Faustino mendoza

LAS CONTROVERSIAS QUE DEJÓ LA

GESTIÓN DE FAUSTINO MENDOZA

LAS EXPLOSIONES DEL CARNAVAL

10 y 13 de febrero, Oruro

El 10 y 13 de febrero dos explosiones dejaron el saldo de 12 personas fallecidas y 51 heridas durante el festejo del Carnaval en Oruro. Los primeros informes policiales aseguraban que la primera explosión se había producido por la caída de aceite caliente en la manguera de una garrafa que terminó estallando. Días después esa hipótesis fue descartada luego de la segunda explosión. Las pericias confirmaron que en ambos eventos se había usado dinamita y ANFO (explosivo de alta potencia).

LAS EXPLOSIONES DEL CARNAVAL

10 y 13 de febrero, Oruro

Al principio se creía que los móviles del atentado eran económicos y se señaló como culpables a comunarios de Toloma que querían explotar minerales en los terrenos de una de las fallecidas. Un mes después se presentó la teoría de un móvil pasional y se acuso a Juan Carlos H. de ser un psicópata por la publicación de la caricatura de un villano de anime en su Facebook. Hasta hoy el caso está irresuelto.

VIOLENTO OPERATIVO EN PALMASOLA

14 de marzo, Santa Cruz

Al menos ocho reos fallecieron producto de un enfrentamiento librado con la Policía por el mega operativo realizado desde la madrugada para reordenar y tomar el control del penal de Palmasola. Asimismo, se registró más de una veintena de heridos, entre policías y reos, que fueron derivados a centros médicos para su respectivo tratamiento. Más de 2.300 policías formaron parte de este mega operativo, donde los privados de libertad reaccionaron de manera violenta y usaron garrafas a las que les prendieron fuego para evitar el avance policial.

VIOLENTO OPERATIVO EN PALMASOLA

14 de marzo, Santa Cruz

El Ministerio de Gobierno informó que las mujeres y niños que se encontraban en al interior del penal fueron trasladados a otro sector del recinto antes del operativo policial, con el fin de resguardar su seguridad; sin embargo, salieron a la luz videos que muestran que aún había niños durante la balacera que se registró. El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, develó un informe en el evidenció excesos de la Policía contra los reos durante la intervención al penal de Palmasola.

MUERTE DE UN UNIVERSITARIO EN REPRESIÓN

24 de mayo, El Alto

Jonathan Quispe Vila, estudiante de primer año de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) falleció luego de ser herido en la represión policial que se registró por mayor demanda de presupuesto para esta casa de estudios superiores. De acuerdo a la primera versión del gobierno luego de la autopsia, la muerte del universitario fue provocada por una canica de vidrio introducida en los petardos que dispararon los manifestantes. A cuatro días de la represión la UPEA presentó videos que prueban que el estudiante Jonathan Quispe falleció producto de un disparo hecho por la Policía y no por estudiantes.

MUERTE DE UN UNIVERSITARIO EN REPRESIÓN

24 de mayo, El Alto

Un estudio técnico científico dio cuenta que evidentemente fue un policía quien segó la vida Jonathan Quispe con el disparo de una canica a través de una escopeta y se presentó al subteniente de la policía Cristian Casanova Condori como responsable de la muerte del universitario. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ofreció disculpas a la población por las anteriores versiones y precisó que fue inducido a un “error” porque la presencia de la canica es empleada “particularmente” en movilizaciones universitarias.

ENFRENTAMIENTOS EN LA ASUNTA

Agosto, Los Yungas de La Paz

El pasado 24 de agosto se registró un enfrentamiento entre policías y productores de coca del municipio de La Asunta que dejó al menos siete heridos y un fallecido, el teniente Daynor Sandoval Ortiz, quien fue herido de bala en una emboscada en cercanías de La Asunta, supuestamente por grupos armados que se oponían a la erradicación de coca ilegal. El Comandante General de la Policía Boliviana, el general Faustino Mendoza, presentó hoy unos videos para constatar que los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fueron “emboscados” por cocaleros.

ENFRENTAMIENTOS EN LA ASUNTA

Agosto, Los Yungas de La Paz

En un segundo choque en el puente de San Antonio, municipio de La Asunta, la Policía confirmó que mató a dos cocaleros “en defensa propia”, cuando éstos estaban en posesión de armas de fuego. En el velorio de los fallecidos los productores acusaron de “asesinato” al presidente Evo Morales y al ministro de Gobierno, Carlos Romero y exigieron el inmediato esclarecimiento del violento hecho. Por los hechos el máximo dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, fue aprehendido acusado de ser el autor intelectual de la emboscada en La Asunta.

EL RESPALDO AL PROCESO DE CAMBIO

4 de noviembre, Potosí

“Presidente, todo el apoyo de más de 37.000 hombres de la Policía Boliviana a este proceso de cambio, que es histórico y que tenemos que apoyar con la verdad y no con la mentira”, fueron las palabras del comandante de la Policía, general Faustino Mendoza, que generaron una ola de críticas por considerarse como una transgresión a la Constitución Política del Estado (CPE). La autoridad fue cuestionada por efectivos del servicio activo y pasivo, por legisladores de la oposición y también del oficialismo. Varios solicitaron un proceso disciplinario contra Mendoza y recordaron el caso del coronel David Flores que afronta un proceso discilinario interno por aparecer en un spot del 21F.

VIGILANCIA A PERIODISTAS Y POLÍTICOS

27 de noviembre

Un audio difundido en grupos de WhatsApp reveló que la Policía realiza vigilancia y seguimiento en redes sociales a opositores y periodistas que tienen influencia pública. Para este fin se cuentan con 84 unidades a nivel nacional cuya labor es “dar una buena imagen del Gobierno”. El comandante de la Policía boliviana, Faustino Mendoza, confirmó que la institución del verde olivo hace este seguimiento pero que el audio difundido fue “editado y manipulado” y aseguró que el uso de las redes sociales es en la lucha contra el delito y la inseguridad ciudadana. Los periodistas que fueron nombrados en la grabación denunciaron persecución y pidieron garantías para su trabajo. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió dar con los responsables de la filtración.