DOSSIER VDS 2020

182

días de contrastes

desinformación - crisis sanitaria- agresiones a la libertad de prensa

enero - junio 2020

Contenido

¿Qué somos? Pág. 3 ¿Qué hacemos? Pág. 4 La Data (estadística semestral de agresiones a la prensa) Pág. 5 Diálogo regional Pág. 8 Penalizar la pandemia: Un 'remedio' que no cura la enfermedad Pág. 11 El reporte (situación de libertad de expresión en los países de América Latina) Pág. 16 Contacto Pág. 24

¿Quiénes Somos?

Voces del Sur (VDS) es un proyecto regional que agrupa a 11 organizaciones de la sociedad civil que, desde 2017, defienden la libertad de expresión y prensa. Estamos en Ecuador con Fundamedios, en Perú y en Venezuela con el Instituto de Prensa y Sociedad, en Argentina con el Foro de Periodismo Argentino; en Bolivia con la Asociación Nacional de Prensa de Bolivia; en Honduras con el Comité por la Libre Expresión; en Uruguay con el Centro de Archivos y Acceso a la Información; en Nicaragua con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro; en Guatemala con Instituto Demos; en Brasil con la Asociación de Periodismo Investigativo y en Cuba con el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa.

¿Qué hacemos?

Monitoreamos y reportamos las agresiones en contra de la libertad de expresión con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de las Naciones Unidas relacionados con la libre expresión y el acceso a la información. VDS observa el cumplimiento del ODS 16 que promueve sociedades justas, pacíficas e inclusivas a través de la construcción de instituciones efectivas y responsables en todos los niveles.

LA DATA

estadísticas regionales sobre libertad de prensa enero - junio 2020

ATAQUES A LA PRENSA

Tipos de agresiones y número de casos

Agresiones regionales

630

Periodo de estudio: enero a junio de 2020 Fuente: Ipys Venezuela y Perú, Fundamedios, CAinfo, FOPEA, Instituto Demos, C-Libre, Abraji, Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

ATAQUES A LA PRENSA

Agresores

Agredidos

366 periodistas y 27 reporteros independientes

220 medios

Estatal453

11 trabajadores de prensa

46 fotógrafos y camarógrafos

No estatal 95

Desconocidos61

37 directores y editores

1 productor de contenido

Periodo de estudio: enero a junio de 2020 Fuente: Ipys Venezuela y Perú, Fundamedios, CAinfo, FOPEA, Instituto Demos, C-Libre, Abraji, Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

DIÁLOGO REGIONAL

1. Riesgos que enfrentan los periodistas en coberturas de la COVID-19

Foros periodismo y pandemia

La pandemia delineó una ruta nueva en la agenda mediática de América Latina. Los temas que antes fueron locales se convirtieron en interrogantes regionales. A partir de marzo, los temas planteados por los medios y periodistas marcaron un eje en común: la emergencia sanitaria. También surgió la necesidad de conversar sobre el futuro del periodismo, la salud mental de los trabajadores de la prensa, el teletrabajo y los mecanismos para alcanzar a la audiencia desde el confinamiento. Desde mayo hasta junio, VDS organizó seis foros virtuales que contaron con la participación de 17 expertos en diversas áreas.

2. Subregistro de contagios y muertes en la esadística regional

3. Libertad de prensa después del coronavirus

4. Teletrabajo y periodismo: ¿cómo llegar a la audiencia?

5. Salud mental y periodismo: ¿cómo luchar contra un enemigo invisible?

6. Los medios post COVID-19

EL MAPEO

Penalizar la desinformación: un ‘remedio’ que no cura la enfermedad

“Las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos ‘noticias falsas’ (‘fake news’) o ‘información no objetiva’, son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión”. Las restricciones legitimas deben limitarse a expresiones que hacen una apología al odio o a la violencia, incitan a la discriminación u hostilidad, conforme al artículo 20(2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La infodemia, la difusión de rumores y contenidos falsos en torno a la crisis es tan dañina como la COVID-19. Latam Chequea, red que agrupa a 35 organizaciones de verificación de datos en América Latina, ha analizado más de 2500 contenidos engañosos desde la llegada de la pandemia al continente: finales de febrero. La desinformación tiene efectos negativos en la sociedad. Esta premisa encamina la siguiente interrogante: ¿puede convertirse en una causal para penalizar y enjuiciar a quienes la difunden? La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) da un rotundo no. Desde 2017, el organismo ha advertido que las iniciativas que buscan penalizar la desinformación son peligrosas para la democracia.

Roberto Pereira, abogado y experto en libertad de expresión, reconoce que la desinformación es peligrosa y desestabiliza las democracias, pero asegura que en el marco de la pandemia, en Perú y otros países, se pretende asociar información creíble con información oficial. “Esa es una lectura equivocada. Yo creo que, en principio, la difusión de todos los contenidos debería ser pública. Uno puede discrepar con la información oficial, discutir acerca de las bondades o no de un tratamiento alternativo de medicina (para la COVID-19), eso no debería penalizarse sino contestarse con información”, recomienda. Reconoce que pueden haber situaciones que se penalicen por generar un riesgo inminente para la vida de las personas, por ejemplo, información médica que cause la muerte o actos dolosos que inciten al odio o a la violencia. Sin embargo, reitera que estos casos deben seguir estándares internacionales y ser analizados a profundidad y no a discrecionalidad de un funcionario.

El relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, ha sido enfático en señalar que una “apología al odio o la incitación a la violencia son aspectos que deben evaluarse minuciosamente para evitar vaguedades o ambigüedades que favorezcan potenciales actos de arbitrariedad”. El problema que surge es que los gobiernos latinoamericanos han pasado esas recomendaciones por alto y, a pretexto de la desinformación generada en torno a la COVID-19, impulsan iniciativas legislativas que censuran la información que resulta incómoda, tildándola de falsa. Hay países de la región donde se usan las leyes existentes para dichos procesos de penalización. Por ejemplo, en Perú, el gobierno busca amortiguar la difusión de "fake news" haciendo uso del Código Penal que plantea seis años de prisión a quienes difundan contenidos falsos para obtener beneficio o perturbar la tranquilidad pública.

En Bolivia, el gobierno interino de Jeanine Áñez ha planteado en cuatro ocasiones alcances a decretos que pretenden penalizar la desinformación, pero la presión de organizaciones de la sociedad civil ha dado de baja las iniciativas que contemplaban hasta 10 años de prisión. Brasil ha sumado más de de 10 iniciativas. El 30 de junio, el Senado aprobó con una mayoría de 44 a 32 votos la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet. La norma pretende regular el uso de los datos en las redes así como la desinformación.

El proyecto de ley, pendiente de pasar por la Cámara de Diputados, propone monitorear y recolectar información, incluyendo identificaciones y números telefónicos de usuarios que exigiría a las compañías de redes sociales mantener una base de datos de los mensajes que sean reenviados en grandes cantidades y hacer esa información accesible mediante una orden judicial. Esto perjudicaría la protección de las fuentes para los periodistas y la privacidad de datos de los ciudadanos. El presidente Jair Bolsonaro ha dicho que vetará la Ley porque no garantiza la libertad de expresión. Sus palabras son cuestionables, pues él y sus hijos son investigados por crear una maquinaria para difundir desinformación durante la campaña electoral de 2018 que lo llevó al poder. En Argentina, a partir de la emergencia, se han activado los ciberpatrullajes en redes sociales para “medir el humor social”, gracias a la aplicación del Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas, que tendrá vigencia de un año.

Periodistas, legisladores y organizaciones de la sociedad civil han advertido que esta iniciativa provocará autocensura en los ciudadanos que se expresen en redes y penalizará casos que puedan resultar ambiguos. El hecho más reciente ocurrió el pasado 25 de junio, cuando el periodista Gustavo Raúl publicó en su perfil personal de Facebook sobre nuevos contagios en la provincia de El Chaco y un juez consideró que eran contenidos falsos al no provenir de una fuente oficial. La decisión se sustentó en una supuesta violación al artículo 211 del Código Penal que plantea una prisión de dos a seis años para quien infunda temor público o suscite desórdenes.Un panorama similar se repite en Venezuela, en donde se ha tomado a la Ley contra el Odio y al Código Penal como instrumentos para encarcelar a ciudadanos y periodistas que difundan información que no sea “oficial”. En Puerto Rico también se han planteado leyes que multan con 5000 dólares y prisión a quienes emitan información que el gobierno pudiera calificar como “noticias falsas”.

LEYES USADAS PARA PENALIZAR "FAKE NEWS"

EL REPORTE

Un panorama de irrespeto a la prensa

La pandemia se llevó a 16 comunicadores en tres meses

PERÚ. Durante la primera mitad del año, El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) registró casos de periodistas amenazados por funcionarios locales descontentos por reportajes y denuncias que implican su gestión en asuntos de corrupción. Las amenazas fueron a través de Whatsapp, Facebook y otras plataformas digitales. los reportes de mayor relevancia fueron las restricciones al acceso a la información. El decreto de urgencia emitido por el gobierno en marzo hizo una excepción al derecho de acceso a la información .

ECUADOR. Desde que la emergencia sanitaria se inició en América Latina, Ecuador fue uno de los primeros países en reportar el fallecimiento de trabajadores de la prensa. El 25 de marzo, el periodista de radio Universal, Olmedo Méndez Tacuri, murió en su casa, en plena crisis sanitaria en Guayaquil, ciudad que se convirtió en el centro de la pandemia en el país andino. Dos días después, su cuerpo fue retirado por Medicina Legal, pero hasta junio, los restos de Méndez no han sido entregados a su familia.

Info

+ Info

El caso de la detención de un periodista comunitario en Guatemala

GUATEMALA. Francisco Choc, conocido como ‘El Chivo’, periodista comunitario del municipio de Nahualá, Sololá, en Guatemala, fue detenido el 11 de junio por la Policía Nacional Civil (PNC) cuando ejercía como corresponsal del noticiero local Nim Tv. Choc cubría una confrontación entre autoridades y pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, municipios del departamento de Sololá, luego de que el gobierno decretara estado de sitio, el 30 de mayo por un enfrentamiento entre comunitarios donde falleció una persona. El periodista comunitario, quien es reconocido en la zona y también se ha desempeñado como comunicador de procesos electorales con el Instituto DEMOS, fue detenido por pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán, quienes lo despojaron de su equipo de trabajo y posteriormente lo entregaron a agentes de la Policía Nacional Civil, bajo la acusación de portar municiones de armas de fuego. Choc se encontraba plenamente identificado y portaba su equipo de trabajo como reportero del noticiero local Nim TV. Choc pasó seis días en una prisión del departamento de Chimaltenango, hasta que logró que un juez lo escuchara en su primera declaración y fue liberado.

COVID-19: restricción del acceso a la información

BRASIL. El derecho de acceso a la información tiene rango constitucional en Brasil y se ha consagrado en una legislación específica que garantiza la transparencia activa, determinando que los organismos públicos deben revelar información de interés público sin necesidad de formalizar una solicitud. Sin embargo, la realidad durante los últimos meses revela poco compromiso con este derecho. En marzo, en uno de los intentos de limitar la información, Jair Bolsonaro emitió una Medida Provisional (MP 928/2020). Se han adoptado medidas retroactivas para socavar el acceso a la información. Las bases de datos con la historia de la pandemia en Brasil han desaparecido del repositorio del SUS (Sistema Único de Salud). Además, el Ministerio de Salud anunció un recuento del número de muertes, acusando a las secretarías de Estado de falsificar datos, pero sin presentar pruebas. Después de un repudio por parte de la sociedad civil y los medios de comunicación, los datos volvieron, pero su fiabilidad está en duda.

En otro episodio, desde la noche del 05 hasta el 06 de junio de 2020, el portal oficial de datos sobre la COVID-19 estuvo fuera del aire.

Detenciones arbitrarias: La represión contra la prensa continúa

VENEZUELA. Las detenciones arbitrarias se han convertido en el principal mecanismo de ataque y represión contra los trabajadores de la prensa durante los primeros seis meses de 2020. Los cuerpos de seguridad del Estado han dejado en evidencia que detener a reporteros es una orden ejecutiva para silenciar las voces de los promotores de la libertad de expresión. Según IPYS Venezuela, durante el primer semestre se registraron 30 casos de detenciones arbitrarias que afectaron a 37 trabajadores de la prensa mientras realizaban coberturas. 27 se registraron desde el 13 de marzo cuando Nicolás Maduro decretó el estado de alarma por la emergencia sanitaria de COVID-19. Durante este tiempo la aplicación de medidas especiales limitó aún más las funciones de los medios de comunicación y sus reporteros a pesar de estar exonerados en la ley por el rol fundamental que cumplen en los diversos momentos del acontecer social, y que toman principal relevancia en escenarios de emergencia nacional.

Te callas o te callamos

UNA LEY QUE LIMITA A LA PRENSA Y A LA PROTESTA SOCIAL

CUBA. En medio de la contingencia causada por la COVID 19, el régimen cubano golpea la libertad de expresión. El instrumento jurídico para legalizar la violación al derecho de expresarse libremente sin temor a represalias, a través de las redes sociales, es el Decreto Ley 370; también conocido como “Ley Azote”.Desde enero hasta fines de junio, 30 personas, han sido interrogados, amenazados, sometidos a decomisos de medios de trabajo y multados con 3000 pesos cubanos (120 dólares) cuantía que triplica el salario medio mensual y que de no pagarse pueden ser sancionados a seis meses de cárcel según el artículo 170 del Código Penal.

URUGUAY. La coalición que gobierna en el Uruguay hizo pesar su mayoría para aprobar la Ley de Urgente Consideración, en la que entre los casi 500 artículos, hay normas vinculadas al derecho a la protesta, libertad de expresión y acceso a la información pública. Seis artículos de esa norma no garantizan la protesta pacífica. Además, otorgan una amplia discrecionalidad a la Policía para impedir, disolver y reprimir protestas y manifestaciones de cualquier índole, utilizando criterios vagos y atribuyendo intencionalidad delictiva a los participantes.

Info

+ Info

Estado de Nicaragua violenta medidas cautelares a periodistas beneficiados por la CIDH

NICARAGUA. Los casos de agresiones, amenazas y persecución contra periodistas en Nicaragua no han variado de tónica desde las protestas sociales de abril de 2018 y han sido constantes en 2020. Hasta el cierre del primer semestre de este año continuaron las medidas represivas, sin que el Estado garantice la debida protección a los periodistas, incluso a aquellos que han sido beneficiados con medidas cautelares de protección por parte Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este año se conocieron agresiones, hostigamiento y más medidas represivas contra los periodistas nicaragüenses Noel Miranda, Hans Lawrence, Wilih Narváez, Yelsin Espinoza Reyes, Reneé Lucía Ramos, Emiliano Chamorro, Lester Arcia, Abigail Hernández, Leonor Alvarez, Julio López, David Quintana, Ismael López, Sergio León, Anibal Toruño, Norwin Mojica, Kalúa Salazar, Tránsito Téllez y otros. Conozca cómo el Estado irrespeta las medidas cautelares.

NUEVAS RESOLUCIONES DE LA CIDH EN 2020

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