Presupuestos públicos sensibles al género
MÓDULOJUSTIFICACIÓN
Realización:
Con el apoyo de:
General
Objetivos
Específicos
La educación como un derecho habilitador
de los demás derechos
En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 26, reconoció el derecho de todas las personas a la educación. Desde entonces, se ha nombrado y desarrollado ese derecho en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
La Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza.
La Convención sobre los Derechos del Niño
El derecho a la educación es considerado un derecho particular porque habilita la realización de los demás derechos. Al acceder a la educación, las personas pueden conocer sus derechos y exigir a los Estados el cumplimiento de otros derechos, como son los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al trabajo decente, a la salud, a la vivienda, a la libre expresión, a la vida libre de violencia y discriminación, entre otros. Al transformarse, estas personas aumentan sus posibilidades de convertirse en ciudadanos y ciudadanas comprometidas con la transformación social y con la justicia socioeconómica y ambiental.
Sistema estructural de dominación
Masculino Valorado
Femenino Devaluado
Elaborada en 1981, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus sigla en inglés) reconoce el rol de la educación como habilitadora de los derechos de las mujeres y, en su artículo 10, afirma:
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
Más recientemente, en 2015, los Estados se comprometieron con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que explicita en su Objetivo 5 el compromiso con la eliminación de la discriminación y la violencia de género. Además, el enfoque de género aparece transversalmente como parte esencial para el logro de los otros 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluido el ODS 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. La Agenda de Educación 2030 y el Marco de Acción de Incheon, que detalla el contenido del ODS 4, también reconocen la igualdad de género como un principio fundamental para la educación.
Estándares internacionales
Los estándares internacionales en la educación son características indispensables que todos los Estados deberían cumplir para efectivamente realizar el derecho a la educación para todas las personas. Entre ellos, se destacan:
Igualdad de condiciones de acceso a una educación de calidad
Reducción de la tasa de exclusión escolar
Eliminación de estereotipos de género en la educación.
Participación en la toma de decisiones sobre la educación.
Del discurso a la realización concreta del derecho
Como se ha mencionado, los Estados son responsables y tienen la obligación de hacer que los derechos sean un hecho. En este camino, deben tomar medidas apropiadas, que faciliten la consecución de los derechos para todas las personas. Entre ellas, se destacan:
a) Armonización del derecho
La ratificación por parte de un Estado de los instrumentos internacionales de derechos humanos y la firma de compromisos políticos para lograr la igualdad de género implica que los Estados deben armonizar su legislación nacional con esos acuerdos internacionales. Ello requiere un proceso de transformación institucional y social para garantizar la implementación de las nuevas leyes.
La voluntad política de los gobiernos juega un papel importante en la implementación de estas acciones. Pero también se debe involucrar a organizaciones sociales y organismos internacionales especializados, tanto a nivel global, como regional, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general.
b) Creación de políticas y programas con enfoque de género e interseccional
Luego de contar con un ambiente jurídico favorable, es clave desarrollar e implementar políticas, programas y acciones para transformar los compromisos políticos en hechos concretos que mejoren la vida de las personas. El primer paso para ello es reconocer que hay personas que históricamente han sido discriminadas por el simple hecho de ser quienes son.
Privilegio
Opresión/Resistencia
El enfoque integrado de género (o en inglés, gender mainstreaming) busca, por un lado, transversalizar la perspectiva de género en cada institución, política o programa gubernamental, diseñando acciones que aborden las necesidades de la población de manera diferenciada (Budlender y Hewitt, 2003). Adicionalmente, para que el tema no se diluya y no se pierda en la institucionalidad, el enfoque de género adopta mecanismos de especificación de acciones, con:
La planificación de políticas públicas puntuales para abordar las desigualdades existentes, definiendo responsables de su cumplimiento.
La identificación y evaluación de los avances hacia la igualdad real.
La Recomendación General N. 28 del Comité que hace seguimiento a la implementación de la CEDAW destaca la importancia de la interseccionalidad para comprender las obligaciones generales de los Estados. En su artículo 2, reconoce que la discriminación de las mujeres por motivos de sexo y género está intrínsecamente unida a otros factores, como la raza, el origen étnico, la religión, la salud, el estatus social, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual e identidad de género. Los Estados deben reconocer y prohibir estas formas interconectadas de discriminación que tienen impacto negativo combinado en las mujeres afectadas y adoptar medidas para eliminarlas.
Políticas para la igualdad y acciones afirmativas
c) Incorporar la participación social a la discusión
y toma de decisiones de políticas
Para que las políticas respondan a las demandas y necesidades de cada sujeto de derechos, los grupos poblacionales, especialmente los más marginados, deben ser incluidos en el debate y la toma de decisiones sobre las políticas educativas y sobre los presupuestos. La participación, además de ser un derecho en sí mismo, legitima las políticas públicas y evita la ineficiencia del gasto ya que cuando una política dialoga con el contexto de las poblaciones contribuye a generar los resultados previstos.
Con miras a garantizar la participación de todas las personas, es fundamental que los espacios de discusión de las políticas sean flexibles, y por ejemplo, se realicen en un horario nocturno, para permitir que las personas trabajadoras se involucren en este proceso, y también se deben garantizar espacios de cuidados sino muy probablemente no habrá participación de mujeres. Las informaciones también deben de ser transmitidas de manera apropiada, sencilla, directa, oportuna y transparente.
d) Presupuesto público con perspectiva de género
Funciones del presupuesto
Los presupuestos tienen varias funciones económicas, se resaltan tres:
Distribución de recursos
Presupuesto
Distribución de ingreso y riqueza
Estabilización de la economía
Específicamente, los presupuestos públicos con perspectiva de género constituyen un instrumento fundamental de la política pública para buscar la igualdad sustantiva (y no sólo formal) entre mujeres, varones y personas con otras identidades sexo-genéricas. Asimismo, son un indicador del compromiso gubernamental con la igualdad de género y los derechos de las mujeres.
Las fases del ciclo presupuestario
El presupuesto es un proceso que cuenta con cuatro etapas: planificación de las acciones; asignación de recursos a políticas y programas y programación: ejecución presupuestaria; y monitoreo y evaluación.
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Elaboración y aprobación
Ejecución presupuestaria
Monitoreo y evaluación
Planificación
Gracias
Realización:
Con el apoyo de:
Esta publicación ha sido producida con el apoyo financiero de Educación en Voz Alta. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la CLADE y no refleja necesariamente las opiniones de los donantes Oxfam Dinamarca y GPE. Se permite la reproducción parcial o total de este documento siempre y cuando no se altere el contenido del mismo y se mencione la fuente.
Otro elemento clave para lograr la igualdad de género es la interseccionalidad, una herramienta analítica que examina cómo el género se entrelaza con otros marcadores sociales (raza, etnia, clase social, etc) y cómo estas interacciones contribuyen a reforzar experiencias de opresión o privilegio. La interseccionalidad reconoce que cada persona tiene múltiples identidades derivadas de, también múltiples, relaciones sociales e históricas, y que el cruce de esas características, que se expresa en los cuerpos de las personas, se traduce en diferentes experiencias de discriminación.
El análisis interseccional expone las formas de discriminación resultantes de la combinación de estas identidades, evidenciando que la combinación no es simplemente la suma de los diferentes factores, sino la generación de una nueva realidad producto de su superposición. Así, por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer afrodescendiente trans con discapacidad.
La integración de la perspectiva de género en el presupuesto implica considerar las demandas de los grupos particulares en cada fase del ciclo presupuestario. Este es un proceso continuo que busca mejorar la igualdad de género como consecuencia de la asignación de recursos y de la implementación de políticas y programas gubernamentales. El próximo Módulo profundizará en la comprensión sobre las distintas etapas del presupuesto público nacional.
Reducción de la tasa de exclusión escolar. Los motivos para que los estudiantes dejen sus estudios son múltiples. Con miras a evitar el abandono e incentivar la reinserción de las personas en las escuelas, es fundamental que los Estados implementen programas de apoyo a las y los estudiantes, que dialoguen con las posibles situaciones de quiebre de sus trayectorias educativas. Así, si el motivo es económico, becas y subvenciones son esenciales. Sin embargo, ellas pueden ser insuficientes si no llevan en cuenta las condiciones de cada educando. Debido a que los trabajos de cuidado mayormente son asumidos por las mujeres, por ejemplo ellas suelen necesitar lugares para dejar a sus hijos mientras estudian, y ello debe ser considerado al momento de brindar una beca.
Lograr la ruptura de las discriminaciones estructurales mencionadas depende del reconocimiento de las asimetrías y discriminaciones existentes. También, de la identificación de las necesidades específicas de cada grupo, proponiendo mecanismos para atender a sus demandas y analizando las diferentes implicancias que una acción planificada tiene en las diferentes personas con diversas identidades sexo-genéricas. Para ello, es necesario ponerse las gafas violetas de género.
Objetivo general del módulo:
- Comprender la importancia de contar con presupuestos públicos educativos nacionales y locales sensibles al género para el avance de los derechos humanos de las personas.
Participación en la toma de decisiones sobre la educación. Las comunidades educativas deben ser parte en las discusiones y toma de decisiones sobre los proyectos políticos pedagógicos, la gestión escolar y las políticas públicas. Ello califica las políticas y la oferta educativa porque ellas pasan a dialogar con las necesidades y expectativas de los sujetos de derechos. Las mujeres y personas no binarias suelen ser mayormente silenciadas y excluidas de estos procesos. En consecuencia, es fundamental que los Estados hagan esfuerzos por incluirlas en los debates y en la toma de decisiones. Es esencial que esas personas accedan a la información apropiada, oportuna, de manera directa y sencilla, lo que facilita la comprensión de los procesos y su participación en las distintas actividades.
La mayoría de las sociedades latinoamericanas se caracteriza por una matriz de dominación patriarcal. Este concepto describe la organización del poder en una sociedad, donde el sexismo interactúa con el racismo, la homofobia, el colonialismo y el clasismo para crear un sistema jerárquico con múltiples niveles de opresión (Hill Collins, 2009). Esta matriz se compone de elementos estructurales, disciplinarios, hegemónicos e interpersonales, que se reflejan en instituciones sociales, jerarquías burocráticas, cultura, ideología, conciencia y trato discriminatorio interpersonal.
Por otro lado, además de firmar y ratificar marcos normativos, los Estados asumen compromisos políticos internacionales. En tal sentido, en 1995, durante la Conferencia de Beijing, 189 Estados miembros de Naciones Unidas acordaron abordar la educación y la capacitación de las mujeres como una de las doce esferas prioritarias para garantizar sus derechos. Por ende, se comprometieron a implementar políticas públicas para:
Promover la igualdad de acceso
Educación
Asegurar recursos financieros suficientes
Eliminar el analfabetiso femenino
En esa ocasión, se enfatizó la necesidad de poner fin a la discriminación en la educación y mejorar el acceso a programas de capacitación a lo largo de toda la vida, incluyendo formación profesional.
Igualdad de condiciones de acceso a una educación de calidad. Implica, entre otros, brindar educación pública gratuita para todas las personas, con miras a evitar que barreras de acceso financiero impidan el acceso a la educación. Asimismo, contar con horarios flexibles para que estudiantes trabajadores puedan seguir sus estudios. Considerando el acceso desigual a la educación entre distintos grupos sociales, ofertar programas de educación complementaria, como los de alfabetización funcional para mujeres de diferentes edades y condiciones sociales.
- Consecuentemente, el derecho a la educación también está reconocido en varios otros tratados de derechos referentes a grupos específicos: (mujeres y niñas, personas con discapacidad, inmigrantes, refugiados, pueblos indígenas, etc.) y contextos específicos (educación durante conflictos armados, por ejemplo).
- En la mayoría de las sociedades contemporáneas existe un sistema estructural de dominación y privilegios en el cual lo masculino es valorado y lo femenino devaluado. En consecuencia, niñas, mujeres y personas con identidades de género y orientaciones sexuales no masculinas son mayormente impactadas por discriminaciones y cuentan con menor poder (social, económico y político).
- Para intentar superar estas desigualdades de género, existen distintos instrumentos internacionales de protección y promoción de los derechos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus sigla en inglés).
Las políticas de diferenciación para la igualdad reconocen la necesidad de abordar las distintas situaciones que enfrentan los diferentes grupos humanos para garantizar el acceso universal a los derechos. Esto implica tratar a cada persona de manera específica, considerando sus circunstancias particulares, las experiencias de género, el contexto social y las condiciones culturales. Estas políticas buscan disminuir las desigualdades entre las personas, brindando un trato distinto por un período preestablecido para construir hacia una igualdad sustantiva.
Dado que hombres y mujeres ocupan posiciones económicas y sociales diferenciadas, es necesario considerar las desigualdades de género al tomar decisiones presupuestarias. De lo contrario, los compromisos políticos con la igualdad de género quedan como discursos vacíos que no tienen repercusión en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Este enfoque implica analizar las necesidades específicas de cada género, asignar un recurso acorde a ellas, asegurando gastos diferenciados para mujeres y varones.
Esos y otros marcos normativos internacionales son instrumentos vinculantes para los Estados, es decir que son obligatorios. Los gobiernos deben planificar y realizar acciones para su cumplimiento, asignando progresivamente y sin retrocesos, la mayor cantidad posible de recursos para asegurar la oferta pública educativa de calidad para todas las personas, sin discriminación.
El presupuesto público es el camino a través del cual el Estado asigna recursos a las distintas funciones, políticas y programas de su gobierno. Son el instrumento de la política pública, a través de los cuales los gobiernos establecen sus prioridades de desarrollo y orientan el gasto en pos de ellas. El presupuesto es una herramienta para incidir en los niveles de bienestar de la población y reflejan la garantía de acceso a los derechos de los distintos grupos sociales.
Transversalización de género en las instituciones
Es el proceso de valorar las implicaciones distintas que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique realizar.
Objetivos específicos del módulo:
- Comprender los argumentos para justificar la exigibilidad del derecho humano a la educación en igualdad de condiciones y a lo largo de toda la vida.
- Identificar las características de los presupuestos públicos sensibles al género y la relevancia de adoptar un enfoque interseccional.
- Acercarse a herramientas de planificación de presupuestos orientados a la igualdad de género.
Se entiende como recurso público cualquier monto económico manejado por el Estado. Esto incluye todo tipo de patrimonio, conversión, participación financiera, asignación, aportación, subsidio, aprovechamiento, mejora, contribución, bien, fideicomiso, mandato, fondo, financiamiento, patrocinio, copatrocinio, subvención, pago, prestación, multa, recargo, cuota, depósito, fianza, así como cualquier otra modalidad o figura análoga bajo la que se considere algún ingreso o egreso del Estado.
Eliminación de estereotipos de género en la educación. Aún persisten referencias y roles estereotipados en los textos escolares, lo que desvaloriza ciertas funciones sociales y conocimientos reconocidos como femeninos. Es necesario, por lo tanto, revisar y adaptar libros y programas escolares, fomentar la educación mixta y utilizar métodos de enseñanza no discriminadores, que pongan en igualdad de condiciones la palabra, los saberes y los valores de todas las identidades sexo-genéricas.
a) Armonizar el derecho nacional con las directivas internacionales. b) Establecer políticas, programas y acciones para garantizar los derechos con enfoque de género e interseccional, así como políticas de acción afirmativa. c) Incorporar la participación social a la discusión y toma de decisión de las política. d) Crear presupuestos acordes y suficientes para la implementación de esas líneas de acción.
Presupuestos_sensibles_Modulo_1
Santillana Uruguay
Created on August 17, 2023
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Presupuestos públicos sensibles al género
MÓDULOJUSTIFICACIÓN
Realización:
Con el apoyo de:
General
Objetivos
Específicos
La educación como un derecho habilitador de los demás derechos
En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 26, reconoció el derecho de todas las personas a la educación. Desde entonces, se ha nombrado y desarrollado ese derecho en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
La Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza.
La Convención sobre los Derechos del Niño
El derecho a la educación es considerado un derecho particular porque habilita la realización de los demás derechos. Al acceder a la educación, las personas pueden conocer sus derechos y exigir a los Estados el cumplimiento de otros derechos, como son los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al trabajo decente, a la salud, a la vivienda, a la libre expresión, a la vida libre de violencia y discriminación, entre otros. Al transformarse, estas personas aumentan sus posibilidades de convertirse en ciudadanos y ciudadanas comprometidas con la transformación social y con la justicia socioeconómica y ambiental.
Sistema estructural de dominación
Masculino Valorado
Femenino Devaluado
Elaborada en 1981, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus sigla en inglés) reconoce el rol de la educación como habilitadora de los derechos de las mujeres y, en su artículo 10, afirma:
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
Más recientemente, en 2015, los Estados se comprometieron con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que explicita en su Objetivo 5 el compromiso con la eliminación de la discriminación y la violencia de género. Además, el enfoque de género aparece transversalmente como parte esencial para el logro de los otros 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluido el ODS 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. La Agenda de Educación 2030 y el Marco de Acción de Incheon, que detalla el contenido del ODS 4, también reconocen la igualdad de género como un principio fundamental para la educación.
Estándares internacionales
Los estándares internacionales en la educación son características indispensables que todos los Estados deberían cumplir para efectivamente realizar el derecho a la educación para todas las personas. Entre ellos, se destacan:
Igualdad de condiciones de acceso a una educación de calidad
Reducción de la tasa de exclusión escolar
Eliminación de estereotipos de género en la educación.
Participación en la toma de decisiones sobre la educación.
Del discurso a la realización concreta del derecho
Como se ha mencionado, los Estados son responsables y tienen la obligación de hacer que los derechos sean un hecho. En este camino, deben tomar medidas apropiadas, que faciliten la consecución de los derechos para todas las personas. Entre ellas, se destacan:
a) Armonización del derecho
La ratificación por parte de un Estado de los instrumentos internacionales de derechos humanos y la firma de compromisos políticos para lograr la igualdad de género implica que los Estados deben armonizar su legislación nacional con esos acuerdos internacionales. Ello requiere un proceso de transformación institucional y social para garantizar la implementación de las nuevas leyes. La voluntad política de los gobiernos juega un papel importante en la implementación de estas acciones. Pero también se debe involucrar a organizaciones sociales y organismos internacionales especializados, tanto a nivel global, como regional, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general.
b) Creación de políticas y programas con enfoque de género e interseccional
Luego de contar con un ambiente jurídico favorable, es clave desarrollar e implementar políticas, programas y acciones para transformar los compromisos políticos en hechos concretos que mejoren la vida de las personas. El primer paso para ello es reconocer que hay personas que históricamente han sido discriminadas por el simple hecho de ser quienes son.
Privilegio
Opresión/Resistencia
El enfoque integrado de género (o en inglés, gender mainstreaming) busca, por un lado, transversalizar la perspectiva de género en cada institución, política o programa gubernamental, diseñando acciones que aborden las necesidades de la población de manera diferenciada (Budlender y Hewitt, 2003). Adicionalmente, para que el tema no se diluya y no se pierda en la institucionalidad, el enfoque de género adopta mecanismos de especificación de acciones, con:
La planificación de políticas públicas puntuales para abordar las desigualdades existentes, definiendo responsables de su cumplimiento.
La identificación y evaluación de los avances hacia la igualdad real.
La Recomendación General N. 28 del Comité que hace seguimiento a la implementación de la CEDAW destaca la importancia de la interseccionalidad para comprender las obligaciones generales de los Estados. En su artículo 2, reconoce que la discriminación de las mujeres por motivos de sexo y género está intrínsecamente unida a otros factores, como la raza, el origen étnico, la religión, la salud, el estatus social, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual e identidad de género. Los Estados deben reconocer y prohibir estas formas interconectadas de discriminación que tienen impacto negativo combinado en las mujeres afectadas y adoptar medidas para eliminarlas.
Políticas para la igualdad y acciones afirmativas
c) Incorporar la participación social a la discusión y toma de decisiones de políticas
Para que las políticas respondan a las demandas y necesidades de cada sujeto de derechos, los grupos poblacionales, especialmente los más marginados, deben ser incluidos en el debate y la toma de decisiones sobre las políticas educativas y sobre los presupuestos. La participación, además de ser un derecho en sí mismo, legitima las políticas públicas y evita la ineficiencia del gasto ya que cuando una política dialoga con el contexto de las poblaciones contribuye a generar los resultados previstos.
Con miras a garantizar la participación de todas las personas, es fundamental que los espacios de discusión de las políticas sean flexibles, y por ejemplo, se realicen en un horario nocturno, para permitir que las personas trabajadoras se involucren en este proceso, y también se deben garantizar espacios de cuidados sino muy probablemente no habrá participación de mujeres. Las informaciones también deben de ser transmitidas de manera apropiada, sencilla, directa, oportuna y transparente.
d) Presupuesto público con perspectiva de género
Funciones del presupuesto
Los presupuestos tienen varias funciones económicas, se resaltan tres:
Distribución de recursos
Presupuesto
Distribución de ingreso y riqueza
Estabilización de la economía
Específicamente, los presupuestos públicos con perspectiva de género constituyen un instrumento fundamental de la política pública para buscar la igualdad sustantiva (y no sólo formal) entre mujeres, varones y personas con otras identidades sexo-genéricas. Asimismo, son un indicador del compromiso gubernamental con la igualdad de género y los derechos de las mujeres.
Las fases del ciclo presupuestario
El presupuesto es un proceso que cuenta con cuatro etapas: planificación de las acciones; asignación de recursos a políticas y programas y programación: ejecución presupuestaria; y monitoreo y evaluación.
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Elaboración y aprobación
Ejecución presupuestaria
Monitoreo y evaluación
Planificación
Gracias
Realización:
Con el apoyo de:
Esta publicación ha sido producida con el apoyo financiero de Educación en Voz Alta. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la CLADE y no refleja necesariamente las opiniones de los donantes Oxfam Dinamarca y GPE. Se permite la reproducción parcial o total de este documento siempre y cuando no se altere el contenido del mismo y se mencione la fuente.
Otro elemento clave para lograr la igualdad de género es la interseccionalidad, una herramienta analítica que examina cómo el género se entrelaza con otros marcadores sociales (raza, etnia, clase social, etc) y cómo estas interacciones contribuyen a reforzar experiencias de opresión o privilegio. La interseccionalidad reconoce que cada persona tiene múltiples identidades derivadas de, también múltiples, relaciones sociales e históricas, y que el cruce de esas características, que se expresa en los cuerpos de las personas, se traduce en diferentes experiencias de discriminación. El análisis interseccional expone las formas de discriminación resultantes de la combinación de estas identidades, evidenciando que la combinación no es simplemente la suma de los diferentes factores, sino la generación de una nueva realidad producto de su superposición. Así, por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer afrodescendiente trans con discapacidad.
La integración de la perspectiva de género en el presupuesto implica considerar las demandas de los grupos particulares en cada fase del ciclo presupuestario. Este es un proceso continuo que busca mejorar la igualdad de género como consecuencia de la asignación de recursos y de la implementación de políticas y programas gubernamentales. El próximo Módulo profundizará en la comprensión sobre las distintas etapas del presupuesto público nacional.
Reducción de la tasa de exclusión escolar. Los motivos para que los estudiantes dejen sus estudios son múltiples. Con miras a evitar el abandono e incentivar la reinserción de las personas en las escuelas, es fundamental que los Estados implementen programas de apoyo a las y los estudiantes, que dialoguen con las posibles situaciones de quiebre de sus trayectorias educativas. Así, si el motivo es económico, becas y subvenciones son esenciales. Sin embargo, ellas pueden ser insuficientes si no llevan en cuenta las condiciones de cada educando. Debido a que los trabajos de cuidado mayormente son asumidos por las mujeres, por ejemplo ellas suelen necesitar lugares para dejar a sus hijos mientras estudian, y ello debe ser considerado al momento de brindar una beca.
Lograr la ruptura de las discriminaciones estructurales mencionadas depende del reconocimiento de las asimetrías y discriminaciones existentes. También, de la identificación de las necesidades específicas de cada grupo, proponiendo mecanismos para atender a sus demandas y analizando las diferentes implicancias que una acción planificada tiene en las diferentes personas con diversas identidades sexo-genéricas. Para ello, es necesario ponerse las gafas violetas de género.
Objetivo general del módulo:
Participación en la toma de decisiones sobre la educación. Las comunidades educativas deben ser parte en las discusiones y toma de decisiones sobre los proyectos políticos pedagógicos, la gestión escolar y las políticas públicas. Ello califica las políticas y la oferta educativa porque ellas pasan a dialogar con las necesidades y expectativas de los sujetos de derechos. Las mujeres y personas no binarias suelen ser mayormente silenciadas y excluidas de estos procesos. En consecuencia, es fundamental que los Estados hagan esfuerzos por incluirlas en los debates y en la toma de decisiones. Es esencial que esas personas accedan a la información apropiada, oportuna, de manera directa y sencilla, lo que facilita la comprensión de los procesos y su participación en las distintas actividades.
La mayoría de las sociedades latinoamericanas se caracteriza por una matriz de dominación patriarcal. Este concepto describe la organización del poder en una sociedad, donde el sexismo interactúa con el racismo, la homofobia, el colonialismo y el clasismo para crear un sistema jerárquico con múltiples niveles de opresión (Hill Collins, 2009). Esta matriz se compone de elementos estructurales, disciplinarios, hegemónicos e interpersonales, que se reflejan en instituciones sociales, jerarquías burocráticas, cultura, ideología, conciencia y trato discriminatorio interpersonal.
Por otro lado, además de firmar y ratificar marcos normativos, los Estados asumen compromisos políticos internacionales. En tal sentido, en 1995, durante la Conferencia de Beijing, 189 Estados miembros de Naciones Unidas acordaron abordar la educación y la capacitación de las mujeres como una de las doce esferas prioritarias para garantizar sus derechos. Por ende, se comprometieron a implementar políticas públicas para:
Promover la igualdad de acceso
Educación
Asegurar recursos financieros suficientes
Eliminar el analfabetiso femenino
En esa ocasión, se enfatizó la necesidad de poner fin a la discriminación en la educación y mejorar el acceso a programas de capacitación a lo largo de toda la vida, incluyendo formación profesional.
Igualdad de condiciones de acceso a una educación de calidad. Implica, entre otros, brindar educación pública gratuita para todas las personas, con miras a evitar que barreras de acceso financiero impidan el acceso a la educación. Asimismo, contar con horarios flexibles para que estudiantes trabajadores puedan seguir sus estudios. Considerando el acceso desigual a la educación entre distintos grupos sociales, ofertar programas de educación complementaria, como los de alfabetización funcional para mujeres de diferentes edades y condiciones sociales.
Las políticas de diferenciación para la igualdad reconocen la necesidad de abordar las distintas situaciones que enfrentan los diferentes grupos humanos para garantizar el acceso universal a los derechos. Esto implica tratar a cada persona de manera específica, considerando sus circunstancias particulares, las experiencias de género, el contexto social y las condiciones culturales. Estas políticas buscan disminuir las desigualdades entre las personas, brindando un trato distinto por un período preestablecido para construir hacia una igualdad sustantiva.
Dado que hombres y mujeres ocupan posiciones económicas y sociales diferenciadas, es necesario considerar las desigualdades de género al tomar decisiones presupuestarias. De lo contrario, los compromisos políticos con la igualdad de género quedan como discursos vacíos que no tienen repercusión en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Este enfoque implica analizar las necesidades específicas de cada género, asignar un recurso acorde a ellas, asegurando gastos diferenciados para mujeres y varones.
Esos y otros marcos normativos internacionales son instrumentos vinculantes para los Estados, es decir que son obligatorios. Los gobiernos deben planificar y realizar acciones para su cumplimiento, asignando progresivamente y sin retrocesos, la mayor cantidad posible de recursos para asegurar la oferta pública educativa de calidad para todas las personas, sin discriminación.
El presupuesto público es el camino a través del cual el Estado asigna recursos a las distintas funciones, políticas y programas de su gobierno. Son el instrumento de la política pública, a través de los cuales los gobiernos establecen sus prioridades de desarrollo y orientan el gasto en pos de ellas. El presupuesto es una herramienta para incidir en los niveles de bienestar de la población y reflejan la garantía de acceso a los derechos de los distintos grupos sociales.
Transversalización de género en las instituciones Es el proceso de valorar las implicaciones distintas que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique realizar.
Objetivos específicos del módulo:
Se entiende como recurso público cualquier monto económico manejado por el Estado. Esto incluye todo tipo de patrimonio, conversión, participación financiera, asignación, aportación, subsidio, aprovechamiento, mejora, contribución, bien, fideicomiso, mandato, fondo, financiamiento, patrocinio, copatrocinio, subvención, pago, prestación, multa, recargo, cuota, depósito, fianza, así como cualquier otra modalidad o figura análoga bajo la que se considere algún ingreso o egreso del Estado.
Eliminación de estereotipos de género en la educación. Aún persisten referencias y roles estereotipados en los textos escolares, lo que desvaloriza ciertas funciones sociales y conocimientos reconocidos como femeninos. Es necesario, por lo tanto, revisar y adaptar libros y programas escolares, fomentar la educación mixta y utilizar métodos de enseñanza no discriminadores, que pongan en igualdad de condiciones la palabra, los saberes y los valores de todas las identidades sexo-genéricas.
a) Armonizar el derecho nacional con las directivas internacionales. b) Establecer políticas, programas y acciones para garantizar los derechos con enfoque de género e interseccional, así como políticas de acción afirmativa. c) Incorporar la participación social a la discusión y toma de decisión de las política. d) Crear presupuestos acordes y suficientes para la implementación de esas líneas de acción.