Presentación Caso Aceros de Guatemala

AUDITORIA FORENSE

CASO "ACEROS DE GUATEMALA"

¿QUE ES ACEROS DE GUATEMALA?

ACEROS DE GUATEMALA Fue creada en 1953 bajo el nombre de Distribuidora Universal y en sus orígenes solo dedicada a la importación y distribución de materiales de construcción. En 1963 se inició la fabricación de clavos, añadiéndose luego varios otros productos de acero. En 1971 la empresa comenzó la producción de acero crudo (horno de acero), la cual fue expandida en 1980. En el año 1994 se crea la Siderúrgica Guatemala (SIDEGUA),

que produce acero a partir de chatarra, lo cual integra todos los pasos de producción. Se realizó una expansión adicional de la capacidad en 2005, llevando la producción de acero crudo a 420.000 Toneladas por año. En el 2010 la compañía madre, Corporación Aceros de Guatemala, formó una alianza estratégica con el Grupo Gerdau de Brasil para lograr la producción y venta en todo Centro América.

Aceros de Guatemala S.A. (A G) fue inscrita definitivamente el 3 de julio de 1981 con un capital de Q3.5 millones con José Luis Gabriel Abularach como administrador único. La compañía es una de las dos únicas que produce varillas para la construcción en Guatemala, producto que exporta a Centroamérica. Opera con los nombres comerciales de Distun, Despensa Ferretera y Ferretería Ferrominera,

y entre 2010 y 2015 fue beneficiaria de 47 contratos con diferentes dependencias del Estado, por un total de Q42.367.913, según los registros del portal Guatecompras. Partiendo desde la mera distribución de clavos importados, ACEROS DE GUATEMALA ha ido desarrollando un mercado más complejo, orientado a la calidad, el cual está en continua expansión y requiere el crecimiento acorde de la Compañía para seguir esta tendencia.

En 2018, nos renovamos y transformamos con nueva imagen. Pasamos de ser Aceros de Guatemala a Corporación AG, caracterizándonos por ofrecer nuevos productos de alta calidad, excelente servicio y ser la mejor opción para la construcción.

ELEMENTOS QUE ORIGINARON EL CASO (sospecha de evasión de impuestos, contratos irregulares, aplicación de procesos indebidos, corrupción, mala contabilidad, denuncias, etc.)

El caso en contra del AG inició el 14 de marzo de 2012, cuando la SAT denunció a esa empresa por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación (expedientes C1079-12-124, C1079-12034 y C1079-12-310). En agosto de ese año, la defensa de AG logró que un tribunal desestimara el caso, pero la apelación de la Fiscalía de Delitos Económicos del MP en marzo de 2013 permitió la continuación de las investigaciones. Sin embargo, en octubre de 2014, la defensa de AG logró detener de nuevo el proceso, y convenció al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal para que pidiera a la SAT revisar los documentos de prueba presentados en contra de la empresa. Es en esa fase donde interviene Marroquín, quien utiliza sus influencias en la SAT para que los dictámenes que responsabilizaban a AG fueran modificados a su favor. El MP y la CICIG se enteraron de esos movimientos, gracias a las intervenciones telefónicas.

Marroquín Navas fue intermediario entre la dirigencia de la SAT y operadores externos de La Línea. Una figura recurrente en el despacho del Superintendente de Administración Tributaria, al menos desde la época de Carlos Muñoz Roldán (2014), y luego con su sustituto Álvaro Omar Franco Chacón, antiguo intendente de recaudación.

Estas investigaciones siguen el rastro de las indagaciones del MP y de la CICIG del año pasado sobre la forma de operar de una estructura interna en la SAT en paralelo con una estructura externa que se beneficiaba en la reducción de las pólizas de importaciones. El nexo entre los casos de 2015 y éste es una figura clave: Geovani Marroquín Navas.

Mientras se gestaba la caída de Muñoz, y el ascenso de Franco, el siempre proactivo Marroquín mantenía contacto con el abogado de AG, Frank Trujillo. Una escucha del 20 de diciembre de 2014 entre Marroquín y Trujillo muestra el acceso de Marroquín a los documentos internos de la SAT en los que se buscaba exculpar a AG.

Según la fiscal general del MP, Thelma Aldana, Tres Puertos contacta a Marroquín para que éste opere dentro de la SAT a favor de AG y altere los dictámenes emitidos en su contra y la devolución del crédito fiscal. En esa operación, según Aldana, también participarían Frank Trujillo, abogado de AG; así como Alfredo Muñoz Ledocarrillo y Rigoberto Chacaj Soc, ejecutivos de Tres Puertos.

Marroquín le lee a Trujillo parte de la resolución: “Con base en la información analizada se concluye que probablemente los que cometieron los ilícitos fueron los proveedores de la primera línea de la entidad contribuyente tal, y los proveedores de la segunda línea no fueron localizados, y otros indicaron que no realizaron ventas, y otros no inscritos ante la entidad y otros fallecidos, siendo los siguientes los proveedores de primera línea: Luis Alberto no sé qué… segunda línea Luis Fernando no sé qué…”. Trujillo: “Ya sólo faltó que dijeran que el otro no tiene responsabilidad, pero ahí se entiende que así es”. Marroquín: “Cabalmente, lo estoy poniendo al día a usted, para que no lo agarren de sorpresa”.

Pero esta información era aún insuficiente para librar a AG de la persecución judicial. Marroquín se queja con una mujer desconocida, en una escucha del 30 de diciembre de 2014, por la redacción del texto: “Habían dicho que iban a poner un párrafo que yo ya había dado y eso era lo que satisfacía, pero al final no venía, no satisface el informe”, reclama.

La estrategia, detalla la fiscal general, era librar de responsabilidad a AG, haciendo responsable de la defraudación a empresas intermediarias de cartón. Algunas con direcciones falsas y otros inscritas a nombre de personas ya fallecidas.

Para asegurar que la redacción final del dictamen de la SAT exculpe a AG, Marroquín se reúne el 7 de enero de 2015 con Alfonzo Romeo Castillo Castro, intendente Jurídico, y con Ariel Guerra, intendente de Fiscalización de la SAT, según consta en las llamadas interceptadas.

CICIGEl abogado de AG, Trujillo, señala las deficiencias del documento de la SAT, en conversación con Marroquín intervenida ese mismo día: "Le comento que no está dada la respuesta que pidió el juez, en sentido de la competencia, y específicamente es que ellos informen a nosotros si cumplieron o no con las obligaciones tributarias y en su caso quiénes son los responsables.

Y la obligación de la SAT es informar sobre las obligaciones y dar con los responsables es obligación del MP”.

Implicados en el caso

15 personas implicadas en el caso de defraudación millonaria Aceros de Guatemala enfrentarán a la justicia, así lo determinó el juez a cargo del caso. En este caso el Ministerio Público señala a diferentes sindicados de supuestamente haber ayudado a una empresa a obtener de forma anómala la devolución del crédito fiscal que finalmente termino en una defraudación por más de Q800 millones. Para la juzgadora, 15 de 16 implicados en el caso Aceros de Guatemala deben enfrentar juicio por estos hechos.

Exsuperintendente implicado en caso Aceros de Guatemala

Así también la juez clausuró provisionalmente el caso a favor de María Eugenia Valdez, pues no hay suficientes indicios en su contra, pero hay elementos que generan duda por lo que le Ministerio Público deberá recopilar más información, de no haber más indicios podría obtener su libertad de forma inmediata.

Dentro de la resolución destaca la emitida para el exsuperintendente de administración tributaria Omar Franco. Este fue enviado a juicio por encubrimiento propio y ya no por asociación ilícita ni cohecho pasivo.

Ellos son los acusados en el caso Aceros de Guatemala

4. Álvaro Omar Franco Chacón, por el delito de Encubrimiento Propio.

5. Alfonzo Romeo Castillo Castro, Asociación Ilícita, Cohecho Pasivo, Obstaculización a la Acción Penal y Lavado de Dinero u Otros Activos.

1. Geovani Marroquín Navas, por los delitos de Tráfico de Influencias y Cohecho Activo.

6. Ariel de Jesús Guerra Castillo, por los delitos de Asociación Ilícita, Cohecho Pasivo y Obstaculización a la Acción Penal.

2. Pedro José Raúl Paíz Valdez, por el delito de Cohecho Activo.

7. Evelin Yulisa Natareno Gómez, por los delitos de Asociación Ilícita y Obstaculización a la Acción Penal.

3. Rigoberto Chacaj Soc, por los delitos de Asociación Ilícita y Cohecho Activo.

8. Elder Hermelindo Fuentes García, por los delitos de Asociación Ilícita y Obstaculización a la Acción Penal.

12. Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, por el delito de Obstaculización a la Acción Penal.

9. José Antonio Mangandi Ortíz, por los delitos de Asociación Ilícita y Obstaculización a la Acción Penal.

13. Giovanni Stefan Reyes Pérez, por el delito de Obstaculización a la Acción Penal.

10. Nidia Verónica Espina Batres, por el delito de Obstaculización a la Acción Penal.

14. Alicia López Paíz, por el delito de Obstaculización a la Acción Penal.

15. Ardany Ernesto Caal Caal, por el delito de Asociación Ilícita y Cohecho Pasivo.

11. Julio Ernesto Román García, por el delito de Obstaculización a la Acción Penal.

Así́ también, instaurar los principales lineamientos y directrices internas de Aceros de Guatemala, Sociedad Anónima para prevenir, evitar y/o mitigar la comisión y/o participación de la misma en los siguientes delitos:

Leyes aplicadas en el caso OBJETIVOS

Soborno, en cualquiera de sus modalidades, incluyendo Cohecho Activo, Cohecho Pasivo, Cohecho Activo Transnacional y Cohecho Pasivo Transnacional (en adelante, “Soborno”).

Establecer la Cero Tolerancia al Soborno en las operaciones de Aceros Guatemala.

Leyes aplicadas en el caso

Cohecho pasivo transnacional (artículo 442 Ter. del Código Penal de la República de Guatemala)

Cohecho pasivo (artículo 439 del Código Penal de la República de Guatemala)

Cohecho activo (artículo 440 del Código Penal de la República de Guatemala)

Funcionario público” o “persona políticamente expuesta”:

Cohecho activo transnacional (artículo 442 bis del Código Penal de la República de Guatemala)

DEFINICIONES soborno

Entendemos soborno como cualquier oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de ventajas indebidas de cualquier valor de naturaleza financiera o no financiera, directamente o indirectamente, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe de una u otra forma a favor de un tercero.

Papel de la Auditoria Forense en las revelaciones del caso

• Por una orden de Juez la Contraloría General de Cuentas realiza una auditoría a Aceros de Guatemala S.A., sobre la devolución de créditos fiscales.• Los archivos y registros incautados en los allanamientos, así como la solicitud de información bancaria sobre los detenidos. • La auditoría incauta a partir de informes contables.

• La defraudación se realizaba al consignar como válidas auditorías realizadas por funcionarios de la SAT, las cuales certificaban la adquisición de facturas por parte de Aceros de Guatemala por productos y servicios con los cuales nunca se contó.

• En la investigación se establece que Giovanni Marroquín, quien había sido detenido el 16 de abril de 2015, coordinó con Aceros de Guatemala y empleados de la SAT, junto a dos intendentes, por alterar los informes que el ente recaudador había presentado en 2012 para sustentar las primeras tres denuncias eso se logró descubrir mediante auditoras realizadas.

• Cuando se realizaron auditorias legales se descubrió que la defraudación se realizaba al consignar como válidas auditorías realizadas por funcionarios de la SAT, las cuales certificaban la adquisición de facturas por parte de Aceros de Guatemala por productos y servicios con los cuales nunca se contó. Y cuando los dictámenes eran desfavorables, se modificaban para exculpar a la empresa.

Equipo

Erik Emanuel Sarceño Alejandro 2154-19-2864

Analí Sucely Cruz Centeno 2154 19 16063

Elder Estuardo Monzon Ramos2154 17 14320

Gema Rossmery Quintana Medina 2154-19-23853

Yenifer Lorena Santa Crúz Corado 2154-18-8232

¡Gracias!