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La aprobación definitiva
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EL FRENTE JUDICIAL
Buscando un texto
La primera vez que Pedro Sánchez mencionó la "amnistía" fue el 6 de octubre de 2023. La medida de gracia llevaba semanas sobre la mesa como moneda de cambio para su investidura, pero el líder del PSOE era reticente a nombrarla. En el mes siguiente, el PSOE se enfrascó en una negociación con ERC y Junts para acordar un texto legislativo. Al PP no le hizo falta ver el texto para debatirlo en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. Fueron solo los presidentes del PP y Pere Aragonés que, en un visto y no visto, defendió la medida de gracia y se marchó sin escuchar réplicas. "Catalunya votará en un referéndum", sentenció. 60 segundos después estaba en su coche.
El insólito ‘no’
La intención del Gobierno era tener aprobada la amnistía a principios de abril, pero los planes no siempre salen bien. El Congreso aceptó a trámite la ley el 12 de diciembre y en las semanas siguientes se modificó el texto en dos ocasiones con enmiendas pactadas por el PSOE con ERC y Junts. A finales de enero parecía que había un acuerdo, pero los posconvergentes se opusieron en la última votación. Se dio un escenario inédito en democracia. Un texto aprobado, pero una ley rechazada. Los letrados, con un papel fundamental en esta historia, devolvieron la norma a la comisión de Justicia. Tras retocar el asunto del terrorismo, Junts dio su beneplácito. El 14 de marzo se aprobó.
178, la mayoría absoluta
Este jueves, 30 de mayo, el Congreso levantó el veto impuesto por el Senado. Justo 200 días después de que el PSOE, en solitario, registrara la amnistía, los diputados socialistas, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y José Luís Ábalos, en el gallinero del grupo Mixto desde que fue expulsado del PSOE y decidió quedarse, han dado el visto bueno definitivo a la amnistía. Se acabó el largo y tortuoso camino de la medida de gracia. En los próximos días, la ley se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y será entonces cuando esté en vigor la primera amnistía desde que se aprobó la Constitución. Entonces, tocará contar el periplo judicial.
La ironía del veto
El PP asegura que las cientos de hojas de informes le servirán para elaborar su recurso ante el Tribunal Constitucional, pero tuvieron poca incidencia en la tramitación parlamentaria. Tras dos meses en el Senado, los populares se vieron obligados a vetar la ley. El pasado 14 de mayo, la mayoría absoluta del PP, a la que se sumaron tres senadores de Vox, uno de UPN y otro de la Agrupación Herreña Independiente (recuerda que en el Senado hay más partidos de los que imaginas), votaron en contra de la norma. 149 respaldos al veto que, irónicamente, dejaron la ley lista para su aprobación definitiva.
Europa y el conflicto
La amnistía fue enviada al Senado y allí el PP respondió. Con su mayoría absoluta, requirió un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo innecesario según la ley y que nunca había ocurrido, y otro a la Comisión de Venecia, lo que provocó que una decena de enviados merodearan por distintas instituciones españolas para informarse sobre la ley. El culmen de su contundente contestación fue el impulso de un conflicto institucional entre Congreso y Senado, algo sin precedentes. Un mes y medio después, el propio PP acabó frenandolo por voluntad propia y decidió no elevarlo al Tribunal Constitucional. Puede que supieran que no tenían las de ganar.
Letrados y reglamentos
El PSOE registró la amnistía en solitario el 13 de noviembre: 16 páginas en total que generarían cientos de hojas de informes, enmiendas y peticiones. Más de un arbol cayó en esta tramitación. El primer informe fue del letrado mayor del Congreso, cuya imparcialidad fue cuestionada por el PP, y daba el visto bueno a tramitar la norma. Al menos, decía, no había una inconstitucionalidad "palmaria y evidente". Después vendrían otros tres informes de los letrados de las Cortes que no estaban tan de acuerdo. El PP, mientras, preparó el terreno en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, y en 12 días reformó el reglamento para retrasar la tramitación de la norma hasta dos meses.
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EL PERIODICO DE CATA
Created on May 29, 2024
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La primera vez que Pedro Sánchez mencionó la "amnistía" fue el 6 de octubre de 2023. La medida de gracia llevaba semanas sobre la mesa como moneda de cambio para su investidura, pero el líder del PSOE era reticente a nombrarla. En el mes siguiente, el PSOE se enfrascó en una negociación con ERC y Junts para acordar un texto legislativo. Al PP no le hizo falta ver el texto para debatirlo en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. Fueron solo los presidentes del PP y Pere Aragonés que, en un visto y no visto, defendió la medida de gracia y se marchó sin escuchar réplicas. "Catalunya votará en un referéndum", sentenció. 60 segundos después estaba en su coche.
El insólito ‘no’
La intención del Gobierno era tener aprobada la amnistía a principios de abril, pero los planes no siempre salen bien. El Congreso aceptó a trámite la ley el 12 de diciembre y en las semanas siguientes se modificó el texto en dos ocasiones con enmiendas pactadas por el PSOE con ERC y Junts. A finales de enero parecía que había un acuerdo, pero los posconvergentes se opusieron en la última votación. Se dio un escenario inédito en democracia. Un texto aprobado, pero una ley rechazada. Los letrados, con un papel fundamental en esta historia, devolvieron la norma a la comisión de Justicia. Tras retocar el asunto del terrorismo, Junts dio su beneplácito. El 14 de marzo se aprobó.
178, la mayoría absoluta
Este jueves, 30 de mayo, el Congreso levantó el veto impuesto por el Senado. Justo 200 días después de que el PSOE, en solitario, registrara la amnistía, los diputados socialistas, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y José Luís Ábalos, en el gallinero del grupo Mixto desde que fue expulsado del PSOE y decidió quedarse, han dado el visto bueno definitivo a la amnistía. Se acabó el largo y tortuoso camino de la medida de gracia. En los próximos días, la ley se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y será entonces cuando esté en vigor la primera amnistía desde que se aprobó la Constitución. Entonces, tocará contar el periplo judicial.
La ironía del veto
El PP asegura que las cientos de hojas de informes le servirán para elaborar su recurso ante el Tribunal Constitucional, pero tuvieron poca incidencia en la tramitación parlamentaria. Tras dos meses en el Senado, los populares se vieron obligados a vetar la ley. El pasado 14 de mayo, la mayoría absoluta del PP, a la que se sumaron tres senadores de Vox, uno de UPN y otro de la Agrupación Herreña Independiente (recuerda que en el Senado hay más partidos de los que imaginas), votaron en contra de la norma. 149 respaldos al veto que, irónicamente, dejaron la ley lista para su aprobación definitiva.
Europa y el conflicto
La amnistía fue enviada al Senado y allí el PP respondió. Con su mayoría absoluta, requirió un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo innecesario según la ley y que nunca había ocurrido, y otro a la Comisión de Venecia, lo que provocó que una decena de enviados merodearan por distintas instituciones españolas para informarse sobre la ley. El culmen de su contundente contestación fue el impulso de un conflicto institucional entre Congreso y Senado, algo sin precedentes. Un mes y medio después, el propio PP acabó frenandolo por voluntad propia y decidió no elevarlo al Tribunal Constitucional. Puede que supieran que no tenían las de ganar.
Letrados y reglamentos
El PSOE registró la amnistía en solitario el 13 de noviembre: 16 páginas en total que generarían cientos de hojas de informes, enmiendas y peticiones. Más de un arbol cayó en esta tramitación. El primer informe fue del letrado mayor del Congreso, cuya imparcialidad fue cuestionada por el PP, y daba el visto bueno a tramitar la norma. Al menos, decía, no había una inconstitucionalidad "palmaria y evidente". Después vendrían otros tres informes de los letrados de las Cortes que no estaban tan de acuerdo. El PP, mientras, preparó el terreno en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, y en 12 días reformó el reglamento para retrasar la tramitación de la norma hasta dos meses.