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La educación en México ha tenido un largo proceso de desarrollo, sus orígenes contemporáneos se remontan a lo que se establece en el Artículo Tercero de la Constitución Mexicana en 1917, concretándose, con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. A partir de entonces, la educación que propone e imparte el Estado ha intentado dar respuesta a las necesidades del país y del mundo. Los enfoques de los Planes y Programas educativos implementados durante este tiempo, han sido diversos. En los últimos 50 años ha predominado un enfoque instrumental, conductista y eficientista, al respecto (Coll, 1991) dice: que el diseño y la operación de los planes y programas de estudio de la educación básica se ha ido ajustando con cada reforma, pero que ha definido la experiencia formativa expresada en conceptos, sistemas explicativos, habilidades, saberes, normas y valores; establecidos en los contenidos y objetivos del currículo, su planeación y evaluación.

Esta visión ha sido acordada con organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que la emplearon como un instrumento para proponer la modernización educativa en América Latina en la década de 1970 (Díaz-Barriga, 1981) y en los últimos años se han adoptado las recomendaciones de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), con un giro marcadamente empresarial sobre la educación (Torres Santomé, 2000).

En estas propuestas de educación, a las y los docentes se les ha considerado como personal técnico que transmite información y como gestoras y gestores educativos que planean, evalúan, motivan a sus estudiantes, quedando anulados sus saberes, experiencias y formación profesional. En el caso de la evaluación, ésta es realizada por personas ajenas al proceso formativo y a las opiniones de estudiantes y docentes. Desde un punto de vista técnico, la evaluación mide el grado en que las conductas de las y los estudiantes se ajustan a los objetivos, competencias o aprendizajes clave planteados en el currículo. Se mide el producto (el sujeto cosificado en su conducta), no el aprendizaje ni lo que sucede en el proceso formativo (Grundy 1991).

Durante los últimos años, se ha colocado el discurso de la calidad educativa como una finalidad del sistema educativo y no como un elemento más de una ciudadanía diversa que construye una sociedad justa, democrática, que prepara para la emancipación y superación intelectual, ética, espiritual, física y emocional de los sujetos para el servicio de la comunidad.

1.

Aquella que pone en relieve la transmisión generalizada de valores e ideologías de carácter científico, nacionalista, moral, religioso o económico que buscan la cohesión social.

En el debate internacional predominan cuatro definiciones de calidad de la educación:

2.

La que subraya que la calidad se concreta si las instituciones educativas cuentan con insumos adecuados como edificios, materiales, maestras y maestros capacitados y bien pagados, así como con programas de estudios pertinentes.

3.

La que pone el acento en los resultados del proceso educativo que se obtienen mediante pruebas estandarizadas con el propósito de mejorar los desempeños académicos de docentes y estudiantes.

4.

Aquella que destaca como criterio de calidad si la población está satisfecha con el servicio educativo que se le brinda, con el propósito de que las familias decidan la mejor escuela, pública o privada, para sus hijas e hijos (Díaz-Barriga, 2020).

En México ha predominado el concepto de calidad vinculado con el de equidad, que pone el acento en los resultados del proceso educativo con el fin de mejorar el desempeño de las y los estudiantes y la productividad de las maestras y los maestros.

Haciendo un recuento de los últimos años, a partir de la década de 1990, México acordó transformar su política pública nacional teniendo como referente el programa ideológico, económico, político y social. En el caso del sistema educativo nacional, se utilizó el discurso de la calidad como fundamento para reducir la formación de las y los estudiantes y el trabajo docente a un criterio instrumental basado en la eficiencia pedagógica y la eficiencia escolar, plenamente vinculada con la medición estandarizada de resultados, que abrió las puertas a la mercantilización de la educación básica.

La reforma de 1992 se expresó con el nombre de Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En esta reforma de la educación básica se dejó la perspectiva curricular por áreas y se instaló el trabajo por asignaturas en el cual se adoptó el enfoque constructivista de la educación que, en teoría, se siguió aplicando en las siguientes reformas (Bonilla, 2015). Además de que se introdujo el concepto de calidad para medir el desempeño del sistema educativo con indicadores como “eficiencia terminal”, “equidad”, “rezago”, “cobertura”, “egreso”, “pertinencia”, cuyo cumplimiento está bajo la responsabilidad de las y los estudiantes y del magisterio nacional.

En el año 2001 se conformó un Equipo de Transición del Área de Educación integrado por especialistas, directivos y planificadores que produjo como resultado un documento que se llamó Bases para el Programa Sectorial de Educación 2001-2006, el cual terminó por integrarse en el Plan Nacional de Educación 2001-2006 (Latapí 2012) siendo, a su vez, una continuación de las políticas educativas federales de los dos gobiernos anteriores y que permanecieron en gran parte hasta el año 2018. De este modo, en las reformas curriculares de 2004 a 2017 hay una continuidad con la reforma de 1992; un reforzamiento con el concepto de calidad, la incorporación del concepto de competencias como eje rector de la organización de los aprendizajes, aunque se mantuvo la estructura por objetivos de aprendizaje y se adoptó un enfoque multicultural para atender la diversidad lingüística de los pueblos indígenas (Gallardo 2018).

En el 2006 se realizó la Reforma Integral de la Educación Secundaria con énfasis en la continuidad y articulación de los dos niveles educativos previos. En esta reforma se dio continuidad a los campos formativos establecidos en la educación preescolar del año 2004 y al enfoque por competencias (conocimientos, habilidades y actitudes). Se introdujeron temas transversales como interculturalidad, formación en valores, educación sexual, equidad de género y el uso de tecnologías de la información. La estructura curricular continuó por asignatura y se empleó la pedagogía por objetivos.

La Reforma a la Educación Primaria del año 2009 también incorporó la estructura de campos formativos con un enfoque por competencias. Los campos que se establecieron fueron: Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático, Exploración y comprensión del mundo social y natural, y Desarrollo personal y para la convivencia. Pese a esta propuesta, las asignaturas y el uso de objetivos predominan en la estructura del Plan de Estudios de este nivel educativo.

En la reforma de 2011 se consolidó la articulación de la educación básica, fortaleciendo el trabajo por competencias vinculado a estándares de aprendizaje, además se establecieron temas transversales como: diversidad, equidad de género, educación ambiental, salud ambiental para la sustentabilidad, salud sexual, educación financiera y del consumidor, violencia escolar, educación para la paz, educación vial, derechos humanos, valores y ciudadanía (Díaz-Barriga, 2020).

En febrero de 2013 se promulgó la reforma a los artículos 3º y 73º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para regular el ingreso, la promoción, el desempeño, el reconocimiento y la permanencia de las maestras y los maestros en la educación básica. Lo anterior, dispuso que se promulgaran la Ley General del Servicio Profesional Docente, y las correspondientes adiciones a la Ley General de Educación, y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Esta reforma dio prioridad al discurso de la calidad en la educación, la evaluación obligatoria y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La expresión pedagógica de la reforma de 2013 se plasmó en el modelo educativo de 2017, que define perfiles y metas de aprendizaje para cada uno de los diez ámbitos desagregados en logros esperados en cada grado y nivel educativo de preescolar a secundaria.

En este breve recorrido por la construcción del currículo de la educación básica se tiene claro que las prácticas docentes tienen siempre márgenes de autonomía y son producto de capas sedimentadas de recursos y regulaciones curriculares de distintas épocas (Dussel, 2000). También se aprecian las continuidades y discontinuidades de una línea discursiva que se basa, funda mentalmente, en la calidad en la educación, la evaluación y la instrumentalización del currículo, que ha dado como resultado la fragmentación del conocimiento enseñado y aprendido, así como un empobrecimiento del papel de la escuela y la educación en la construcción de una ciudadanía crítica, emancipada, bien preparada, comprometida con su comunidad en el plano local, regional, nacional e internacional.

Mientras que se ha planteado en diferentes reformas educativas un enfoque constructivista o de desarrollo de competencias donde el estudiante es el principal responsable de la construcción de su conocimiento, el currículo se siguió configurando por asignaturas, estructura que organiza el conocimiento de tal manera que promueve una visión fragmentada de la realidad. Esta condición fraccionada del conocimiento en la educación básica se profundiza en la medida en la que los programas de estudios se diseñan a partir de aprendizaje, competencias o aprendizajes clave. En ellos se prescriben los contenidos para que las y los estudiantes de cada grado y nivel alcancen los objetivos de cada asignatura y, en lo sucesivo, logren el perfil de egreso de la educación básica. Estas condiciones se transforman al implementarse el Plan de Estudios 2022 de la Nueva Escuela Mexicana.