacios seguros de acompañamiento psicológico, grupos de apoyo y programas de sensibilización en el entorno educativo y social es crucial para reducir el impacto de la discriminación y promover su bienestar.
PERSONAS SIN HOGAR
Las personas sin hogar constituyen un colectivo altamente vulnerable que enfrenta múltiples barreras para su integración social. Sus necesidades abarcan diferentes dimensiones, desde lo más básico hasta aspectos relacionados con la inclusión laboral y comunitaria. En primer lugar, es fundamental garantizar el acceso a necesidades básicas como el alojamiento digno, la alimentación regular, la higiene y la seguridad son aspectos cruciales para mejorar su calidad de vida. Contar con ayudas económicas y programas de protección social es esencial para brindarles una oportunidad real de reinserción.
Otro aspecto prioritario es la salud y el bienestar. Muchas personas sin hogar padecen enfermedades crónicas sin acceso a atención médica adecuada. Una parte significativa de este colectivo sufre trastornos psicológicos sin recibir tratamiento. Asimismo, el consumo problemático de sustancias es una realidad frecuente, por lo que es fundamental disponer de programas de rehabilitación accesibles y eficaces. La falta de documentación legal puede impedir que accedan a servicios sociales o a oportunidades laborales. Además, en muchos casos necesitan asistencia jurídica para afrontar problemas legales derivados de su situación.
En términos de inserción laboral y educativa, muchas personas sin hogar carecen de estudios básicos o han estado alejadas del mercado laboral durante largos períodos. Por ello, es necesario ofrecer programas de alfabetización, formación profesional y oportunidades de empleo adaptadas a sus capacidades y circunstancias. Por último, la integración social no es solo económica o material, sino también emocional y comunitaria. Muchas personas sin hogar viven en aislamiento, por lo que necesitan redes de apoyo y acompañamiento social para reconstruir sus relaciones interpersonales. La sensibilización de la sociedad también juega un papel clave para reducir el estigma y facilitar su aceptación en la comunidad. Para abordar estas necesidades, es imprescindible aplicar estrategias como el modelo "Housing First", que prioriza la vivienda como primer paso para la reinserción. La integración social de las personas sin hogar requiere un enfoque multidimensional, que garantice el acceso a derechos fundamentales y brinde oportunidades reales para reconstruir sus vidas.