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Unidad 8. El juicio de lesividad. (28 de octubre 2023)

Cynthia Abigail Olguin Guzman

Created on November 7, 2023

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Transcript

Unidad 8. El juicio de lesividad.

Cynthia Abigail olguín Guzmán No. de Cta.:421146079

El juicio de lesividad.

El juicio de lesividad es un concepto legal que se refiere a la evaluación que realiza una autoridad, generalmente en el ámbito gubernamental o administrativo, para determinar si un acto o decisión previamente tomado es perjudicial o dañino en algún aspecto. Este tipo de juicio se utiliza comúnmente en el contexto de la administración pública y tiene como objetivo verificar si un acto administrativo o una decisión gubernamental es contrario a la ley, inapropiado, injusto o perjudicial para los intereses públicos o privados. En muchos sistemas legales, el juicio de lesividad se utiliza como un mecanismo de control y corrección para garantizar que las acciones gubernamentales sean coherentes con la ley y no causen daño innecesario a los individuos, las empresas o la sociedad en general. Si se determina que un acto administrativo es lesivo, puede ser revocado, modificado o anulado, y las partes afectadas pueden tener derecho a reclamar daños y perjuicios. El juicio de lesividad suele estar regulado por leyes y normativas específicas en cada jurisdicción, y los procedimientos y criterios para llevar a cabo esta evaluación pueden variar según el lugar y el tipo de autoridad gubernamental involucrada. En muchos casos, las decisiones sobre lesividad pueden ser objeto de revisión judicial para garantizar la protección de los derechos y el cumplimiento de la ley.

1. Legalidad: Este principio establece que todas las acciones y decisiones deben basarse en la ley. Nadie está por encima de la ley, y todas las acciones deben estar respaldadas por normas legales existentes. 2. Igualdad ante la ley: Significa que todas las personas, sin importar su origen, género, raza, religión u otras características personales, deben ser tratadas por igual bajo la ley. La discriminación está prohibida. 3. Justicia: La justicia implica que las decisiones legales deben ser equitativas y basadas en la imparcialidad y el debido proceso. La justicia busca proteger los derechos y los intereses legítimos de todas las partes involucradas.4. Presunción de inocencia: En materia penal, se presume que una persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable. Esto protege los derechos de los acusados y garantiza un juicio justo. 5. Debido proceso: Este principio garantiza que todas las partes en un proceso legal tengan la oportunidad de presentar pruebas, argumentos y ser escuchadas adecuadamente. También incluye el derecho a un juicio justo y a la asistencia legal. 6. Legalidad de los actos administrativos: Los actos administrativos deben estar respaldados por la ley y ser proporcionales a sus objetivos. No deben ser arbitrarios ni desproporcionados. 7. Respeto a los derechos humanos: Los derechos humanos fundamentales, como la vida, la libertad, la igualdad y la dignidad, deben ser respetados y protegidos en todos los aspectos del derecho y la administración pública. 8. Interpretación favorable a los derechos fundamentales: Cuando exista ambigüedad en la interpretación de la ley, se debe optar por la interpretación que favorezca la protección de los derechos fundamentales de las personas. 9. Seguridad jurídica: La seguridad jurídica implica que las normas legales deben ser claras, predecibles y consistentes con el fin de garantizar la certeza en las relaciones legales y la toma de decisiones. 10. Retroactividad de la ley penal más benigna: En el ámbito penal, si una nueva ley es más benigna que una ley anterior, se aplica retroactivamente para favorecer al acusado.

Principios rectores.

Los principios rectores son conceptos fundamentales que guían y orientan la toma de decisiones y la interpretación de las leyes en un sistema jurídico o en un área específica del derecho. Estos principios son esenciales para asegurar la coherencia, la justicia y la equidad en la aplicación del derecho. A continuación, se presentan algunos de los principios rectores más comunes en el ámbito legal:

Procedencia y términos

Términos: Los "términos" se refieren a los plazos o periodos de tiempo establecidos por la ley o por el tribunal para llevar a cabo ciertas acciones o procedimientos dentro de un proceso legal. Estos plazos son esenciales para mantener el orden y la eficiencia en el proceso legal. Si una parte en un caso legal no cumple con los términos establecidos, puede enfrentar consecuencias negativas, como la pérdida de derechos o la desestimación de su caso. Los términos pueden aplicarse a la presentación de documentos, la presentación de pruebas, la apelación, y otros aspectos del proceso legal. Por lo tanto, en un proceso legal, es fundamental entender tanto la procedencia como los términos aplicables. La procedencia determina si una solicitud o acción es admisible en el sistema legal, mientras que los términos son plazos específicos que deben cumplirse para llevar a cabo las acciones requeridas dentro del proceso. El incumplimiento de los términos puede tener consecuencias graves en el desarrollo de un caso legal, por lo que es importante estar al tanto de ellos y respetarlos en todo momento.

Los términos "procedencia" y "términos" en el contexto legal se refieren a aspectos relacionados con la tramitación y conclusión de un proceso legal o judicial. Aquí te explico más sobre cada uno de estos conceptos:

Procedencia: La "procedencia" se refiere a la admisibilidad de una demanda, recurso, solicitud o acción legal. En otras palabras, se trata de determinar si una solicitud o acción presentada ante un tribunal o una autoridad legal cumple con los requisitos necesarios para ser considerada y procesada. La procedencia se basa en la evaluación de aspectos como la jurisdicción, la legitimación de las partes, la competencia del tribunal y la conformidad con las reglas procesales. Si una demanda o solicitud es declarada "procedente," significa que cumple con los requisitos legales y puede seguir adelante.

Las partes.

Partes coadyuvantes o terceros interesados: En algunos casos, otras personas o entidades pueden unirse al proceso legal como partes coadyuvantes o terceros interesados, si tienen un interés directo en el resultado del caso. Estas partes pueden intervenir para apoyar a una de las partes principales o para proteger sus propios intereses. Fiscal o Ministerio Público: En casos penales, el fiscal o el ministerio público representa al estado y es responsable de presentar cargos y llevar adelante el caso contra el acusado en nombre de la sociedad. Defensor o Abogado de Oficio: En casos penales, el acusado generalmente tiene derecho a contar con un defensor legal o abogado de oficio si no puede pagar uno por sí mismo. El defensor representa al acusado y lo defiende en el proceso. Testigos: Los testigos son personas que pueden tener información relevante para el caso y son llamadas a declarar bajo juramento en el proceso legal. Pueden ser testigos de los hechos en cuestión o expertos en áreas relacionadas con el caso.

En un proceso legal, las "partes" se refieren a las personas, entidades o grupos que están involucrados en el caso y que tienen intereses contrapuestos que deben ser resueltos por el tribunal o la autoridad competente. Las partes desempeñan un papel fundamental en la presentación de argumentos, pruebas y testimonios, y representan los intereses en conflicto en el proceso legal. Aquí hay una descripción de las partes comunes en un proceso legal:

Demandante o Actor: El demandante, también conocido como actor, es la parte que inicia el proceso legal presentando una demanda o una solicitud ante el tribunal. El demandante busca una solución o un remedio para una queja o un conflicto legal. En un caso civil, el demandante es quien alega haber sufrido un perjuicio y busca una compensación o una solución al problema. Demandado o Requerido: El demandado, por otro lado, es la parte contra la cual se presenta la demanda. El demandado debe responder a las acusaciones o reclamos del demandante y defender sus propios intereses en el proceso legal. En un caso penal, el demandado es la persona acusada de cometer un delito.

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  • Disposición: En la disposición de la sentencia, el tribunal declara su decisión final. Puede ordenar diversas acciones, dependiendo del tipo de caso, como absolver al acusado, condenarlo, otorgar una compensación a una de las partes en un caso civil, o emitir una orden específica para cumplir con la resolución del caso.
  • Fundamentos de hecho: En la sentencia, se exponen los hechos relevantes del caso. Estos hechos son esenciales para entender la razón detrás de la decisión del tribunal. Los tribunales basan sus decisiones en pruebas, testimonios y otros elementos de prueba presentados durante el proceso.
  • Fundamentos de derecho: La sentencia también incluye la interpretación y aplicación de las leyes y precedentes legales relevantes al caso. Aquí, el tribunal explica cómo llegó a su decisión basándose en el marco legal y los argumentos presentados por las partes.
  • Fallos: En esta sección, se establecen las conclusiones finales sobre los puntos clave del caso. Los fallos son las declaraciones específicas que definen los derechos y responsabilidades de las partes involucradas.
  • Disposiciones adicionales: La sentencia puede incluir otras disposiciones adicionales, como plazos para cumplir con la sentencia, medidas cautelares o cualquier otra acción necesaria para llevar a cabo la decisión del tribunal.
  • Firma y fecha: La sentencia debe estar firmada y fechada por el juez o jueza que la emite. La fecha de la sentencia es importante para determinar los plazos para apelar o cumplir con la sentencia.

La sentencia

La "sentencia" es un documento legal emitido por un tribunal o una autoridad judicial que establece la resolución de un caso legal. La sentencia contiene la decisión final del tribunal respecto a los hechos y cuestiones legales planteados en el caso. En una sentencia, se establecen los siguientes elementos fundamentales:

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